El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez, asuma la investigación de la causa $LIBRA y la reabra. Con ese dictamen, la decisión quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que había sobreseído a Javier y Karina Milei a pedido del propio fiscal.
En un nuevo guiño favorable a la Rosada, Taiano ratificó su postura a favor del archivo y desestimó los cuestionamientos de la Procuraduría, aunque los fundamentos de su escrito no se hicieron públicos. Su opinión no obliga al magistrado, que retomó el miércoles su actividad en el Juzgado Federal N°8 después de una licencia durante la cual Daniel Rafecas, como subrogante, le corrió vista al fiscal.
El reclamo que ahora deberá resolver el juez sostiene que el cierre fue prematuro. “Lo que demanda el caso es profundizar la búsqueda y recolección de elementos de conocimiento que permitan entender lo que sucedió”, planteó la PIA en su recurso, donde también afirmó que “no existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”.
Según el escrito de Rodríguez, varios estudios técnicos sobre las operaciones con criptoactivos quedaron inconclusos porque una dependencia del Ministerio Público Fiscal no tenía las licencias de software necesarias. A eso se suman peritajes pendientes sobre la trazabilidad de los fondos, el análisis forense de teléfonos secuestrados y pedidos de cooperación a Estados Unidos.
Otro eje del planteo son las presuntas maniobras para ocultar información. La Procuraduría mencionó la eliminación de chats con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP”, los historiales de WhatsApp borrados en el celular del exfuncionario de la CNV Sergio Morales y las cajas de seguridad que vació la familia del lobista Mauricio Novelli.
Rodríguez objetó además que se descartara el testimonio de la abogada boliviana Nadia Beller, a quien solo se interrogó en el marco de la causa ANDIS, y pidió citarla en este expediente. También rechazó que se usara como argumento desvinculante un fallo civil de Nueva York contra Kelsier Labs, la firma de Hayden Davis.
La PIA sostuvo, por otro lado, que todavía falta establecer cómo obtuvo el Presidente el contrato que difundió en X y que no estaba disponible públicamente. Con esas medidas sin producir, argumentó el organismo, no se alcanza la “certeza negativa” que exige la ley para dictar un sobreseimiento.
La fiscalía especializada asumió el ejercicio de la acción penal el 29 de octubre, después de los planteos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que intervienen en el expediente como amigos del tribunal. Durante el año y medio en que Taiano tuvo a cargo la pesquisa, la Procuraduría no había recibido intervención en la causa.
El cierre que la PIA busca revertir lo dictó Martínez de Giorgi el 23 de octubre, al considerar que los hechos no constituían delito. Además de los hermanos Milei, fueron sobreseídos Davis, Novelli, Morales, Manuel Terrones Godoy, Peh Chyi Haur, Camilo Rodríguez Blanco, Orlando Mellino y la madre y la hermana de Novelli.
En su pedido de sobreseimiento, Taiano había descartado la estafa porque no encontró un engaño penalmente relevante en un mercado de «memecoins» de alta volatilidad. Sobre Karina Milei, la única constancia documental que halló fue la autorización de ingreso a la Casa Rosada de los empresarios extranjeros, del 16 de julio de 2024.
Para desestimar el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles atribuidos al Presidente, el fiscal se apoyó en un informe de la Secretaría Legal y Técnica, que no registró actos administrativos vinculados a $LIBRA, y en una resolución de la Oficina Anticorrupción según la cual el posteo en su cuenta personal no fue un acto institucional.
La causa había quedado sin acusadores particulares cuando el juez apartó a los inversores querellantes a pedido de Novelli, decisión que confirmó la Sala I de la Cámara Federal. La Sala II de Casación, con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma y la disidencia de Guillermo Yacobucci, habilitó después la revisión de ese apartamiento.
Los ex querellantes ya habían cuestionado a Taiano: en diciembre del año pasado, el abogado Nicolás Ozsust, que representa al inversor Martín Romeo, pidió su apartamiento por inclinarse “reiteradamente a favor de los planteos de la defensa”. Además, la PIA ya logró reabrir la causa del Vacunatorio VIP, también con Taiano como fiscal, ante la Cámara Federal.
Si Martínez de Giorgi rechaza el pedido, la apelación en subsidio que presentó la Procuraduría llevará la discusión a la Cámara Federal porteña.
