Después de casi doce horas de debate y una negociación que se extendió hasta la madrugada, el Senado le dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada por 37 votos a favor y 33 en contra. Pero el oficialismo llegó a ese resultado con un costo alto: minutos antes de la votación, tuvo que retirar un segundo capítulo completo, el de manejo del fuego, después de haber cedido el día anterior con el de tierras rurales. De los seis capítulos originales, solo sobrevivieron cuatro: expropiaciones, desalojos, un tramo menor sobre agricultura familiar y el Registro de la Propiedad Inmueble.
La lectura principal que se hizo desde los pasillos del Senado fue una muestra de vulnerabilidad del Gobierno frente a lo que viene: negociaciones por otras importantes reformas y las que tienen que ver con el futuro electoral del 2027. Se eliminó del proyecto el corazón de la ley de Sturzenegger después de 18 versiones distintas del proyecto, cuatro fracasos previos en el recinto y meses de negociaciones desde que se obtuvo dictamen en comisión.
El retiro del capítulo de manejo del fuego no sorprendió: con el correr de la tarde se fueron confirmando los votos negativos de los dos senadores misioneros, los dos santacruceños, Alejandra Vigo, Flavia Royón, Beatriz Ávila, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Edith Terenzi, y ante ese número Bullrich decidió, otra vez, pegar el volantazo. Lo anunció el miembro informante Agustín Coto apenas antes de la votación, lo que llevó a José Mayans a sugerirle entre risas «que retire la ley por completo».
En la votación en general, LLA sumó a todo el bloque de la UCR, todo el PRO, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y a la propia Terenzi. Se opusieron el interbloque peronista completo, Convicción Federal, las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. En la votación en particular, el Capítulo I (expropiaciones) se aprobó 37 a 33; el Capítulo II (desalojos) salió 36 a 33 con la abstención de Terenzi; y los capítulos remanentes se aprobaron con el mismo margen. Al cierre, se facultó a la Secretaría Parlamentaria a renumerar todo el texto por la eliminación de los capítulos III y IV.
Incidentes graves afuera del Congreso
Mientras el recinto debatía, en las inmediaciones del Congreso se vivió una jornada de alta tensión. Con el Palacio Legislativo completamente vallado y bajo un fuerte operativo de fuerzas federales, columnas de la CGT, las dos CTA, la UTEP, movimientos piqueteros y organizaciones sociales y ambientales se concentraron bajo la lluvia con la consigna «La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja».
Por la tarde, cuando las fuerzas de seguridad avanzaron para dispersar a los manifestantes, se generaron incidentes graves con destrozos y al menos una docena de detenidos. Desde el recinto, el camporista Eduardo «Wado» De Pedro repudió la represión: «Es de una cobardía muy pocas veces vista». La protesta tuvo réplicas simultáneas en más de una decena de ciudades del país.
Los cruces más filosos del debate
José Mayans había arrancado la sesión con una moción para devolver el proyecto a comisión, rechazada por 38 a 31, y cerró horas después con una de sus intervenciones más duras: acusó a Milei y a Karina de «robarse los bienes del Estado» y lanzó una advertencia directa: «Inténtelo de nuevo y yo creo que se cae el Gobierno«.
La senadora santacruceña Alicia Kirchner definió al proyecto como «el cementerio de las instituciones» y agradeció «al pueblo que puso un límite y a los gobernadores que supieron entenderlo». Por su parte, el chaqueño Jorge Capitanich invocó la Constitución y la doctrina social de la Iglesia para acusar al oficialismo de usar el Estado «para satisfacer intereses personales y corporativos», en una alusión indirecta al caso de Joaquín Benegas Lynch. El riojano Fernando Rejal advirtió que «Argentina está de remate» pese a tener «la segunda reserva de gas no convencional» y «el 20% del litio mundial». Y la cordobesa Alejandra Vigo fue categórica al cierre: «Ha quedado en la nada, esta iniciativa que van a terminar votando es un verdadero mamarracho».
Uno de los cruces más picantes quedó entre el santacruceño José María Carambia y Benegas Lynch, después de que este último calificara a los aliados dudosos de «tibios del medio» al arrancar la sesión: Carambia le exigió disculpas públicas por «la falta de respeto para con los partidos provinciales». Del otro lado, la libertaria Nadia Márquez defendió el capítulo de desalojos con el caso de una vecina neuquina que desde 2012 no puede recuperar tierras usurpadas por grupos mapuches, y cruzó al gobernador riojano Ricardo Quintela por calificarlo de «desorbitado» tras sus dichos sobre expropiar «lo que sea necesario».
Patricia Bullrich cerró el debate ya en la madrugada, defendiendo los capítulos que sobrevivieron con cifras concretas: 1.194 juicios de desalojo en la Ciudad en 2025, 816 expedientes judiciales activos por expropiaciones con hasta 17 años de demora para cobrar. Sobre las bajas del proyecto, fue autocrítica en el tono, no en el fondo: «Se discute, porque hay democracia, porque el Congreso no es una escribanía (…) por eso decidimos retirar el capítulo de Tierras».
En medio de tanta tensión, hubo lugar también para un blooper. El santiagueño Gerardo Zamora, en su discurso de cierre, leyó en voz alta un artículo del dictamen que, por un error de copiado y pegado, establecía que la reforma a la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble comenzaría a regir «el 1° de julio de 1968». «Lo felicito al que hizo esto, el corte y pegue…», ironizó, entre las risas de la oposición, en un cierre que resume bastante bien el clima de una ley que llegó a esta sesión con dieciocho versiones distintas y terminó aprobándose con menos de la mitad de lo que el Gobierno había soñado en mayo.
JD/CM
