El reinicio de la actividad parlamentaria abrirá uno de los debates políticos más sensibles del año: el futuro de la Ley de Tierras (26.737), sancionada en 2011. El Gobierno nacional impulsa una reforma que elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, sin certezas sobre su media sanción en el Senado este jueves. Un informe del Observatorio de Tierras, del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pone la lupa en los territorios en manos ajenas y las dificultades para el control soberano de millones de hectáreas.
Desde 2025 viene relevando la concentración de la propiedad rural en manos extranjeras y el impacto territorial de ese proceso. Sostiene que la modificación propuesta por el Gobierno constituye un cambio profundo en la política de administración del territorio y advierte que podría acelerar la concentración de grandes extensiones rurales en manos de inversores internacionales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la provincia de Neuquén. Aunque a nivel provincial el 5,51% de la superficie está registrada a nombre de capitales extranjeros —504.041 hectáreas sobre un total de 9.152.139—, el promedio esconde situaciones mucho más extremas.
El departamento Lácar, donde se encuentra San Martín de los Andes, presenta el mayor nivel de extranjerización del país: el 54,17% de su territorio pertenece a propietarios foraneos, lo que representa 257.346 hectáreas de un total de 475.095.
Otros departamentos neuquinos también exhiben una importante presencia de capitales foráneos:
– Catán Lil: 11,14% de su superficie.
– Collón Curá: 8,12%.
– Los Lagos: 6,67%.
– Confluencia: 5,59%.
– Huiliches: 4,63%.
En conjunto, Lácar, Catán Lil, Collón Curá y Los Lagos concentran más de 386.500 hectáreas en manos extranjeras, casi el 77% de toda la superficie extranjerizada de Neuquén, pese a representar apenas una quinta parte del territorio provincial.
El informe identifica un fuerte predominio de capitales norteamericano. Estados Unidos controla aproximadamente 214.600 hectáreas en Neuquén, equivalentes al 42,6% de toda la tierra extranjerizada de la provincia.
Le siguen:
– España: cerca de 70.000 hectáreas.
– Francia: alrededor de 55.400 hectáreas.
– Austria: casi 28.900 hectáreas.
– Noruega: más de 25.400 hectáreas.
– Italia: unas 22.300 hectáreas.
– Bélgica: alrededor de 18.500 hectáreas.
– Alemania: más de 12.300 hectáreas.
Entre los principales propietarios aparecen herederos del empresario estadounidense Ted Turner, la familia Sharp, los herederos de Herman Warden Lay —fundador de Lay’s— y tierras vinculadas históricamente a la Compañía de Tierras Sud Argentino, perteneciente al grupo Benetton.
Para los investigadores del Observatorio, la preocupación no pasa solamente por la cantidad de hectáreas sino por su ubicación. En Collón Curá, por ejemplo, la mayor parte de las propiedades extranjeras se ubican sobre el río del mismo nombre, uno de los principales afluentes del río Limay, en las cercanías del embalse y la represa de Alicurá.
El estudio sostiene que allí se configura un verdadero «triángulo de la extranjerización», con propiedades vinculadas a las familias Sharp, Turner y Lay, además de tierras próximas a la infraestructura energética administrada históricamente por el grupo Benetton.
Según el informe, el patrón de compras evidencia una concentración sobre recursos hídricos, bosques, lagos y corredores ambientales considerados estratégicos para el desarrollo futuro del país.
Mientras más de la mitad del departamento pertenece a capitales extranjeros, San Martín de los Andes atraviesa una prolongada emergencia habitacional, con dificultades crecientes para acceder a viviendas y lotes urbanos debido al elevado valor de la tierra impulsado por la presión inmobiliaria y turística.
Incluso antes del tratamiento en el Senado del proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», los investigadores ya habían pasado su mirada sobre la extranjerización al corredor del río Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos concentran algunos de los departamentos con mayor presencia de capitales extranjeros del país, en una región considerada estratégica por sus recursos hídricos, forestales y su conexión con las principales vías de exportación.
En Misiones, el predominio corresponde al capital chileno, que concentra cerca del 80% de las tierras extranjerizadas de la provincia. El informe identifica a la empresa forestal Arauco, a través de Alto Paraná S.A. y otras sociedades vinculadas, como propietaria de más de 240.000 hectáreas, destinadas principalmente a plantaciones de pino y eucalipto para la producción de celulosa. El departamento de Iguazú encabeza el ranking con casi el 40% de su superficie rural en manos extranjeras, seguido por Montecarlo (18,4%), General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%).
En Corrientes, el departamento de Ituzaingó presenta uno de los niveles más altos de concentración, con casi el 34% de su superficie en manos extranjeras, mientras que Berón de Astrada registra 32,7%. El estudio también destaca la presencia de fondos vinculados a la producción arrocera y forestal, especialmente en zonas cercanas a los esteros del Iberá y a la ribera del Paraná.
Los investigadores sostienen que la distribución de estas propiedades no es aleatoria, sino que se concentra sobre un corredor estratégico vinculado al río Paraná, donde confluyen recursos naturales, infraestructura logística y acceso a los mercados internacionales. En ese sentido, advierten que la eventual eliminación de los límites legales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros podría profundizar un proceso que, según los datos oficiales analizados, ya muestra elevados niveles de concentración en varios departamentos del país.
Hoy la oposición numérica más alta en el Senado la ostenta el peronismo, que tendrá una cumbre sobre el tema este lunes. Desde el PJ sostienen que la tierra no puede ser considerada únicamente un activo económico, sino un recurso estratégico vinculado a la producción de alimentos, el acceso al agua, la preservación ambiental y la integridad territorial del Estado argentino. En ese marco, anticipan que, si la reforma fuera aprobada, impulsarán acciones judiciales para intentar impedir su aplicación.
La eventual derogación de los límites establecidos por la Ley 26.737 implicaría un cambio estructural en la política territorial argentina. «La tierra constituye un recurso no renovable cuya propiedad debe permanecer mayoritariamente en manos nacionales, especialmente en regiones fronterizas, zonas con reservas de agua dulce, áreas de producción de alimentos y territorios vinculados a la infraestructura energética», sostienen. Pero si se suman los beneficios del Súper RIGI y la modificación en las responsabilidades de las sociedades anónimas, alertan que quienes compren esas tierras podrían desconocer el derecho local y frente a una norma que les desagrade acudir a ámbitos internacionales o estar blindados del daño ambiental que puedan causar en los territorios.
AL / CM
