La Argentina sufrió un nuevo revés en los tribunales internacionales. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazó la apelación presentada por el Estado en el litigio impulsado por Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y dejó firme una condena que, con intereses acumulados desde 2017, asciende a más de US$ 390 millones. La decisión representa un nuevo golpe para las cuentas públicas y abre la puerta a que el fondo avance sobre activos argentinos en el exterior para intentar cobrar la indemnización.
La resolución judicial llega en un momento incómodo para el Gobierno de Javier Milei. Mientras la Casa Rosada sostiene que el ajuste del gasto y el superávit fiscal son los pilares de su programa económico, el fallo incorpora una obligación millonaria que deberá afrontar el Estado. Aunque el origen del litigio se remonta a la reestatización de Aerolíneas Argentinas en 2008, la administración libertaria deberá gestionar sus consecuencias y definir si negocia el pago o enfrenta el riesgo de embargos.
El caso tiene su origen en la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La entonces controlante, el grupo español Marsans, reclamó que la compensación recibida era insuficiente y llevó el conflicto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial. En 2017, ese organismo ordenó una indemnización superior a US$ 320 millones, que con el paso de los años creció por la acumulación de intereses.
Los derechos para litigar fueron cambiando de manos. Primero fueron adquiridos por Burford Capital, el mismo fondo que logró una histórica sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF, y posteriormente quedaron en poder de Titan Consortium. Estos fondos compran litigios con la expectativa de obtener ganancias mediante la ejecución de fallos contra Estados soberanos.
La decisión judicial también reactiva otro frente delicado para el país. El expediente de la empresa italiana Webuild, que permanecía suspendido a la espera de esta definición, volverá a avanzar. Esto significa que la Argentina podría enfrentar nuevas presiones judiciales en el exterior mientras todavía intenta resolver otros litigios multimillonarios.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión de la Corte de Apelaciones deja al Estado con pocas alternativas. Si no demuestra voluntad de negociar, Titan Consortium podrá avanzar con pedidos para identificar activos argentinos en distintas jurisdicciones estadounidenses y solicitar medidas de ejecución para cobrar la deuda. El antecedente de otros litigios internacionales demuestra que estos procesos pueden prolongarse durante años, pero también que el costo financiero aumenta con cada demora.
El fallo también expone una contradicción que la oposición ya comenzó a señalar. El Gobierno justificó el recorte de partidas para jubilaciones, universidades, ciencia, obra pública y programas sociales con el argumento de ordenar las cuentas del Estado. Sin embargo, las condenas internacionales obligan igualmente a desembolsar cientos de millones de dólares, reduciendo el margen fiscal que la administración busca preservar.
Asimismo, la paradoja del caso es que llega cuando Aerolíneas Argentinas muestra una situación económica muy diferente a la que motivó la controversia. El monto de la condena equivale a más de tres veces la ganancia operativa que Aerolíneas Argentinas informó para todo 2025, de US$ 112,7 millones. También representa recursos suficientes para financiar durante un año programas sociales, reforzar partidas para universidades nacionales, ampliar inversiones en hospitales públicos o ejecutar obras de infraestructura educativa en distintas provincias. La cifra tiene además peso político.
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