El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reveló que el Gobierno utilizó agentes de inteligencia artificial para analizar y proponer modificaciones a una extensa normativa que regula las condiciones sanitarias y el funcionamiento de frigoríficos y establecimientos dedicados a la producción de alimentos de origen animal. El procedimiento permitió revisar más de 3.000 artículos en apenas un día, aunque abrió interrogantes sobre el alcance de la intervención humana en decisiones de Estado con consecuencias sobre la sanidad alimentaria y la actividad agroindustrial.
El funcionario explicó que el trabajo se realizó sobre el Decreto 4238/1968, una disposición aprobada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que desde hace casi seis décadas establece las condiciones higiénico-sanitarias para la elaboración e industrialización de carnes y otros productos de origen animal. La norma contempla requisitos para frigoríficos, mataderos y establecimientos procesadores, además de disposiciones vinculadas con el transporte, el embalaje, el rotulado y el control de los alimentos.
Según el relato de Sturzenegger, el equipo del Ministerio de Desregulación diseñó un procedimiento que involucró inicialmente a tres agentes de inteligencia artificial, a los que se les proporcionaron cuatro principios centrales para evaluar cada artículo de manera independiente. A ese esquema se incorporó un cuarto agente, encargado de comparar las disposiciones argentinas con las prácticas regulatorias vigentes en Estados Unidos y Europa.
El mecanismo contemplaba que los agentes analizaran las propuestas y votaran las modificaciones sugeridas. Cuando no alcanzaban un acuerdo unánime, se incorporaban otros tres agentes y la decisión se resolvía por mayoría entre los siete. El objetivo era identificar disposiciones que pudieran modificarse o eliminarse, fundamentar cada recomendación y elaborar una nueva redacción para los artículos alcanzados.
Sturzenegger destacó la velocidad del procedimiento y aseguró que el análisis de los miles de artículos se completó en una jornada, una tarea que, mediante los mecanismos administrativos tradicionales, podría haber demandado varios meses. De todos modos, aclaró que las propuestas elaboradas por la inteligencia artificial deben atravesar una instancia de revisión y validación humana antes de convertirse en modificaciones normativas.
La experiencia fue difundida también por la cartera que conduce el funcionario a través de sus redes sociales, donde resumió el procedimiento con una referencia a la antigüedad y la extensión de la regulación: un decreto de Onganía, 3.000 artículos y agentes de inteligencia artificial.
El episodio se inscribe en una estrategia más amplia del ministro para incorporar estas herramientas al funcionamiento del Estado y acelerar el proceso de desregulación. A comienzos de octubre, Sturzenegger ya había contado que su equipo había sumado a Claude —un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, al que apodó “Claudio”— para analizar normas, detectar obstáculos regulatorios y agilizar la elaboración de reformas. En aquella oportunidad, sostuvo que la tecnología podía multiplicar considerablemente la capacidad de trabajo de los equipos técnicos.
Sin embargo, la revisión del Decreto 4238/1968 presenta particularidades que exceden la simplificación de trámites administrativos. Se trata de una regulación que incide directamente sobre la industria cárnica y otras actividades vinculadas con la producción animal, con disposiciones que alcanzan la higiene de los establecimientos, los procesos de elaboración, la conservación de los productos y el bienestar animal.
La norma original fue firmada el 19 de julio de 1968 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de agosto de ese año. Desde entonces recibió numerosas modificaciones, incorporaciones y derogaciones para adaptarse a los cambios tecnológicos, científicos e industriales. Sus capítulos abarcan, entre otros aspectos, los mataderos de aves, los huevos, los productos de la pesca, las buenas prácticas de fabricación y los procedimientos operativos estandarizados.
De hecho, el propio reglamento contemplaba la necesidad de actualizar sus disposiciones de acuerdo con la evolución de la actividad. Por eso, la revisión de una normativa con casi 60 años de vigencia no constituye una novedad en sí misma. La particularidad está en la metodología elegida por el Gobierno para llevarla adelante y en el peso que se les asignó a los sistemas de inteligencia artificial en la elaboración de las propuestas.
Así, mientras Sturzenegger presenta la inteligencia artificial como una herramienta para acelerar la transformación del Estado, la revisión de una de las principales regulaciones sanitarias del sector agropecuario deja planteado un interrogante: hasta dónde puede avanzar una máquina en la reformulación de normas que no solamente ordenan procedimientos, sino que también establecen garantías para los consumidores y condiciones de funcionamiento para una industria estratégica de la Argentina.
AL/CM
