El Gobierno encabezado por Javier Milei hizo de la vigilancia una de sus políticas centrales. Desde diciembre de 2023, de forma casi artesanal, modificó y amplió la normativa en materia de Seguridad e Inteligencia hasta construir una nueva capacidad institucional para el monitoreo de la protesta social y el espacio digital. La reforma no fue al unísono, se publicaron cataratas de resoluciones y decretos que, a pesar de atentar contra las libertades individuales, no fueron discutidas en el Congreso.
Mientras la voz del Presidente resonaba con la remanida frase “no hay plata”, desembolsaba más de 1.2 millones de dólares del presupuesto para dotar esas políticas –y a las empresas privadas involucradas, como Clearview IA.
Esto, mientras por medio de la Decisión Administrativa 20/2026 de Jefatura de Gabinete, publicada en mayo pasado, “readecuaba” el presupuesto para quitarle $ 20 mil millones al programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica; rebajar $25 mil millones del programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud y eliminar $5 mil millones al programa de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer. En total, la cartera de Salud tuvo una reducción de $63.021 millones, mientras que la Secretaría de Educación sufrió una quita presupuestaria de $78.711 millones.
Para no quedarse atrás, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri hacía lo propio e invertía en compras y contrataciones para expandir la videovigilancia en las zonas que son epicentro de movilizaciones, con una inversión de casi 48 millones de dólares.
Estos datos fueron revelados por Amnistía Internacional durante la presentación del informe “Estado de vigilancia. La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina”. La organización contactó a las autoridades del Gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires para buscar respuestas sobre los hallazgos de la investigación. También a la empresa Clearview IA. Sin embargo, a la fecha de su publicación, no obtuvo ninguna respuesta.
En un contexto de grave crisis económica y social, donde la violencia institucional y la represión de la protesta social se profundizan, el informe de Amnistía viene a poner la lupa sobre la emergencia de un Estado de vigilancia para plantear que la etapa que vive el país se enmarca en un verdadero tecnoutoritarismo.
Una arquitectura normativa para los servicios de inteligencia
Entre las grandes reformas institucionales impulsadas como catarata por esta gestión de gobierno se encuentra el Decreto 941/25 que reformó el Sistema de Inteligencia Nacional. Paola García Rey, abogada y directora adjunta de Amnistía, dijo al respecto que “El elemento secreto (de la política nacional de Inteligencia) que antes era excepcional se invierte, se transforma en regla. Se habilita el intercambio de datos personales (de la ciudadanía) entre agencias del estado sin el consentimiento de las personas, además de la ampliación para que ese traslado de información se dé también con las agencias extranjeras”.
El mencionado decreto también crea la Agencia Federal de Ciberinteligencia, el órgano responsable de “la producción de Inteligencia Nacional sobre actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas que se desarrollen en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico y puedan afectar la seguridad nacional, las infraestructuras críticas digitales, el patrimonio del Estado Nacional, la soberanía tecnológica y/o la integridad de la información pública y privada” (según el artículo 9). Un objeto demasiado amplio y demasiado difuso.
El impacto de este decreto debe interpretarse a la luz de otra gran reforma, la del estatuto de la Policía Federal Argentina (Decreto N° 383/25). A partir de su publicación, la PFA queda habilitada para monitorear las redes sociales y fuentes digitales abiertas (OSINT), incluso se aprueba el protocolo de ciberpatrullaje (Resolución 428/24) y por medio de la Resolución 828/25 del Ministerio de Seguridad, el Estado habilita el uso de agentes encubiertos en los entornos digitales, “lo cual genera un efecto inhibidor en la población”, señaló García Rey.
Es decir, hay un impacto concreto en la vida de las personas, que modifican su conducta a la hora de decidir si participarán o no en una protesta, de qué manera lo harán, así como la expresión de sus ideas en las redes sociales.
La vigilancia estatal argentina sumó, además, otra herramienta por medio de la Resolución 710/24: la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad. García Rey advierte que “se avanza con la seguridad como emblema” pero en una opacidad absoluta: a pesar de los numerosos pedidos de acceso a la información pública presentados por la organización, no se conocen –ni las autoridades informaron– mayores precisiones acerca del funcionamiento, estructura y organigrama de estas nuevas unidades de inteligencia.
El informe de Amnistía señaló que, en el plano operativo, el Gobierno estableció otros instrumentos clave como el “Protocolo Antipiquetes”, que habilita la intervención de fuerzas federales en protestas sin orden judicial y promueve la identificación, registro y sistematización de información sobre manifestantes, organizaciones y vehículos.
