El 20 de octubre, los abogados con matrícula federal de todo el país concurrirán a las urnas para elegir a los cuatro representantes del estamento de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. El mandato será por cuatro años y quienes resulten electos integrarán el organismo durante el período 2026-2030. La elección se realizará con distrito electoral único, por lo que la votación tendrá alcance nacional.
La particularidad de esta elección es que los cargos en disputa forman parte de un recambio mucho más amplio. Entre octubre y noviembre se renovará la mayoría de los integrantes del Consejo mediante distintos mecanismos: abogados y jueces elegirán directamente a sus representantes, los académicos tendrán un procedimiento específico y los ocho representantes del Congreso serán designados por las respectivas cámaras.
El Consejo tiene actualmente 20 integrantes y cumple un papel central en el funcionamiento de la Justicia nacional y federal. Entre sus atribuciones se encuentran la intervención en los concursos para cubrir vacantes de jueces, el ejercicio de facultades disciplinarias, la administración de recursos del Poder Judicial y la posibilidad de impulsar procedimientos de acusación contra magistrados. Por eso, la renovación de sus miembros tiene consecuencias que exceden a la propia comunidad jurídica.
Cuatro listas para cuatro lugares
El cierre de candidaturas dejó formalizadas cuatro listas para competir por las bancas correspondientes a los abogados: Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía por la Libertad, Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal. Las nóminas reúnen dirigentes de colegios profesionales, abogados con experiencia institucional y personas con antecedentes en la función pública.
Aunque formalmente se trata de una elección del estamento profesional, las listas están atravesadas por distintos vínculos políticos. En algunos casos existe una identificación explícita con determinados espacios partidarios y, en otros, los acuerdos aparecen vinculados a dirigentes de distintas fuerzas. Esta característica vuelve especialmente relevante observar no solamente quiénes integran las nóminas, sino también qué sectores confluyeron en su armado.
La disputa también refleja una característica histórica del Consejo: los representantes de los denominados estamentos técnicos —abogados, jueces y académicos— no quedan necesariamente aislados de las discusiones políticas que atraviesan al organismo. Los acuerdos y alineamientos entre consejeros pueden resultar determinantes para la conformación de mayorías en el Plenario.
Unidad en Defensa de la Abogacía
La lista Unidad en Defensa de la Abogacía lleva como primer candidato titular a Alberto Biglieri, abogado administrativista y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica. Biglieri también integró el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y tiene antecedentes en ámbitos académicos y de representación profesional.
La segunda candidata titular es Claudia Sarmiento, abogada de San Juan y actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial. La nómina se completa, entre los titulares, con Nazario Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.
Entre los suplentes aparecen dirigentes con trayectoria en colegios profesionales y en espacios vinculados a la actividad institucional de la abogacía, como Carlos Mas Vélez, Ana Silvia Ruiz O’Neill, Guillermo Martín Lipera y Carolina Andrea Grillo. La conformación de la lista reunió sectores que habían desarrollado negociaciones por separado antes del cierre de candidaturas.
Abogacía por la Libertad, la lista vinculada a La Libertad Avanza
Una de las principales novedades de la elección es la presentación de Abogacía por la Libertad, una nómina que tiene una vinculación directa con La Libertad Avanza.
La lista está encabezada por Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en ese distrito. Palomino fue subsecretario de Empleo de la Nación y estuvo a cargo de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. En 2025 también fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.
La segunda candidata titular es Valeria Fredes, quien durante la actual administración nacional se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y ocupó transitoriamente la conducción operativa del organismo.
Los otros dos candidatos titulares son Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael con trayectoria en instituciones profesionales, y Alicia María Susana Colazo, abogada matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La nómina de suplentes incorpora, entre otros, abogados y funcionarios vinculados a distintas áreas de la administración pública nacional y provincial.
La presencia de esta lista introduce de manera más visible al oficialismo nacional en una elección que históricamente estuvo dominada por agrupaciones profesionales y acuerdos entre distintos sectores de la abogacía.
