El Gobierno recibió otro revés judicial en uno de los frentes más sensibles de su política social. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó que el Estado mantenga los pagos del programa Volver al Trabajo y suspenda su eliminación, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por beneficiarios.
Según el fallo al que accedió La Pluma, el magistrado dispuso que el Ministerio de Capital Humano “mantenga la vigencia de las prestaciones económicas” dentro de un plazo de tres días y hasta que haya una sentencia definitiva. Además, advirtió que podrían aplicarse multas por cada día de incumplimiento.
La resolución impacta sobre un universo cercano al millón de personas que perciben el programa —unos 950 mil beneficiarios—, que cobran una asignación mensual de $78.000. La decisión judicial llega después de que el Ejecutivo anunciara el fin del plan a partir de abril y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación.
En su argumentación, el juez consideró que la interrupción del programa podía afectar derechos básicos. Señaló que se trata de un ingreso con carácter alimentario y que su eliminación, sin una alternativa equivalente, podría comprometer condiciones mínimas de subsistencia, en especial en sectores en situación de vulnerabilidad.
El trasfondo: ajuste, protestas y cambio de modelo
La medida judicial se inscribe en un conflicto más amplio entre el Gobierno y las organizaciones sociales. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había definido el cierre del programa como parte de una reconfiguración del sistema de asistencia, con el objetivo de orientar los recursos hacia la capacitación laboral.
El Volver al Trabajo es la continuidad del ex Potenciar Trabajo, reformulado en 2024. Desde entonces, el monto quedó congelado en $78.000 y el Ejecutivo avanzó en una política de recorte y revisión de planes sociales.
La decisión de eliminarlo generó protestas de organizaciones piqueteras, que incluyeron cortes y movilizaciones en accesos a la Ciudad de Buenos Aires a comienzos de abril.
En ese contexto, el fallo también retoma planteos de los demandantes, que sostuvieron que la medida oficial implicaba una “decisión regresiva” en materia de derechos sociales y que el nuevo esquema de vouchers no garantizaba un reemplazo efectivo del ingreso.
El juez recogió parte de ese argumento al advertir que la propuesta de capacitación “no aparece como una medida equivalente” a la prestación económica, al menos en esta etapa preliminar del proceso.
La UTEP celebra y presiona por el cumplimiento
Tras conocerse la resolución, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que celebró el fallo y lo presentó como un límite a la política social del Gobierno.
Desde esa organización señalaron que la decisión judicial obliga a restituir el programa para los 951.871 beneficiarios y afirmaron que se trata de “una barrera de protección” frente a la pérdida de ingresos. En esa línea, sostuvieron que el salario social complementario “no fue un regalo ni un privilegio”, sino un derecho conquistado por los trabajadores de la economía popular.
También cuestionaron al Ejecutivo al asegurar que “pretendía desnaturalizar el trabajo para llevar a la indigencia”.
Al mismo tiempo, la UTEP advirtió que se mantendrá en estado de alerta y movilización ante antecedentes de incumplimientos de fallos judiciales por parte del Gobierno.
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