Tres semanas pasaron desde que el Presidente Javier Milei anunciara que su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentaría su declaración jurada «en breve». En la Casa Rosada dijeron que la semana próxima llegaría la información de su patrimonio (actualizada al 2025) a la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, desde el entorno más cercano del ex vocero dijeron a La Pluma que «no es verdad que esté definido«. La alta fuente consultada desmintió las versiones periodísticas que circularon en las últimas horas.
La cercanía al Mundial podría ser un factor clave en los tiempos, porque la presentación podría abrir la puerta para una citación a indagatoria de la Justicia, una foto que el Gobierno quiere evitar a toda costa. Si ese llamado sucede durante la Copa del Mundo, podría ser menos nocivo. Faltan 15 días para el evento deportivo que paraliza la atención en la política, y poco más de 50 para la Feria Judicial de Invierno.
El jefe de Gabinete lleva más de dos meses en la primera plana de los medios desde que se empezaron a conocer propiedades que no estaban en sus DDJJ anteriores. En paralelo, la presentación de Patricia Bullrich de su propia DDJJ y su pedido explícito a Adorni para que la presente generó presión y ansiedad en algunos libertarios que ya reconocen, de mínima, una desprolijidad. Pero ni la ex ministra de Seguridad, ni los dichos en off de dirigentes de LLA y tampoco la vicepresidenta Victoria Villarruel lograron con sus declaraciones que el funcionario en cuestión informe sus bienes al Estado. Desde el entorno del jefe de Gabinete entienden que nadie va a manejarle sus tiempos.
En Balcarce 50 la lectura es que el momento más duro del escándalo ya pasó. La guerra digital entre Menem y Caputo por la cuenta @PeriodistaRufus desplazó temporalmente a Adorni del centro de la escena. En ese contexto reconocen que la presentación de la declaración jurada va a volver a poner el tema en primer plano. Adorni volverá a ser noticia en la previa, el día de la presentación y en las jornadas siguientes.
El miedo a la foto de Adorni en la Justicia
En paralelo a la discusión sobre la DDJJ, la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito sigue su curso. La semana pasada la Justicia inició la extracción del contenido del teléfono de Matías Tabar, el contratista que Adorni eligió para demoler y reconstruir su casa en el country Indio Cua. Según publicó Clarín, los peritos informáticos habrían recuperado el contenido de audios temporales enviados por el funcionario. En la causa por el vuelo a Punta del Este, el juez Ariel Lijo espera todavía el entrecruzamiento de llamados entre Adorni, Marcelo Grandio y un directivo de la empresa vinculada a la productora que obtuvo contratos con la TV Pública antes de tomar nuevas medidas.
En el Gobierno creen que no habrá citación a indagatoria antes del Mundial. El argumento es técnico: para imputar, la fiscalía necesita un peritaje contable que cruce período por período los montos y los supuestos delitos. El fiscal federal Gerardo Pollicita lleva la investigación de manera independiente del juez. Eso no significa que una citación sea imposible, solo que el Gobierno confía en que no ocurrirá antes de que empiece el campeonato de fútbol.
Cuando Adorni presente los números, la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF) del Ministerio Público Fiscal los cotejará con la evidencia reunida en la causa.
Si algo no cierra, la fiscalía tiene herramientas para actuar. Si todo cierra, el Gobierno habrá ganado tiempo pero no habrá cerrado el expediente. La declaración jurada no termina el caso: lo reencuadra.
No obstante, descartan que si Adorni tuviera que ir a la Justicia, sería para entregar un escrito. Similar procedimiento al de tantos otros procesados por corrupción de gobiernos opuestos.
Adorni participó del Tedeum, la reunión de Gabinete el lunes y la reunión de mesa política del martes. El gobierno de los Milei sigue apostando a que sea su ex vocero quien lidere esos encuentros, aunque debilitado. No sólo por las internas. Todas las encuestas, afines u opuestas al gobierno, delinean un piso de un 60% —que se extiende hasta un 75%— de gente que cree que debería renunciar.
JD/CM
