El plan de Luis Caputo se vino abajo por Adorni. El 21 de mayo, el ministro de Economía se había reunido con contadores en el Palacio de Hacienda para tomar sugerencias sobre cambios a la Ley 27.799, la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Días después, tras una conferencia de prensa sobre retenciones, fuentes del quinto piso del Ministerio filtraban que «con los cambios en la ley, va a ser un boom«. El 8 de junio, Economía hizo circular el borrador con las modificaciones. Dos días después, Manuel Adorni salía a la televisión a confesar que durante años ocultó más de medio millón de dólares, luego de que se revelara que el jefe de Gabinete se había acogido al mismo régimen que su propio gobierno quería ampliar. Esa mancha desplomó las expectativas.
Según pudo reconstruir La Pluma, desde ese momento se instaló un cortocircuito en el Gobierno que todavía no se resolvió. En el Ministerio de Economía señalan que la aprobación de los cambios «depende de la Secretaría de Legal y Técnica». En el Congreso, ningún miembro del bloque oficialista muestra estar al frente del tema. Y, en la Casa Rosada, apuntan de vuelta al Ministerio de Economía. Un círculo sin salida que, en la práctica, dejó los cambios de Inocencia Fiscal paralizados. Fuentes parlamentarias confiaron a este medio que «siempre con estos temas, hasta que no den el ok desde Casa Rosada, no avanzan». Y esa orden no llega, mientras la oposición acumula proyectos para regular o directamente derogar la ley.
Qué quería cambiar Caputo y por qué
El diagnóstico de Economía era claro: la adhesión al régimen había sido baja. Desde enero, cuando se reglamentó la ley, hasta el 3 de junio, los depósitos privados crecieron apenas un 3,1%, equivalente a 1.169 millones de dólares, según datos del economista Amílcar Collante. El principal cambio que Caputo buscaba era eliminar el tope a declarar, que, hasta ahora, exige ingresos anuales menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones, para atraer a los grandes contribuyentes que el régimen actual excluye. También buscaba poner fecha de vencimiento a la adhesión, con cierre a fines de 2027, justamente para evitar que el GAFI —el organismo internacional de lucha contra el lavado— lo catalogara como un «blanqueo permanente«. 
En el congreso del IAEF, ante inversores y empresarios, Caputo había defendido el borrador en persona: «Esperamos que pase y que este nuevo enfoque dé un impulso mayor». Dijo que el objetivo era que el ahorro «debajo de los colchones» se canalizara en inversión y que eso generaría crecimiento. El ministro necesita dólares: Economía proyectaba un flujo de hasta 15.000 millones de dólares por esta vía para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera sin tener que depender de los mercados de Wall Street ni emitir más deuda, según informó PERFIL en febrero. Con ese plan, la inocencia fiscal era mucho más que una cuestión tributaria: era una pieza del programa de estabilización.
Una ley que nació con Espert, antes de que Espert se fuera
La Ley de Inocencia Fiscal fue impulsada originalmente por José Luis Espert cuando todavía era diputado libertario y presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Eso ocurrió antes de que Espert renunciara a su candidatura para las elecciones de 2025 y posteriormente a su banca, en el marco del escándalo por sus vínculos con el narco Fred Machado. El régimen, aprobado en diciembre de ese año con el apoyo de LLA en los primeros días de la nueva composición del Congreso, establecía un esquema de declaración simplificada de ganancias con presunción de exactitud: si el contribuyente adherido tiene el certificado, el fisco pierde la facultad de investigar el origen de los fondos hacia atrás. Lo que sus defensores llaman «borrón y cuenta nueva» y sus críticos llaman, directamente, un blanqueo encubierto.
El problema político que la declaración jurada de Adorni puso en evidencia es que la ley no estableció ninguna restricción para que los funcionarios públicos pudieran acogerse al régimen. Adorni y su esposa lo hicieron. Eso generó una reacción en cadena: proyectos para excluir a los funcionarios (Paulón en Diputados), pedidos para derogarlo directamente (Di Tullio en el Senado) y, sobre todo, una pérdida de confianza que va mucho más allá del Congreso. «Nadie que tenga un patrimonio importante no declarado va a blanquear un dólar cuando existe un cuestionamiento tan fuerte al instrumento y a su uso irresponsable», dijo a PERFIL el dueño de una empresa del sector productivo. La audiencia a la que apuntaba Caputo ya no está disponible.
La comisión del Congreso, sin el oficialismo al frente
El martes, la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa sobre la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal. La presidió el diputado de UxP Ariel Rauschenberger, con expositores de distintos ámbitos académicos, profesionales y de la sociedad civil. El hermetismo del oficialismo fue total. La comisión tiene dos vicepresidentes de La Libertad Avanza —Nicolás Emma y Lisandro Almirón— y otros 8 vocales del bloque. Según pudo saber La Pluma, varios legisladores del Congreso coinciden en que desde el escándalo de Adorni disminuyó fuertemente la expectativa de que los cambios impulsados por Caputo logren ser aprobados pronto. Ninguno de los integrantes de LLA en esa comisión pareciera estar al frente del tema.
Los expositores convocados por la oposición no ahorraron críticas. Juan Pablo Futten, tributarista de la UBA, advirtió que los cambios propuestos por el Gobierno generarán «más dudas que certezas» y que la ley vigente ya debilita «la capacidad de control del fisco», lo que podría despertar «algún cuestionamiento del GAFI». Norma Cristóbal, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, fue más directa: «No se le puso freno a que los funcionarios públicos puedan acogerse a este régimen simplificado. Para mí es un perdón fiscal, no lo llamaría blanqueo«. La periodista y abogada Natalia Volosín fue la más dura: «Es un blanqueo encubierto. No solo no establecieron mecanismos para evitar el lavado: los levantaron. Este régimen le dice a las entidades financieras: si viene alguien que tiene el certificado del Régimen Simplificado de Ganancias, hacé de cuenta que el monitoreo no tiene sentido. Es una carta blanca». Y puso el ejemplo: «Léase Manuel Adorni«.
Rauschenberger recordó al cierre de la reunión que cuando la ley se debatió originalmente en Diputados, el único invitado del oficialismo fue el titular de ARCA. Ningún otro experto convocado por el Gobierno. La comisión que ayer analizó sus consecuencias siguió el mismo patrón, pero al revés: expositores críticos, silencio del oficialismo.
JD/CM
