La crisis que atraviesa el sector de la discapacidad no para de agudizarse. Desde hoy, prestadores de todo el país suspenden la atención a pacientes. La medida afecta a profesionales de terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología y psicopedagogía, entre otras disciplinas, y se combina con una ola de movilizaciones que ya tiene antecedentes en varias provincias del país.
El conflicto se originó en un corte de la cadena de pagos que administra la Superintendencia de Servicios de Salud: el prestador factura a la obra social, ésta la presenta ante el organismo, que liquida a ARCA, y de ahí el dinero debería volver a la cuenta de discapacidad de cada obra social. Ese último tramo es el que quedó interrumpido.
El reclamo de fondo no es solo la demora, sino el desfasaje acumulado. Los prestadores sostienen que los aranceles vienen subiendo a un ritmo cercano al 1,2% mensual, mientras el atraso frente al costo real de las prestaciones ya ronda el 70%. Ese diferencial es el que motoriza buena parte del descontento de todo el sector.
En ese marco, el Gobierno oficializó esta semana un aumento del 2,1% para agosto a través de la Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Vilches, que reemplazó al 1,9% aplicado el mes anterior y se calculó sobre la inflación de julio informada por el INDEC. El sector lo considera insuficiente frente a la brecha acumulada.
Desde la Superintendencia atribuyeron la interrupción de los giros a una menor recaudación de ARCA, que nutre el Fondo Solidario de Redistribución con aportes de trabajadores en blanco y se vio afectada por la caída del empleo formal.
El conflicto tiene un antecedente judicial: en mayo, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, había ordenado a Incluir Salud y a PAMI normalizar la cadena de pagos en un plazo de 72 horas.
El Gobierno apeló esa medida, pero en junio el mismo juzgado dictó sentencia firme. Hizo lugar al amparo, ratificó la obligación del Estado de saldar la deuda y ordenó mantener los pagos al día. Pese al fallo firme, el incumplimiento sigue siendo desparejo: algunos prestadores ya redujeron el atraso a tres meses, y otros continúan sin cobrar desde diciembre del año pasado.
Esa orden, dictada en el marco de un amparo colectivo de alcance nacional vigente por seis meses, es la que ahora buscan hacer valer los propios prestadores. El jueves pasado se lanzó una convocatoria para que documenten las deudas pendientes de todo el país, mientras el Ministerio de Salud sostiene ante la Justicia que los fondos del sector están regularizados.
El miércoles, la oposición reunió 133 votos para incorporar al debate en la Cámara de Diputados la extensión de la emergencia en discapacidad, pero no logró la mayoría agravada necesaria. Ante ese resultado, los bloques opositores ya fijaron una sesión especial para el próximo 9 de septiembre, con la intención de retomar el tratamiento de la emergencia.
El malestar halla eco en distintos puntos del país. En Mar del Plata, la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión ya había marchado el jueves frente a la Municipalidad bajo la consigna «trabajamos, cumplimos, no cobramos», mientras en Neuquén y Córdoba profesionales del sector evalúan sumar sus propias acciones de protesta en los próximos días.
JL/CM
