Luego de conseguir un respaldo inédito en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, la Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a diseñar una nueva etapa de confrontación con el gobierno de Javier Milei. La estrategia, que empezó a tomar forma esta semana en una reunión del triunvirato con las confederaciones que agrupan a los distintos sectores de actividad, busca abandonar la lógica de los paros generales aislados para avanzar hacia un esquema de protestas sostenidas y escalonadas que pueda extenderse durante el resto del mandato libertario.
En la conducción cegetista admiten que el resultado del último paro nacional, realizado el 19 de febrero contra la reforma laboral, dejó enseñanzas. La adhesión fue dispar y la central concluyó que una medida de fuerza de alcance general implica un desgaste elevado para los trabajadores sin garantizar necesariamente un impacto político proporcional. A partir de ese diagnóstico comenzó a madurar una alternativa inspirada en las protestas que se desarrollaron en Francia contra la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron.
“La idea es que las medidas vayan más allá de un paro de actividades. Pensamos en la semana social francesa. Tenemos que ser creativos”, resumió uno de los dirigentes de la mesa chica de la CGT a La Pluma. El esquema en discusión contempla asambleas, trabajo a reglamento, retención de tareas, movilizaciones y paros sectoriales coordinados entre distintas ramas de actividad para generar una presión constante sobre el Gobierno sin concentrar todo el esfuerzo en una única jornada de protesta.
La estrategia fue definida internamente como una suerte de “guerra de guerrillas light”: una sucesión de conflictos de baja intensidad pero sostenidos en el tiempo, con capacidad de afectar diferentes sectores de la economía de manera coordinada. El objetivo es mantener abierta la confrontación con la administración de Milei mientras avanza la implementación de la reforma laboral y continúan deteriorándose distintos indicadores de empleo e ingresos. La próxima semana la Comisión Directiva resolverá el método de implementación.
La decisión de retomar la ofensiva se vio fortalecida por el resultado obtenido por la central obrera en la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra. Allí, la Argentina fue incluida por primera vez en 25 años en el listado de países observados por la OIT a partir de una denuncia impulsada por las organizaciones sindicales contra las políticas laborales del Gobierno.
La Comisión de Aplicación de Normas del organismo cuestionó la falta de diálogo social en el diseño de la reforma laboral y advirtió sobre el debilitamiento de los mecanismos de inspección y control del empleo. Además, instó al Estado argentino a informar antes de septiembre sobre las medidas adoptadas para responder a las observaciones realizadas y reclamó que las reformas laborales sean discutidas con sindicatos y cámaras empresarias.
Para la conducción de la CGT, el pronunciamiento representó una validación internacional de sus cuestionamientos a la gestión libertaria. “Fue histórica la denuncia que hicimos con un fuerte respaldo de países europeos y regionales. Es un tirón de orejas importante porque están desmantelando el fomento del empleo registrado y el sistema de control estatal”, sostuvieron dirigentes que participaron de la cumbre.
La ofensiva sindical también encontró otro motivo de celebración en Ginebra. La OIT avanzó en la aprobación de un convenio que reconoce derechos laborales para repartidores y choferes de plataformas digitales, incluyendo salario mínimo, negociación colectiva, cobertura frente a accidentes y acceso a la seguridad social. La decisión choca con el espíritu de la reforma laboral impulsada por Milei, que busca excluir a esos trabajadores de los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo.
El trasfondo del fortalecimiento de la posición sindical está explicado por los decretos que reglamentaron artículos pendientes de la reforma laboral fueron recibidos por la CGT como un “baldazo de agua fría”, ya que se publicaron mientras la conducción se encontraba en Suiza y sin ningún tipo de consulta previa por parte del Ejecutivo. El diálogo con el gobierno está completamente roto tanto en el terreno formal como informal. «No hubo ni un aviso de que se venían esos decretos, son cosas que corresponden», se quejó un sindicalista.
Por ese motivo, la central decidió complementar el plan de lucha con una nueva batería de presentaciones judiciales. La estrategia será que cada sindicato impugne por separado los aspectos que considere lesivos de la reglamentación para intentar que las causas queden bajo la órbita de la justicia laboral y evitar que sean absorbidas por el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Mientras sectores más combativos como Pablo Moyano y Daniel Yofra reclaman una nueva huelga general y cuestionan la pasividad de la conducción, el triunvirato apuesta a construir una acumulación gradual de conflictos antes de volver a convocar a una medida nacional. En la CGT no descartan que ese proceso desemboque eventualmente en otro paro general, pero consideran que antes deben encontrar formas de sostener la conflictividad sin exponer a los trabajadores a un desgaste permanente.
AL/CM