En su conjunto, estas medidas configuran la expansión de capacidades estatales de monitoreo, la incorporación de tecnologías avanzadas y la ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas robustos, en un contexto de crecientes acciones estatales autoritarias orientadas al control y la disuasión de la protesta.
Las tecnologías que utiliza el Estado argentino
“La tecnología no puede analizarse de manera aislada, estos datos impactan en el espacio cívico”, expresó durante la presentación Matt Mahmoudi, investigador de la Universidad de Cambridge y asesor de Amnistía sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.
El especialista se refirió a las categorías de tecnología utilizadas por el Estado argentino para la vigilancia. “Las OSINT, información de fuentes abiertas en su sigla en inglés, se usan para monitorear las redes sociales. Son herramientas para cruzar y visibilizar información de la web, dark web y sitios públicos. Se pueden generar perfiles digitales y relacionarlos con otras personas, reconstruir movimientos y redes de personas incluso en tiempo real”.
Mahmoudi alertó sobre la ausencia de límites para su funcionamiento: lo disponible en Internet se transforma en una gran base de datos “y esto es vigilancia masiva. Se procesan los datos a escala automatizada, sin control judicial y sin consentimiento, en contra de personas que no son sospechosas de ningún delito”, explicó.
Advirtió, asimismo, sobre el uso de software de reconocimiento facial en tiempo real o en forma retrospectiva (ex post), es decir, cuando ya sucedió un supuesto hecho delictivo. “Las automatizaciones reconocen una identidad en una base de datos masiva. Ese reconocimiento masivo va en contra de la propiedad individual y es incompatible con el derecho a la intimidad”, aseguró.
Las empresas que se nutren de la vigilancia
En la ciudad de Buenos Aires, el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que utilizaba las imágenes de las cámaras de videovigilancia en el espacio público, fue suspendido judicialmente en 2022 tras una acción judicial de ODIA y CELS.
Sin embargo, resulta llamativo que tanto Nación como GCBA han invertido millones de dólares en la compra de software a la empresa Clearview IA, que ya fue sancionada por organismos de control de otros países, como Estados Unidos. “La empresa hace inobservancia del derecho a la intimidad. Se jacta de tener una base de datos de 30 mil millones de personas con imágenes obtenidas sin su consentimiento. Ya ha violado el derecho a la intimidad y esto no se puede tolerar. Entonces, esta contratación (por parte del Gobierno argentino) es un desprecio hacia los derechos porque quienes la contratan tienen que saber que es un alto riesgo”, expresó el especialista.
Si bien en la CABA hay una suspensión judicial del software de reconocimiento facial, la PFA reconoció a Amnistía que utilizan el reconocimiento ex post. Asimismo, del análisis de la información pública realizado por Amnistía, surge una fuerte inversión del gobierno local en ampliar la videovigilancia con cámaras y drones de alta gama. Esas imágenes de la densa red CCTV construida –y casualmente reforzada en la zona de Congreso y alrededores– son el insumo necesario para, precisamente, utilizar el reconocimiento facial.
“Uno va a una marcha, sale en las imágenes y se lo mapea con familiares y amigos. Se sabe con quién está en la manifestación. Ningún Estado, con la excusa de garantizar la seguridad, puede establecer cuál es nuestra intención de marchar, o sea, no puede presumir que marchar implica una intención de cometer un delito. Es legítimo el derecho de marchar”, expresó Mahmoudi.
Además de Clearview IA, otras empresas que contrató el Estado nacional y local fueron Maltego -una plataforma integral de investigación OSINT–, DJI –de fabricación de drones y sistemas aéreos- y NOSIS –que recopila, procesa y comercializa información crediticia, comercial y patrimonial de personas y empresas.
Videovigilancia, una excusa recaudatoria
La información publicada por Amnistía sobre los miles de dólares destinados tanto por Nación como GCBA a vigilancia e inteligencia no resultó sorpresiva para algunos referentes en la materia. La exministra de Seguridad Sabina Frederic dijo a La Pluma Diario que “el mundo y las políticas de la seguridad se mueven por los negocios. Y la compra de videovigilancia es un recurso para hacer caja”.
La exministra aseguró que la gran cantidad de compras y contrataciones de insumos tecnológicos para este fin fortalece el criterio de la saturación policial. “Fortalece una idea de que es necesario un policía por cuadra, aun cuando ya no se pueden pagar más sueldos. Entonces, esto es un recurso para dar la idea del panóptico, de que está todo vigilado y, entonces, hay control sobre la situación. Pero además es un movimiento que se produce en la necesidad de dinero, de que haya cajas de retorno y la tecnología es una vía”, expresó.
