La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei con una durísima crítica a la compra de un avión militar para la Fuerza Aérea, una operación denunciada por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia. La polémica se desató tras una investigación periodística que reveló que el Estado habría pagado más de cuatro millones de dólares por una aeronave Embraer ERJ-140LR en malas condiciones, cuando modelos similares y en mejor estado cotizaban cerca de los 2,3 millones de dólares.
La reacción de Villarruel llegó a través de sus redes sociales, donde cuestionó abiertamente el procedimiento y apuntó contra los responsables de la operación. “Gravísimo, varios años atrás por mucho menos renunciaban todos los implicados”, escribió la titular del Senado, en un mensaje que también incluyó una crítica al deterioro salarial de las Fuerzas Armadas y a la crisis de la obra social militar IOSFA. “Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?”, agregó, en un mensaje interpretado como un nuevo golpe político interno contra la administración libertaria.
La compra bajo sospecha involucra a la Fuerza Aérea Argentina y, según la denuncia periodística, habría sido diseñada para evitar controles administrativos del Ministerio de Defensa. El presupuesto oficial se habría fijado apenas por debajo del límite que obliga a una revisión superior y el proceso licitatorio se resolvió en tiempo récord, favoreciendo a un único proveedor. Además, las inspecciones técnicas habrían detectado problemas de corrosión, fugas de aceite y desgaste severo en distintas partes de la aeronave. Entre los señalados aparecen exautoridades militares y funcionarios vinculados al área de logística y administración de la fuerza.
El episodio profundiza una interna política que desde hace meses enfrenta a Villarruel con el núcleo duro del oficialismo. La vicepresidenta mantiene una relación prácticamente rota con la Casa Rosada y especialmente con el entorno más cercano a Milei, que en reiteradas ocasiones la acusó de “traidora”. En las últimas semanas, la tensión escaló también contra el exministro de Defensa Luis Petri, a quien Villarruel responsabilizó por el deterioro de los salarios militares y el colapso financiero de la obra social castrense.
La vicepresidenta también protagonizó fuertes cruces públicos con dirigentes y militantes libertarios en redes sociales. Tras recibir cuestionamientos por sus críticas a la compra del avión, respondió que quienes defendían la operación eran parte de “la casta”. Días antes había calificado a Petri como un “playmobil” y tildado de “mamarracho” un proyecto impulsado por la ministra Patricia Bullrich. Las diferencias ya dejaron de ser rumores internos para convertirse en una disputa política abierta y cotidiana.
En paralelo, V también enfrenta conflictos judiciales y políticos dentro del propio universo libertario. Semanas atrás, la Justicia ratificó al juez Ariel Lijo en la causa iniciada por amenazas y hostigamiento contra la diputada Lilia Lemoine y varios usuarios libertarios de redes sociales. La vicepresidenta había denunciado una campaña sistemática de agresiones e intentó apartar al magistrado alegando “enemistad manifiesta”, aunque la Cámara Federal rechazó ese planteo.
AL/CM
