Bolivia atraviesa una de las crisis políticas y sociales más delicadas de los últimos años. A siete meses de haber asumido la presidencia, Rodrigo Paz Pereira enfrenta un escenario de protestas masivas, bloqueos de rutas y pedidos de renuncia impulsados por sindicatos, organizaciones campesinas y sectores que hasta hace pocos meses respaldaban a su gobierno. La tensión escaló especialmente en La Paz y El Alto, donde miles de manifestantes tomaron las calles en rechazo al deterioro económico y a las políticas neoliberales impulsadas por la nueva administración.
La Central Obrera Boliviana (COB), junto con cooperativas mineras y organizaciones campesinas, exige un aumento salarial del 20 por ciento y denuncia un fuerte deterioro del poder adquisitivo. A esto se suman reclamos por el desabastecimiento de combustibles, el aumento de impuestos para trabajadores informales y el temor a una avanzada privatizadora sobre sectores estratégicos de la economía. Las protestas derivaron en violentos enfrentamientos con la policía frente a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde manifestantes utilizaron petardos y cargas de dinamita para intentar romper los cercos de seguridad.
El conflicto social tiene además un fuerte trasfondo político. Paz Pereira llegó al poder prometiendo una gestión moderada, alejada tanto del modelo del Movimiento al Socialismo como de las recetas económicas más ortodoxas. Sin embargo, distintos sectores populares comenzaron a acusarlo de haber traicionado esas promesas electorales. La eliminación del impuesto a la riqueza, los contactos con el Fondo Monetario Internacional y los intentos de reformar el sistema de subsidios profundizaron el malestar entre sindicatos y movimientos sociales.
Uno de los detonantes más importantes fue la sanción de la ley 1.720, una reforma agraria que, según organizaciones indígenas y campesinas, favorecía la mercantilización de la tierra y debilitaba derechos históricos de las comunidades originarias. Aunque el gobierno decidió finalmente derogar la norma para intentar descomprimir la crisis, las protestas no se detuvieron. Por el contrario, el reclamo derivó rápidamente en un cuestionamiento más amplio al rumbo económico y político del gobierno.
La situación económica explica buena parte de la tensión actual. Bolivia atraviesa el agotamiento del modelo basado en la renta gasífera que durante años sostuvo el crecimiento económico y el gasto social. La caída de la producción de gas natural, la reducción de ingresos estatales y la falta de inversiones colocaron al país frente a una crisis estructural que el gobierno de Paz intenta enfrentar con medidas de ajuste gradual. Pero cada intento de reforma genera resistencia inmediata. En materia política, la oferta electoral estuvo condicionada con la inhabilitación a Evo Morales a participar de los comicios tras el gobierno de su delfín Luis Arce, del cual se enfrentó durante gran parte del mandato.
En ese contexto, el oficialismo denunció un intento de desestabilización política. El presidente boliviano acusó a sectores ligados a Evo Morales y al MAS de intentar “romper la democracia” mediante los bloqueos y las movilizaciones. El portavoz presidencial José Luis Gálvez incluso habló de un supuesto “plan macabro” financiado por el narcotráfico para desatar el caos institucional. Desde el entorno de Morales rechazan esas acusaciones y sostienen que las protestas responden exclusivamente al deterioro social y económico.
La crisis boliviana comenzó además a generar preocupación regional. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú emitieron una declaración conjunta en respaldo al gobierno constitucional de Bolivia y advirtieron sobre el impacto humanitario de los cortes de rutas y el desabastecimiento de alimentos. El gobierno argentino decidió incluso enviar un avión Lockheed C-130 Hercules para colaborar con el transporte de insumos básicos hacia las zonas más afectadas por el conflicto.
Mientras La Paz permanece parcialmente bloqueada y las negociaciones avanzan sin resultados concretos, el gobierno de Paz Pereira enfrenta un desafío decisivo para su supervivencia política.
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