Le dio libertad de acción a cada gremio para que defina el cese de tareas y pueda movilizar el miércoles 11 de febrero al Congreso, cuando se debata el proyecto libertario.
Después de semanas de idas y vueltas, el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a una movilización frente al Congreso para el miércoles en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo. Sin embargo, al contrario de lo que pedían varios sindicatos que la integran, decidió no hacer un paro general y esperar la evolución del debate, que primero pasará por el Senado y después por Diputados. “Es una oportunidad perdida”, dijeron desde los gremios más combativos.
Pese a la presión de los sectores más duros, como la UOM y los del Transporte, que pedían un cese de tareas de al menos 12 horas, la central obrera descartó formalmente el llamado a un paro general. La decisión se tomó ayer en una reunión del Consejo Directivo y le da «libertad de acción» a cada sindicato para determinar si harán un paro para que los afiliados lleguen hasta el centro porteño.
A pesar de las críticas por la parsimonia a la hora de tomar medidas, el triunviro Jorge Sola aclaró que la CGT prefiere agotar las instancias de negociación con gobernadores y senadores antes de profundizar el plan de lucha. El titular del gremio de Seguros dijo que la solución es “política” más que gremial, y trasladó a los senadores nacionales la responsabilidad. «Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores», agregó.
Desde la conducción dialoguista, figuras como Héctor Daer y Gerardo Martínez apuestan a modificar artículos claves a través de la presión legislativa, evitando romper los puentes de diálogo con la Casa Rosada y gobernadores. Sin embargo, ese parece ser un camino cada vez más dificultoso. La semana pasada Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba, suspendieron una reunión con los secretarios generales de la CGT evidenciando el poco interés en unificar caminos.
La central obrera también convocó a concentraciones frente a las casas de gobierno de las distintas provincias en la Ciudad de Buenos Aires para que el reclamo llegue a los gobernadores.
Duras críticas desde el ala combativa
La falta de una medida de fuerza nacional no cayó bien en una parte importante del sindicalismo, que ya inició un plan de lucha esta semana en Córdoba, donde se movilizaron 60 gremios, y seguirá por otras provincias del país. Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, fue uno de los más críticos al calificar la decisión como una «oportunidad perdida».
“Los trabajadores estamos marchando directo al matadero. La postura dialoguista de algunos dirigentes puede llevarnos a la extinción”, disparó Aguiar, quien cuestionó la falta de coherencia tras el paro realizado contra el DNU70. Por su parte, el líder de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que la estrategia de negociación «no funcionó» y exigió una respuesta más contundente ante lo que consideran una «flexibilización sin precedentes».
Mientras tanto, el oficialismo, con Diego Santilli y Patricia Bullrich a la cabeza de las negociaciones, confía en obtener la media sanción en el Senado. La moneda está en el aire y la calle volverá a ser, una vez más, el termómetro de la tensión política en Argentina.
MN