Abogacía Unida y Dignidad Profesional
La tercera nómina es Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Su trayectoria está vinculada principalmente con el Derecho del Trabajo y con la representación institucional de los abogados.
El segundo candidato titular es Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
La lista se completa con Julia Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe. Entre sus suplentes aparecen representantes de colegios y cajas profesionales de distintas jurisdicciones.
El armado de esta nómina también estuvo relacionado con dirigentes del peronismo. Según la reconstrucción publicada por Infobae, uno de sus articuladores fue Juan Manuel Olmos, actual presidente de la Auditoría General de la Nación y ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño.
Abogacía Federal
La cuarta lista es Abogacía Federal, encabezada por Fernando Pablo Levene, abogado de La Plata y ex presidente del Colegio de Abogados de esa ciudad. Durante 2026 fue incorporado además a la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
La segunda candidata titular es Sandra Silvina París, también de La Plata. Actualmente ocupa la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y tiene antecedentes tanto legislativos como en el Consejo de la Magistratura bonaerense, donde representó a la Legislatura provincial.
Los otros dos candidatos titulares son Eduardo Daniel Awad, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y Myriam Beatriz Londero, abogada cordobesa con antecedentes en la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba.
De acuerdo con fuentes citadas en la cobertura de Infobae, la construcción de Abogacía Federal reunió a sectores relacionados con Maximiliano Abad, Diego Molea, Miguel Piedecasas y Martín Llaryora. La nómina incorpora además candidatos y suplentes con trayectoria en colegios profesionales, universidades, organismos públicos y ámbitos judiciales.
Una elección profesional atravesada por la política
La existencia de cuatro listas no implica simplemente una competencia entre distintas propuestas para la representación de los abogados. Detrás de las candidaturas aparecen acuerdos profesionales, estructuras de colegios y cajas de abogados y vínculos con dirigentes políticos.
El Litoral señala que una de las características de este proceso es que los llamados estamentos técnicos del Consejo también reciben el acompañamiento o el auspicio de sectores partidarios, aun cuando sus listas no se presenten formalmente bajo nombres de partidos políticos. En ese sentido, la elección de los abogados puede incidir en la futura correlación de fuerzas dentro del organismo.
En esta oportunidad, además, se observa una particular fragmentación de los sectores vinculados al peronismo, que confluyeron en acuerdos diferentes y terminaron compitiendo en más de una nómina. Al mismo tiempo, aparece una lista con una identificación directa con La Libertad Avanza, mientras que otros espacios reúnen dirigentes vinculados al PRO y al radicalismo.
Por esa razón, el resultado del 20 de octubre será relevante no solamente para determinar quiénes ocuparán las cuatro bancas de los abogados. También permitirá observar cómo queda configurado uno de los principales componentes de un Consejo que durante los próximos cuatro años deberá intervenir en la selección de nuevos jueces, los concursos, los procesos disciplinarios y la administración del Poder Judicial.
El recambio de 2026 y el nuevo equilibrio del Consejo
La elección de los abogados es apenas una pieza de la renovación general del organismo. El Consejo recuperó su composición de 20 integrantes después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional, en diciembre de 2021, la integración de 13 miembros establecida por una reforma anterior y ordenara volver al esquema previsto por la ley 24.937.
Actualmente, el cuerpo está integrado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; cuatro jueces; cuatro abogados; ocho legisladores —cuatro senadores y cuatro diputados—; un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico.
En este proceso, Rosatti continuará en el organismo por su condición de presidente de la Corte, mientras que Santiago Viola mantendrá la representación del Poder Ejecutivo luego de haber sido designado para ese cargo durante 2026. El resto de los estamentos atraviesa distintos procesos de renovación.
La magnitud del recambio explica el interés que despierta la elección. El Consejo será uno de los espacios donde se expresará la nueva relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, la Justicia y las organizaciones profesionales durante los próximos años.
Para los abogados con matrícula federal, la primera definición llegará el 20 de octubre, cuando deberán elegir cuatro titulares y sus respectivos suplentes entre las cuatro listas oficializadas. El resultado será el primer dato concreto para conocer cómo quedará representada la abogacía dentro del Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030.
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