La segunda mitad del año arrancó con una nueva ola de conflictividad social. El Gobierno no tiene previsto abrir instancias de negociación ante los reclamos. En su lugar está dispuesto a contrarrestar las protestas y profundizar su ya sobreutilizada batalla cultural. Este lunes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, montó un pomposo operativo que combinó la persecución a los trabajadores de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CETERA) en todo el país, con un dispositivo anti-piquete desplegado alrededor de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. Los sindicatos docentes convocaron a un paro de 24 horas para revertir pésimas condiciones salariales y la respuesta de la administración libertaria fue estrenar el capítulo de la reforma laboral dedicado a la esencialidad.
Desde las 10 de la mañana, gremios docentes y de trabajadores estatales se autoconvocaron en Avenida de Mayo y Santiago del Estero desde donde movilizaron hasta la sede del ministerio que comanda Luis Caputo para exigir el levantamiento del techo a las paritarias que la gestión libertaria utiliza como variable para controlar el índice inflacionario. Desde temprano, la Policía Federal a cargo del cuidado del perímetro de la sede de gobierno dispuso un cerco de vallas en los alrededores de los edificios para evitar que los trabajadores pudiesen llegar al lugar y ejercer su derecho a huelga.
El hostigamiento contra la movilización del sindicato docente comenzó el viernes por la noche, luego de que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, hiciera circular un comunicado en el que se “recordaba” la plena vigencia de la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que entre otros puntos establece a la educación como servicio esencial, dictaminando, en el artículo 101 de dicha norma, la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa.
En este marco, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social conducida por Julio Cordero, dispuso la puesta en marcha de una inspección general en escuelas de todo el país que tiene como único objetivo verificar que las entidades gremiales que convocaron al paro respeten el cumplimiento de la prestación mínima del servicio.
Además, en un comunicado que circuló luego de la reunión que llevó adelante el Consejo Federal de Educación este sábado, desde la cartera anticiparon que “incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”, un mecanismo legalizado con el que el oficialismo ya no oculta su deseo de “domesticar” la protesta sindical.
Si bien desde la Secretaría y el Ministerio aún se encuentran elaborando los datos, al momento del cierre de esta nota fuentes oficiales confirmaron que tanto en Mendoza como en San Luis la prestación de clases en los niveles de jardín, primaria y secundaria “funcionaron con normalidad durante toda la mañana”. En tanto, siempre según datos oficiales, en la provincia de Santa Fe todas las escuelas inspeccionadas cumplieron a la perfección con el requisito del 75% del servicio.
“Los acuerdos y mejoras salariales dependen de las provincias. El Ministerio de Capital Humano tiene como única tarea coordinar el Consejo Federal de Educación y asegurar que se cumpla la ley sancionada por amplia mayoría en el Congreso. No vamos a permitir que una movilización choque con el derecho de los chicos a estudiar y formar su futuro”, dijeron desde el entorno de Pettovello para justificar la avanzada.
El posicionamiento del ministerio, en tanto, va en línea con la intención del gobierno de antagonizar las manifestaciones y los reclamos sociales. Este domingo, en una entrevista grabada con Luis Majul, Javier Milei afirmó que la estrategia de Gramsci «de tomar los medios, la educación, la cultura y el estado pasó a una etapa 2.0» y que desde hace tiempo hay “terroristas disfrazados de estudiantes, profesores e investigadores”.
Los dichos del presidente, en tanto, tienen una llamativa similitud con la postura que Jorge Rafael Videla pronunció durante su juzgamiento en 2010. “Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos. La Constitución guarda luto por la república desaparecida”, dijo por entonces el dictador. En esta línea, además de defender el arancelamiento de los servicios públicos para extranjeros, el jefe de estado afirmó que Cristina Fernández de Kirchner fue la culpable de habilitar este “mecanismo”, misma acusación que lanzó el represor fallecido en una cárcel común durante su último alegato en el juicio que lo condenó por crímenes de lesa humanidad.
El reclamo docente se enmarca, además, en la considerable pérdida del poder adquisitivo de todos los trabajadores del estado, que están sometidos a la firma de paritarias que no acompañan el aumento del costo de vida. Según datos oficiales, en lo que va del 2026 los incrementos salariales llegaron a 12,9% en la Administración Pública Nacional hasta el mes de junio, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue de 16,9%, advirtiendo una pérdida significativa en el primer semestre del año que se suma a la tolerada en los anteriores dos años de gestión libertaria.
La medida tomada por el gremio docente, en tanto, fue impulsada está mancomunada con la convocatoria de 24 horas que realizó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a cargo de Rodolfo Aguiar, en reclamo al proyecto que presentó el propio Javier Milei con el que pretende “apagar” las cuentas estatales en caso que el Congreso no apruebe el Presupuesto 2027. “El shutdown lo vamos a provocar los trabajadores si el Gobierno continúa sin responder a nuestras justas demandas. La alta adhesión a la medida muestra que el enojo crece en todos los sectores y que la conflictividad va a seguir en ascenso”, sostuvo el secretario general, quien a su vez celebró el nivel de acatamiento de la medida en todos los niveles del estado.
Por estas horas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Además se ven afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
TS/CM
