El Ministerio de Salud detectó diferencias de hasta 4239% en los valores abonados por el Estado en la auditoría interna que realizó a la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El informe técnico, que ya fue incorporado a la causa que tramita en los tribunales federales, advierte sobre “desvíos críticos” en adquisiciones de sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros insumos médicos efectuadas durante 2025.
El documento oficial, firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, sostiene que existieron “desvíos de precios injustificables” y posibles irregularidades en los mecanismos de contratación utilizados por la ANDIS. Entre los ejemplos más llamativos aparece la compra de un andador cuyo precio facturado al Estado superó en más de 4200% el valor de referencia obtenido para un producto de prestaciones similares. También se detectaron diferencias de entre 300% y 2000% en operaciones vinculadas a sillas de ruedas y equipamiento ortopédico.
Otro de los casos señalados involucra la adquisición de válvulas bicaval transcatéter, utilizadas para intervenciones cardíacas. Según el informe, el 8 de julio de 2025 una contratista de la ANDIS recibió $425 millones por ese insumo, mientras que meses antes el PAMI había abonado $124,2 millones por el mismo producto. Para las autoridades sanitarias, la diferencia de 242% constituye un indicio de posible sobrefacturación dentro del sistema de compras del organismo.
La investigación también apunta sobre un grupo reducido de empresas proveedoras que habrían concentrado contrataciones millonarias. Entre ellas figura Farma Salud, que recibió pagos por alrededor de $7900 millones y cuyos socios comenzaron a ser citados a indagatoria. El contador Osmar Mariano Caballi, exdirector general de la ANDIS durante el gobierno de Alberto Fernández y actual socio mayoritario de la firma, deberá declarar ante la Justicia en el marco de la causa. Otros empresarios vinculados a ortopedias y droguerías también serán interrogados esta semana.
De acuerdo con la hipótesis del fiscal Franco Picardi, las maniobras se habrían concretado mediante el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), una plataforma digital creada para agilizar contrataciones. La acusación sostiene que el mecanismo habría sido manipulado para favorecer a determinadas empresas previamente seleccionadas, simulando procesos competitivos que en realidad estaban direccionados. En algunos casos, incluso, participaron firmas vinculadas entre sí por relaciones familiares o comerciales.
Entre los nombres mencionados en el expediente aparecen exfuncionarios, operadores comerciales y empresarios ligados al sector de la salud. La Justicia investiga especialmente el rol de un grupo conocido internamente como “grupo museo”, integrado por antiguos directivos de la ANDIS y presuntos intermediarios vinculados a droguerías. Chats incorporados a la causa revelarían pedidos para incluir empresas específicas en compulsas de precios y licitaciones, lo que reforzó la sospecha de un esquema coordinado de direccionamiento de contratos públicos.
Mientras avanzan las indagatorias, varias de las defensas buscan declarar la nulidad de la causa y cuestionan la legalidad de las grabaciones y mensajes utilizados como prueba. El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente un peritaje sobre esos audios, considerados clave para reconstruir el funcionamiento interno del supuesto sistema de contrataciones irregulares. En total, la causa ya involucra a 49 personas entre funcionarios, empresarios y operadores vinculados al organismo.
AL/CM
