El precio de venta y las condiciones en las que el gobierno de Javier Milei llevaron adelante la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) plagaron de irregularidades la operación. En ese sentido, el diputado nacional del Frente Renovador Guillermo Michel calificó la transacción como una “malventa” y advirtió que el Estado cedió el control de una empresa estratégica por un monto que, según sus cálculos, equivale a poco más de un año de sus ganancias operativas.
“El concepto privatización es muy generoso: AySA fue mal vendida”, sostuvo Michel en declaraciones radiales. Para fundamentar su crítica, comparó el resultado operativo de la compañía con el precio que ofreció el consorcio privado que se quedó con el 90% de su capital accionario.
“Si mirás el último balance de AySA, cerrado en 2025, la utilidad operativa fue de aproximadamente 270 millones de dólares, y vendieron el 90% en 340 millones. Es decir que con 1,3 años de utilidad ya pagás la empresa”, afirmó el legislador.
El Gobierno oficializó la adjudicación del paquete accionario por US$ 340,2 millones al consorcio encabezado por Rowing, junto con Arcos Saneamento, PHX Aqua AR BV y Transclor. El monto quedó US$ 159,8 millones por debajo de los US$ 500 millones que esperaba recaudar el Ministerio de Economía, una diferencia cercana al 32%.
La operación también se concretó sin establecer un precio mínimo para la licitación, un aspecto que se suma a los cuestionamientos sobre la valuación de la compañía y los criterios utilizados para determinar cuánto debía recibir el Estado por la venta.
AySA, bajo cuestionamientos por la falta de transparencia
Además del monto de la operación, Michel puso el foco en la modalidad elegida por el Gobierno para desprenderse de la empresa. Según explicó, no se trata únicamente de una concesión para operar el servicio, sino de una transferencia de acciones que otorga al grupo comprador el control societario de la compañía. “No están concesionando el servicio sino transfiriendo las acciones, que el grupo comprador puede usar como garantía para salir a buscar crédito”, advirtió.
En paralelo, el proceso enfrenta cuestionamientos por la falta de acceso a la tasación oficial de AySA. Legisladores de Unión por la Patria denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que la valuación fue declarada reservada y que no pudieron acceder a los informes técnicos que respaldaron la operación.
Los denunciantes también cuestionaron el apartamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación del proceso y reclamaron que se investiguen los procedimientos utilizados para determinar el valor de la empresa. A su vez, señalaron que la oferta ganadora quedó por debajo de los US$ 500 millones que funcionarios del Gobierno habían anticipado como expectativa de recaudación.
A esos cuestionamientos se sumaron interrogantes sobre los vínculos empresariales del consorcio adjudicatario. Según registros de la Cámara Nacional Electoral citados en las denuncias periodísticas, dos firmas vinculadas al grupo Equo Capital, del que forma parte Rowing, realizaron aportes a la campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires en 2025. Esos aportes son legales y, por sí solos, no prueban irregularidades en la adjudicación.
La alternativa de Michel y el modelo de YPF
Frente a la decisión del Ejecutivo, el diputado planteó que el Estado podría haber avanzado en una reorganización de AySA sin desprenderse del control de la compañía. Como referencia, propuso aplicar un esquema similar al de YPF, en el que el sector público conserva la mayoría accionaria y el resto del capital cotiza en el mercado. “No creo en el falso nacionalismo, creo en el capitalismo moderno e inteligente. YPF es eso, AySA debería haber seguido ese criterio”, afirmó.
En esa línea, agregó que el Estado podría haber mantenido el 51% de las acciones y habilitado la cotización del resto en la Bolsa, con mecanismos de transparencia para la gestión y el acceso al financiamiento. La propuesta apunta a combinar la participación privada con el control estatal sobre una infraestructura estratégica.
Michel también advirtió sobre las consecuencias de transferir el manejo de un servicio esencial a un grupo privado, en particular frente a eventuales conflictos por las tarifas o la prestación. “El agua es un bien esencial y se debe garantizar. Cuando le corten el agua a un vecino de Virreyes, ¿va a mandar una carta documento a Holanda reclamando al fondo inversor?”, cuestionó, en referencia a la presencia de capitales extranjeros en la estructura del consorcio comprador.
Las críticas de Michel al rumbo económico de Milei
Las declaraciones del legislador también incluyeron cuestionamientos más amplios al programa económico del Gobierno. Michel advirtió que la continuidad del rumbo actual podría profundizar los problemas sociales y productivos del país. “Milei está imponiendo un modelo social donde no hay clase media, ni educación ni industria. Cuatro años más consolidan esto”, sostuvo.
En el plano político, defendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para ordenar las candidaturas del peronismo y reclamó una construcción interna más amplia, con mayor participación de mujeres y reglas claras para dirimir las diferencias.
Por último, afirmó que el exministro de Economía, Sergio Massa, “está muy activo en la política” y lo consideró “el candidato más preparado del peronismo”. Sin embargo, aclaró que una eventual candidatura dependerá de la decisión del propio dirigente.
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