“Estar entre la espada y la pared”. Pocas veces una frase representó de manera tan exacta la situación que atraviesa la industria textil en Argentina. A esta altura, afirmar que el sector se encuentra en una crisis profunda parece una obviedad. Sin embargo, la alternativa planteada por el Gobierno de Javier Milei, que supone una reconversión de la matriz laboral y que todos los trabajadores pueden adaptarse a industrias completamente distintas, como la energética o la minera, resulta poco factible.
En ese sentido, el empresario textil y presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, sostuvo en diálogo con Ahora Play que ese tipo de reconversión no es posible ni por capacidad física ni por las condiciones reales del mercado laboral. Además, aseguró que las recomendaciones en esa dirección carecen de viabilidad. Como ejemplo, mencionó la dificultad de que una trabajadora textil de González Catán, que sostiene un taller junto a otras mujeres y cuida de sus hijos, pueda cambiar de actividad y dedicarse a la minería en el norte del país.
En esa línea, el dirigente remarcó que los procesos de reconversión industrial en distintos países han requerido décadas de políticas sostenidas. Señaló que Corea necesitó 25 años e Italia implementó 15 años de política industrial para consolidarse en el sector textil y de diseño, al tiempo que preservó el desarrollo de tecnología textil de punta.
Por otro lado, Galfione cuestionó las comparaciones con países vecinos como Chile o Paraguay debido a las diferencias en la escala poblacional. “Busquen un país de más de 35 millones de habitantes que sea desarrollado y que no tenga una industria pujante”, aseveró. Y sentenció: “Lo peor de todo no es que se desindustrialice la Argentina, que, en todo caso, puede parecer anecdótico, sino que nos quedamos sin trabajo”.

El empresario también advirtió sobre el impacto de la apertura comercial y el ingreso masivo de productos importados en el mercado local. Asimismo, cuestionó que la importación de indumentaria y calzado implique una reducción de precios. Explicó que, en los shoppings, la mayoría de los productos provienen del exterior y que sus valores superan a los de otras ciudades. Para Galfione, “los precios han bajado un poco porque no se vende nada. A la gente le está yendo mal o muy mal”.
Por último, sostuvo que “el problema de la Argentina no es la producción. Es lógico que los productos importados lleguen más baratos si el país tiene inflación en dólares y costos industriales más altos que el resto del mundo. Mientras acá nos endeudamos a tasas del 40% o 50% anual, en otros países lo hacen al 3%. Además, Argentina registra una inflación mensual del 3%, mientras que en gran parte del mundo ese porcentaje suele ser anual”.
“Claro que somos más caros y todos los meses somos más caros. Pero el problema ni siquiera está ahí, sino en la comercialización, que incluye algunos de los impuestos más altos del mundo, infraestructura de transporte precaria, alquileres elevados y tasas de interés muy altas para la compra en cuotas. Por eso una zapatilla fabricada en Vietnam cuesta en Argentina el doble de lo que vale en Miami”, concluyó.
Semana clave para la industria textil
El próximo viernes vence el plazo para renovar el acuerdo convencional que permitió a las empresas del sector obtener un alivio fiscal frente a la estrepitosa caída de las ventas, a cambio de no realizar despidos. De acuerdo con información de La Nación, diversos empresarios aseguran que, si bien la intención del Ministerio de Capital Humano es continuar con la medida, la firma definitiva para su prórroga todavía no se concretó. Por el momento, el Gobierno no realizó declaraciones al respecto.
Cabe señalar que el esquema, que originalmente se aplicó a los salarios de febrero, marzo y abril, establece que el 70% del salario devengado se pague como concepto no remunerativo. Esto permite que las empresas abonen únicamente el 30% de los aportes y contribuciones habituales a la seguridad social, sin que el trabajador vea afectado su ingreso neto. A cambio de este beneficio, las compañías adheridas -unas 70 durante la primera etapa- asumieron el compromiso de no efectuar despidos sin causa justificada ni suspensiones por razones económicas mientras dure el acuerdo.
La intención de los industriales es que la prórroga se extienda por otros 90 días. No obstante, desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria confían en que el beneficio se mantenga durante todo el año debido a la “extrema gravedad” de la situación.
La cámara empresaria, la Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (Setia) y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva) presentaron formalmente el pedido de renovación de manera virtual. Aunque existe optimismo respecto de la extensión del acuerdo, el sector se mantiene en alerta y pendiente de una convocatoria del Ministerio de Trabajo para ratificar y homologar la medida.
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