Mientras la agenda pública se concentraba en analizar las consecuencias del golpe legislativo que implicó la caída de los capítulos de tierras y manejo del fuego para el Gobierno, LLA sostuvo, casi sin ruido, uno de los frentes en los que más avanzó en los últimos meses: la cobertura de vacantes judiciales. Este miércoles, la Comisión de Acuerdos del Senado dictaminó a favor de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, los dos candidatos propuestos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, el tribunal que puede terminar interviniendo en las causas $Libra, ANDIS y el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.
Los pliegos reunieron once firmas en comisión, más que suficientes para asegurar una mayoría en el recinto: Patricia Bullrich, Nadia Márquez, Juan Carlos Pagotto, Juan Carlos Godoy y Agustín Coto por LLA; Maximiliano Abad y Mariana Juri por la UCR; Oscar Arce (Misiones); Flavia Royón (Salta); y Sandra Mendoza y Carlos Espínola por Convicción Federal. El dato llamativo es que no firmaron la tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, que viene mostrando señales de distancia con el oficialismo, ni Martín Goerling Lara, del PRO, que tiene una particular interna en la rosca judicial de Milei, recordando, por ejemplo, la negativa ante la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema.
Lo raro es que Bertuzzi ya integra ese tribunal desde 2018, por un traslado que dispuso Mauricio Macri sin concurso previo, algo que el máximo tribunal de Justicia declaró inconstitucional aunque lo mantuvo en el cargo hasta que se hiciera un concurso público. A diferencia de su colega Leopoldo Bruglia, que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar ese proceso, Bertuzzi decidió presentarse al concurso, un gesto que Bullrich le agradeció públicamente en la audiencia: «Tomar la decisión de ir y hacer ese concurso y llegar a esta instancia demuestra un apego muy importante a las resoluciones de la Corte», señaló, según reconstruyó Clarín.
Yadarola, por su parte, es un viejo amigo del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y participó en 2022 del viaje a Lago Escondido a la residencia del empresario Joe Lewis, aunque esa denuncia ya había sido desestimada tanto por la Justicia como por el Consejo de la Magistratura.
El faltazo de UxP y los más de 200 pliegos
Unión por la Patria no participó del debate. Juliana Di Tullio, de vínculo directo con Cristina Kirchner, encabezó esa decisión del bloque. Sin el kirchnerismo en la sala, ninguna de las preguntas giró en torno al viaje a Lago Escondido de Yadarola ni a los cuestionamientos que el juez federal Germán Castelli había presentado por escrito contra ambos candidatos, centrados en el mecanismo de traslados dispuesto durante el macrismo. El radical Maximiliano Abad repitió el argumento que también usó Bullrich, respecto de que el rol del Senado es analizar los antecedentes y evaluar la idoneidad de los postulantes para el cargo, pero no convertirse en una nueva instancia judicial o disciplinaria sobre hechos que ya fueron tratados por los organismos competentes.
El caso de Bertuzzi y Yadarola es apenas la punta visible de una avanzada mucho más grande. Desde la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno elevó al Senado 203 pliegos judiciales: 144 candidatos a jueces, 26 fiscales, 25 defensores oficiales y cuatro listas de conjueces. Es, según la propia Casa Rosada, un récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. El argumento oficial, según relevó PERFIL, es estructural: alrededor del 36,5% de los cargos de la Justicia nacional y federal está vacante, lo que sostiene fueros enteros con subrogancias y suplencias.
La maquinaria no se detiene. Este jueves, en una cuarta tanda de audiencias, otros trece candidatos a juzgados porteños defendieron sus pliegos ante la misma comisión, entre ellos aspirantes a los fueros criminal, civil y comercial, además de postulantes a fiscalías y defensorías. El 18 de agosto se completará una nueva ronda hasta llegar a los 60 expedientes con dictamen, que el oficialismo pretende llevar a una sesión especial el 26 o 27 de agosto, la misma en la que buscará aprobar la Ley Hojarasca. Mahiques ya logró que el Senado apruebe más de 100 pliegos en lo que va del año y aspira a superar los 300 antes de que termine 2026. Entre los que sí generaron atención esa jornada estuvo el de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto del fuero laboral porteño y expárbitro del tribunal de apelaciones de la AFA, propuesto como juez de la Cámara de Apelaciones pese a su vínculo con Claudio «Chiqui» Tapia, hoy investigado por el manejo de la asociación de fútbol.
Asimismo, hay tres candidatos siguen sin conseguir dictamen pese a no haber recibido cuestionamientos en las audiencias públicas: Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, para la Cámara Penal Económico, y Juan Manuel Mejuto, con pasado en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, cuyo expediente no reunió ninguna firma.
Puertas afuera del recinto, el propio Esteban Bullrich, exsenador del PRO, planteó un pedido de fondo: «Que no se aprueben más pliegos de jueces hasta que el Consejo de la Magistratura apruebe el artículo 92 del reglamento propuesto por la Corte Suprema, estableciendo un límite objetivo al peso de la entrevista personal«, escribió en X, en referencia a una columna publicada en La Nación.
Su planteo no cuestiona la necesidad de cubrir las vacantes, sino el mecanismo: «No se trata de paralizar la Justicia», sino de evitar que la entrevista final deje «una puerta demasiado grande» a la discrecionalidad política en la selección de magistrados, uno de los objetivos que la reforma constitucional de 1994 había intentado neutralizar al crear el propio Consejo de la Magistratura.
JD/CM