Para Frederic, la inversión podría destinarse a contratar y capacitar mejor al personal, incluso a quienes desarrollan las tareas de investigación. “Seguramente hace falta un software que permita analizar datos financieros, por ejemplo, pero se ve que no hay interés en ir por ese tipo de delitos”, señaló.
La exministra advirtió como preocupante la ausencia de organismos de control sobre el manejo de las áreas de inteligencia en relación a la información de redes sociales y fuentes abiertas. “Esta información puede ser útil cuando es parte de una causa judicial y hay un juez que ordena cierto tipo de análisis. Pero acá no se sabe bien quién y para qué se usa, aunque uno sospeche para qué. Para la derecha, entonces, está siendo prescindible el papel de la justicia como contrapoder, en este aspecto”.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), tras una mirada al informe de Amnistía, aseguraron que existen tres grandes problemas estructurales cuya consecuencia es que la ciudadanía no tenga la certeza del uso legítimo de las tecnologías de vigilancia por parte del Estado.
Al respecto, el codirector ejecutivo de ACIJ Eduardo Ferreyra expresó a La Pluma Diario que el primero es “la falta de información pública suficiente sobre el alcance, el despliegue y la cantidad de tecnologías que adquirió el Estado argentino a nivel nacional o subnacional”, ya que del mismo informe mencionado surge que los datos disponibles no son suficientes. El segundo problema que señalaron es la ausencia de mecanismos y órganos de supervisión robustos y eficientes.
“Obviamente, existen comisiones legislativas para temas de inteligencia y una autoridad de protección de datos, pero en general, este tipo de organismos no cuentan con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes”, aseveró Ferreyra. Por último, el codirector señaló como tercer gran problema la inexistencia de evaluaciones de impacto en derechos por parte del Estado cuando intenta adquirir o desplegar las tecnologías.
Por otra parte, Matías Busso, abogado de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) —organismo que asiste a manifestantes durante las represiones policiales— expresó a La Pluma Diario que el informe de Amnistía es un aporte técnico que permitió confirmar la sospecha de la inversión del gobierno de Milei en la criminalización de la protesta social y la persecución de disidentes políticos.
“Vemos cómo se ha dado una ingeniería para perseguir a todo el que proteste contra las políticas de este gobierno, desde los presos por tuitear como Franco Oscari (detenido en Jujuy por un posteo contra Patricia Bullrich) hasta donde se hace en carne con las detenciones de Milton y Eneas por participar de las movilizaciones”, aseguró, en relación a dos militantes que permanecen detenidos tras la marcha contra la reforma laboral ocurrida el pasado 11 de febrero en el Congreso.
“Lo llamativo es que, mientras el Gobierno acrecienta la videovigilancia, cuando ocurren hechos graves en las movilizaciones o en distintos escenarios, somos las organizaciones sociales las que nos encargamos de identificar y de ver quién es el responsable. Es lo que está pasando con la articulación que es el Mapa de la Policía, que ha esclarecido los distintos hechos de lesiones graves ocurridas en contexto de protesta, por ejemplo, del fotógrafo Pablo Grillo, de Jonathan Navarro y Rodrigo Troncoso, que perdieron la visión (por disparos de las fuerzas de seguridad durante marchas)”.
Tampoco le llamó la atención que Jorge Macri haya destinado millones a videovigilancia, en un contexto en el que el jefe de Gobierno porteño se empeña en mostrarse en los medios vestido de fajina, en medio de operativos policiales. “Nosotros vemos cómo se despliega la represión sobre vendedores ambulantes, sobre trabajadoras sexuales, los procesos de desalojos y actualmente, también con mucha alarma, los megaoperativos que se producen en las villas, como fue el Tormenta Negra.
Se están dando cerca de uno o dos por semana. Llegan, clausuran comercios y lugares de reciclaje, le sacan las herramientas de trabajo a los recicladores, hay detenciones. Se está utilizando una herramienta represiva sobre el sector popular en la ciudad de Buenos Aires, sin discriminar el contexto. Y sobre las personas en situación de calle”, describió.
De esta manera, la idea de la videovigilancia —para Busso— tiene que ver con tener una ciudad de Buenos Aires para pocos. “Y expulsar a todos los sectores populares de la ciudad, tenerlos totalmente vigilados, que puedan ser identificados y criminalizados”, aseguró.
GF/VDM
