El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, bautizado como “Súper RIGI”, una versión ampliada y más agresiva del esquema aprobado en la Ley Bases. La iniciativa apunta a captar proyectos de más de US$ 1.000 millones vinculados a inteligencia artificial, infraestructura digital, semiconductores y biotecnología, sectores alineados con los intereses de los gigantes tecnológicos globales y de empresarios con los que el Presidente mantuvo reuniones en los últimos meses, como Peter Thiel y Sam Altman.
El Súper RIGI promete estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria durante 30 años para los vehículos de inversión que ingresen al régimen. A cambio, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas por US$ 1.000 millones y desembolsar al menos el 20% en los primeros dos años. La propuesta oficial reconoce explícitamente que busca construir un “régimen excepcional” para industrias consideradas estratégicas o todavía “experimentales” en la Argentina, especialmente en áreas como inteligencia artificial, infraestructura digital y nuevas tecnologías.

El modelo Milei para atraer capital tecnológico
El Súper RIGI aparece como la pieza más ambiciosa del intento oficial por posicionar a la Argentina como hub regional de infraestructura tecnológica y energética para la inteligencia artificial. El antecedente más visible fue “Stargate Argentina”, el megaproyecto anunciado por Presidencia antes de las elecciones legislativas junto a OpenAI y la firma local Sur Energy. El Gobierno habló entonces de inversiones por hasta US$ 25.000 millones para desarrollar centros de datos e infraestructura energética destinada a IA.
Sin embargo, al día de hoy, el proyecto todavía no fue presentado formalmente ante el Estado nacional y desde el Ministerio de Economía reconocieron que no existen expedientes oficiales vinculados a la iniciativa, de acuerdo con información de Perfil. De esta forma queda expuesta una de las principales críticas que rodean al nuevo esquema: anuncios multimillonarios sin garantías concretas de ejecución ni información pública verificable.
El caso también dejó al descubierto el tipo de inversiones que busca seducir la administración libertaria: mega data centers con enorme demanda energética, alta dependencia de equipamiento importado y escasa integración productiva local.
Beneficios extraordinarios
El corazón del Súper RIGI está en el paquete de ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias. Entre los principales incentivos se destacan:
- Impuesto a las Ganancias reducido al 15%.
- Dividendos gravados apenas al 3,5% luego de cuatro años.
- Exención total de derechos de importación y exportación.
- Libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones a partir del tercer año.
- Contribuciones patronales reducidas al 10%.
- Eliminación de restricciones cambiarias y comerciales para importar, exportar y girar utilidades.
Además, el proyecto establece que ninguna provincia o municipio adherido podrá crear normas que “restrinjan” o “desnaturalicen” los beneficios otorgados. Incluso declara inválidas las medidas locales que interfieran con el régimen. El texto también garantiza a los inversores “derechos adquiridos asimilables al derecho de propiedad”, blindando los beneficios frente a futuras modificaciones regulatorias.

Esquema pensado para las Big Tech
Aunque el Gobierno evita mencionar empresas específicas, el diseño del proyecto coincide con las demandas habituales de las compañías tecnológicas globales: baja presión impositiva, libre circulación de dólares, estabilidad jurídica extrema y mínima intervención estatal. La nueva ley incluso limita la capacidad futura del Estado para imponer restricciones cambiarias, cupos de exportación o prioridades de abastecimiento interno.
En paralelo, el régimen habilita importaciones libres de aranceles para bienes vinculados a los proyectos y permite amortizaciones aceleradas, beneficios fiscales transferibles y rebajas en aportes patronales. La lógica oficial es que la Argentina compita globalmente por atraer inversiones de inteligencia artificial y centros de datos. Pero las críticas apuntan a que el costo fiscal y regulatorio puede terminar siendo demasiado alto frente a beneficios todavía inciertos.

Dudas sobre el impacto real
Más allá del entusiasmo del Gobierno, diversos sectores advierten que el Súper RIGI profundiza la cesión de herramientas económicas del Estado a favor de grandes capitales internacionales. El proyecto no exige porcentajes mínimos de integración nacional, transferencia tecnológica obligatoria ni metas concretas de empleo local. Tampoco fija compromisos de reinversión productiva.
En el caso de Stargate Argentina, además, OpenAI aclaró que no realizaría inversiones directas en el país sino que compraría capacidad de cómputo una vez construida la infraestructura, cuyo financiamiento dependería de terceros inversores. A eso se suma el interrogante energético. Los centros de datos para inteligencia artificial requieren consumos eléctricos gigantescos. Algunas estimaciones privadas ubican el eventual consumo del proyecto Stargate en niveles comparables a los de una ciudad mediana.
Con el Súper RIGI, el Gobierno apuesta a transformar a la Argentina en una plataforma de negocios para las industrias tecnológicas globales. Sin embargo, habrá que ver cuánto margen de recaudación, regulación y soberanía económica está dispuesto a resignar el Estado para atraer esos dólares.
RM/EO






