El Gobierno decidió que el incremento mensual del servicio de agua potable y desagües cloacales brindado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) no podrá superar el 4% entre enero y abril de 2026. De esta forma, el oficialismo espera para amortiguar el impacto sobre la inflación.
Asimismo, se estableció que las subas durante mayo y agosto tampoco podrán superar el 3%, siempre y cuando el índice de precios arroje un valor inferior. Pese a esta medida, cabe señalar que los aumentos autorizados continúan por encima de la inflación prevista.
Por otro lado, la normativa mantiene vigentes las protecciones para sectores específicos. Se ratificó el sostenimiento del Programa de Tarifa Social para usuarios con dificultades económicas y la continuidad del descuento del 15% para los usuarios residenciales ubicados en áreas de coeficientes zonales bajos.
Finalmente, el ERAS instruyó a la empresa AySA a presentar un nuevo informe sobre su situación económico-financiera antes del 31 de julio de 2026, con el objetivo de analizar cómo seguirá el esquema de aumentos en los meses siguientes.
Más de la mitad de los argentinos no tienen al mismo tiempo agua potable, gas y cloacas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental, indispensable para una vida digna y para el ejercicio del resto de los derechos. En el siglo XXI, también debería considerarse básico contar con conexión domiciliaria a la red de gas. Sin embargo, en Argentina esta premisa dista de cumplirse. Peor aún: cada vez más personas quedan al margen de estos servicios esenciales.
Según los indicadores de condiciones de vida relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo semestre de 2025, el 52,9% de la población no tuvo acceso simultáneo a gas de red, agua potable y cloacas. El dato implica un deterioro de 1,3 puntos porcentuales frente al primer semestre de ese mismo año (51,6%) y una suba de 1,9 puntos en comparación con igual período de 2024.
La medición se realiza sobre los 31 principales aglomerados urbanos, donde residen cerca de 30 millones de personas. No obstante, al extrapolar estos resultados al total del país, se estima que en el primer semestre de 2025 unas 24,48 millones de personas carecían de al menos uno de estos servicios. Para la segunda mitad del año, la cifra trepó a más de 25 millones, lo que implica que en apenas seis meses se sumaron 743.725 personas a esta situación.
El 65% de las infancias depende de la asistencia alimentaria
Los ajustes tarifarios se dan en un contexto en el que las familias no llegan a fin de mes y las niñeces necesitan cada vez más ayuda del Estado para comer. Según el último informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, el 28,8% de los niños, niñas y adolescentes vive en hogares con inseguridad alimentaria, mientras que el 13,2% sufre su forma más extrema: pasa hambre. Aunque los datos muestran una leve mejora respecto a 2024, siguen por encima de los niveles históricos de la década pasada.
Al mismo tiempo, la asistencia alcanzó un récord: el 64,8% de los jóvenes recibe alimentos a través de comedores, escuelas o programas sociales. Es decir, comer dejó de depender solo del ingreso familiar y pasó a sostenerse, en gran parte, con ayuda estatal y comunitaria. “La demanda en comedores y merenderos se triplicó en los últimos meses”, advirtió el ex ministro Daniel Arroyo en declaraciones a La Pluma Diario.
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