La Corte Suprema de Justicia rechazó los últimos recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez y dejó firme la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, que asciende a $685.000 millones. La decisión ratifica el avance de la ejecución patrimonial derivada de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos de nulidad y los pedidos para suspender las medidas de ejecución sobre los bienes de los condenados.
La actualización del decomiso, que originalmente había sido fijada en alrededor de $85.000 millones, se realizó a partir de un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Con la resolución del máximo tribunal, esa cifra quedó definitivamente firme.
Como consecuencia, el Tribunal Oral Federal N.º 2 continúa con el proceso de ejecución de la sentencia, que incluye la tasación y eventual remate de un total de 111 bienes alcanzados por el decomiso. El objetivo es recuperar para el Estado el monto fijado por la Justicia.
La obligación de responder por esa suma es solidaria entre todos los condenados. Sin embargo, la situación patrimonial de cada uno es diferente. En el caso de Lázaro Báez, gran parte de sus activos ya fueron liquidados en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y de la condena por lavado de dinero en la denominada Ruta del Dinero K, por lo que la atención se concentra principalmente en los bienes que aún conservan Cristina Kirchner y el resto de los condenados.
La causa Vialidad investigó el direccionamiento de 51 licitaciones de obra pública vial adjudicadas entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz. Según la sentencia, las contrataciones beneficiaron de manera sistemática al Grupo Austral, propiedad de Báez, mediante un esquema que ocasionó un perjuicio al Estado.
Además de la ex presidenta y del empresario, fueron condenados el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios vinculados a la adjudicación de las obras. Por esa condena Cristina Kirchner se encuentra bajo prisión domiciliaria y sin posibilidad de ejercer cargos públicos.
Las defensas habían sostenido que el decomiso debía tramitarse en el fuero civil y cuestionaron tanto el criterio utilizado para actualizar el monto como el período temporal considerado por la Justicia. También argumentaron que existía una superposición con otros procesos patrimoniales que vulneraba garantías constitucionales.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal de Casación Penal como ahora la Corte Suprema coincidieron en que el decomiso constituye una consecuencia penal de la condena y que corresponde al Tribunal Oral Federal N.º 2 llevar adelante su ejecución. Con el rechazo del máximo tribunal, quedó agotada la discusión judicial sobre este aspecto del expediente y el proceso de recuperación de los bienes continuará su curso.
AL/CM
