Días atrás, el presidente Javier Milei anunció que «la motosierra no se detiene». Ahora, la última novedad es que el Gobierno envió al Congreso dos proyectos de ley para generar un brutal ajuste tanto en los tratamientos de discapacidad, como en la salud mental.
Uno de los puntos más importantes de la iniciativa denominada «Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» tiene un artículo que subordina el pago de las beneficiarios a la «disponibilidad de recursos». Esto quiere decir que las prestaciones estarán sujetas al dinero disponible, lo que podría justificar rápidamente nuevos recortes en momentos de crisis económica.
Además, el proyecto que afectaría a quienes reciben una pensión por discapacidad establece un «reempadronamiento obligatorio» que, en caso de no cumplirlo, se permite que el beneficio se suspenda automáticamente. Es una medida que perjudica directamente a aquellas poblaciones rurales o con dificultades de conectividad.
Por último, la normativa establecería que aquellas personas que acceden a una pensión, sería incompatible que tengan un empleo formal.
Recortes en Salud Mental
El Gobierno de La Libertad Avanza también envió un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental. Si bien la iniciativa pretende otorgar un «rol central a la mirada técnica-médica», uno de los cambios más importantes radica en el financiamiento de los tratamientos.
Según el documento, no se eliminaría el artículo que fija un piso de 10% del presupuesto total sanitario para salud mental. Sin embargo, el Estado dejaría de estar obligado de de brindar «cooperación económica y financiera» al sustituir el artículo 41 de la norma original. De esta manera, la garantía presupuestaria que rige desde 2010, estaría restringida a la voluntad de la gestión de turno.
El gobiero de Milei defendió estas iniciativas con el argumento de evitar el «dispendio de recursos» y asegurar la «equidad».
S.C./S.C.
