Gabriel Esterelles renunció el sábado a la dirección general de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo técnico que calcula el costo fiscal de los proyectos de ley y audita la ejecución presupuestaria del Estado. Alegó «motivos personales«, pero su salida llegó apenas dos días después de recibir un informe de auditoría de 67 páginas que cuestionó de punta a punta la gestión administrativa, financiera y patrimonial del organismo, y a horas de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) que controla LLA se reuniera este lunes para definir su reorganización.
La Oficina de Presupuesto del Congreso fue creada en 2016 con una misión puntual: darle al Congreso una mirada técnica e independiente sobre las cuentas públicas. Hasta entonces las dos cámaras carecían de este instrumento frente al Poder Ejecutivo. El 16 de agosto de 2023 quedó en manos de Esterelles por cinco años, de acuerdo a la ley que creó el organismo. Junto a él lo acompañaron Martín López Amorós como director de Análisis Fiscal Tributario y Joel Vaisman como titular de la Dirección de Sostenibilidad de la Deuda Pública. El equipo se completa con María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont que conduce el sector encargado de Estudios, Análisis y Evaluación de la OPC. Los cuatro llegaron a sus puestos después de un «concurso público de oposición y antecedentes, que ubicó a cada uno como primero en el orden de mérito», según explica la OPC en su web. El mecanismo «fue llevado a cabo por la Comisión de Supervisión Parlamentaria, conformada por integrantes del oficialismo y oposición, con la participación de entidades técnicas y académicas independientes».
En la práctica, es la oficina a la que recurre cualquier legislador, de cualquier bloque, antes de presentar un proyecto de ley: si un diputado quiere subir una jubilación, ampliar una pensión o bajar un impuesto, es la OPC la que le dice cuánto cuesta esa medida y de dónde debería salir la plata. También analiza en detalle el proyecto de Presupuesto que manda cada año el Ejecutivo y revisa su ejecución real mes a mes. Sus informes no son vinculantes, pero funcionan como la referencia técnica más citada en cualquier debate presupuestario, y en más de una ocasión llegaron incluso a la Justicia: en marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal citó estimaciones de la OPC para ordenarle al Poder Ejecutivo cumplir «de inmediato» con la Ley de Financiamiento Universitario.
Por qué le molesta la OPC al oficialismo
El trasfondo político de esta ofensiva no es nuevo. Desde junio, la comisión bicameral —presidida por el senador libertario Agustín Monteverde, con el diputado Bertie Benegas Lynch como vicepresidente— había resuelto que las áreas técnicas de la OPC ya no puedan elaborar informes extraordinarios sin autorización previa, lo que acotó su capacidad de responder pedidos urgentes de legisladores. Esa restricción llegó después de que el organismo publicara estimaciones que contradijeron los números que el Poder Ejecutivo usó para cuestionar proyectos sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario, calculando en cada caso un costo fiscal inferior al que difundía el Gobierno.
La propia comisión le encomendó además a la OPC «reformular» su Plan de Trabajo Anual 2026, dejándola de hecho sin plan de trabajo vigente. En los pasillos del Congreso circula, además, un dato que profundiza el malestar: el actual secretario de Hacienda, Carlos Guberman, integró la OPC como uno de sus cuatro directores en 2018.
Qué encontró la auditoría
El informe, firmado el 24 de agosto por la directora de Auditoría Interna de Diputados, María Victoria Champomier, concluye que la OPC «presenta un escenario de debilidad estructural y deficiencia reglamentaria transversal» y que «la validez de sus actos y el resguardo de los recursos públicos se encuentran comprometidos por una cultura organizacional que ha priorizado la discrecionalidad operativa por sobre el cumplimiento estricto del bloque de legalidad pública«. Entre los ejes centrales, apunta a un «quiebre del control de tutela parlamentaria» por la falta de aprobación formal de los planes operativos y memorias institucionales por parte de la propia CSP; señala que la puesta en marcha de un Servicio Administrativo Financiero propio (el SAF 369) en 2021 nunca estuvo acompañada de una estructura de control adecuada; y cuestiona la creación, en 2018, de un Fondo Especial de Reserva por decisión exclusiva del entonces director general, sin intervención de la CSP ni de las presidencias de ambas cámaras, con el que se habría financiado la compra de un vehículo oficial y obras de remodelación. Sobre ese vehículo, adquirido a la firma Roycan S.A. tras un primer llamado desierto, la auditoría detectó que varios actos administrativos exigidos se instrumentaron mediante simples notas, y que los registros de viaje carecían de odómetro y horarios. En materia de personal, constató doce contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios y obra vigentes desde 2023, varias de ellas ejerciendo de hecho funciones de analistas que deberían cubrirse por concurso.
Esterelles presentó su descargo el 26 de agosto, dentro de las 48 horas que la propia CSP le había dado desde que recibió el informe. Dejó constancia de que ese plazo «no resulta razonable» y devolvió buena parte de las críticas: sostuvo que, durante gran parte del período auditado, la propia CSP «no verificó una actividad regular» para tratar planes de trabajo, memorias institucionales o cuestiones de personal, y que varias de esas materias «fueron puestas oportunamente en conocimiento de la CSP, sin que se produjeran las decisiones o definiciones necesarias para su resolución«. Cerró con una reflexión sobre la «compatibilidad entre el objetivo de la OPC de alcanzar los estándares de independencia técnica» y las «limitaciones de subordinación jerárquica y autonomía técnica acotada» a instituciones «altamente politizadas».
Una reunión sin quórum, a puertas cerradas
La comisión bicameral se reunió este lunes a las 11.30, convocada a último momento y sin transmisión oficial. El peronismo decidió no participar «para no legitimar una reunión oscura», por lo que el encuentro terminó sin quórum y solo se definieron cargos interinos.
El oficialismo intentó de todos modos mantenerlo a puertas cerradas, con periodistas afuera y resistencia incluso al ingreso de algunos legisladores. El reemplazo de Esterelles, que todavía tenía dos años de mandato por delante, deberá salir de un concurso público; mientras tanto quedó a cargo María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue el primero en denunciar lo ocurrido: «Tomaron por asalto la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y la están desmantelando. Sus actividades ya no son públicas», escribió en X, dirigido al presidente de Diputados, Martín Menem.
La discusión llega, además, en un momento particularmente sensible: según el informe de agosto de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, la insatisfacción con el rumbo del país llega al 69%, uno de los peores registros desde que asumió Milei, mientras el Presupuesto 2027 debe ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre con varios gobernadores reclamando obras y financiamiento a cambio de sus votos.
JD/CM
