Se cumplen más de 24 horas desde que prácticos portuarios tomaron la decisión de suspender sus actividades por tiempo indeterminado. La medida paralizó buena parte de la operatoria de los puertos argentinos y comenzó a impactar sobre el comercio exterior, el abastecimiento de combustibles y proyectos estratégicos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). El paro surge a modo de rechazo al Decreto 690/2026, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.
Los prácticos, pilotos y baqueanos -encargados de asistir a los buques en las maniobras de ingreso y salida de puertos y canales- dejaron de aceptar nuevas asignaciones de trabajo, lo que provocó la interrupción de la actividad en terminales de todo el país. Según fuentes del sector, la carga de granos, combustibles y otras mercaderías quedó detenida, mientras crece la cantidad de embarcaciones a la espera de poder operar.
La preocupación también alcanzó al sector energético. La Cámara Argentina de Energía (CADE) advirtió que la indisponibilidad de prácticos interrumpió las operaciones en terminales clave como Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo. La entidad alertó que, de prolongarse el conflicto, podrían registrarse dificultades en el abastecimiento de combustibles.
Uno de los casos más sensibles involucra al proyecto Vaca Muerta Oil Sur. El buque White Marlin, que debía participar de tareas vinculadas a la construcción del oleoducto, permaneció fondeado sin poder ingresar al puerto por falta de un práctico. La obra, que supera el 75% de avance, es considerada estratégica para incrementar las exportaciones de petróleo, con una capacidad prevista de unos 390.000 barriles diarios hacia mediados de 2027.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca reducir el denominado «costo argentino» mediante una mayor competencia en el servicio de practicaje. El decreto crea un registro abierto de profesionales habilitados, elimina restricciones para el ingreso de nuevos prestadores, permite la contratación directa por parte de los usuarios y establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fijará tarifas máximas. Además, flexibiliza la operatoria y amplía las excepciones para determinados buques.
Los profesionales del sector rechazan esos cambios al considerar que ponen en riesgo la seguridad de la navegación y exigen la suspensión o derogación del decreto antes de iniciar cualquier negociación. En paralelo, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría Legal y Técnica intentaron abrir una mesa de diálogo, mientras la Prefectura Naval comenzó a intimar a los prácticos para que retomen sus tareas, al entender que el practicaje constituye un servicio público esencial.
El impacto económico podría profundizarse en las próximas horas. El Centro de Navegación (CNAV) informó que al menos 140 buques aguardaban la confirmación del servicio de practicaje y advirtió que algunas operaciones ya comenzaron a desviarse hacia los puertos de Montevideo y del sur de Brasil. La entidad alertó sobre pérdidas millonarias por incumplimientos contractuales, mayores costos logísticos y el riesgo de que Argentina pierda competitividad como plataforma para el comercio marítimo regional.
Prefectura intimó a 536 prácticos y advirtió sobre posibles sanciones penales
En medio del conflicto, la Prefectura Naval Argentina endureció su postura e intimó a 536 prácticos, pilotos y baqueanos a retomar de forma inmediata la prestación de los servicios de practicaje y pilotaje en puertos, ríos y canales de todo el país. La medida ya fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que el organismo se presenta como la autoridad responsable de aplicar el Decreto 690/2026.
La intimación advierte que quienes incumplan la orden podrán enfrentar sanciones disciplinarias previstas en la nueva normativa, además de eventuales consecuencias penales. En ese sentido, la Prefectura recordó que la interrupción del servicio podría encuadrarse en los artículos 190 y 194 del Código Penal, que contemplan penas de prisión por poner en riesgo la seguridad de la navegación o entorpecer el funcionamiento del transporte y de servicios públicos esenciales.
La decisión profundiza la tensión entre el Gobierno y los profesionales del sector, que mantienen su rechazo a la desregulación del practicaje y condicionan cualquier instancia de negociación a la suspensión o derogación del decreto impulsado por la administración de Javier Milei.
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