Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, dieron este martes una conferencia de prensa en un hotel porteño para presentar lo que definieron como un elemento de prueba nuevo en la causa Vialidad, la que la mantiene con prisión domiciliaria y con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Beraldi recordó que a la expresidenta se la había acusado de ser la jefa de una asociación ilícita que usaba al Estado para cometer administración fraudulenta, de haber impulsado leyes de presupuesto ilegítimas para fondos destinados a Santa Cruz, de habilitar partidas por decretos de emergencia y de que distintos jefes de Gabinete direccionaran fondos hacia Lázaro Báez a través de un fondo para obras viales. En el juicio, recordó, esas imputaciones no se sostuvieron: Cristina Kirchner fue absuelta por asociación ilícita, el propio Julio De Vido también resultó absuelto, y el tribunal terminó condenándola exclusivamente por el Decreto 54/2009, que creó un fideicomiso para financiar obras viales a través de la empresa estatal Osisvial. Según los abogados, ese decreto fue calificado como irregular con el supuesto propósito de favorecer a Báez, una imputación que ahora consideran refutada.
El punto de partida fue una audiencia de la causa Cuadernos, el 6 de agosto pasado, en la que un técnico de Vialidad Nacional declaró como testigo propuesto por la propia fiscalía. Fue convocado para explicar una planilla de Excel, de unas 80 columnas, ya incorporada a esa causa, con el detalle completo de todo lo que invirtió la Dirección Nacional de Vialidad entre 2009 y 2017. A partir de esa información, hecha pública y explicada en esa audiencia, los abogados de Cristina Kirchner iniciaron su propia investigación y encontraron que, entre 2009 y 2015 -el período por el que fue juzgada-, la inversión total del fideicomiso rondó los 2.000 millones de dólares, de los cuales apenas el 0,85% terminó en manos del Grupo Austral, la empresa de Báez. Según Valim, la compañía que encabezó ese ranking de asignaciones fue una IECSA, una firma vinculada al primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, con el 16% de los fondos.
Beraldi remarcó que esa prueba nunca pudo producirse durante el juicio: la defensa había ofrecido una pericia contable para demostrar que esos fondos se habían repartido entre todas las empresas con obra pública, sin un grupo preferencial, pero la medida nunca se realizó. Esa omisión, sostuvo, fue planteada como una violación al derecho de defensa hasta la Corte Suprema, que no ingresó al fondo del planteo con un argumento formal: sostuvo que, al momento de resolver los recursos, esa prueba todavía estaba en discusión y no había sentencia firme sobre ella.
Los tres caminos que buscan la defensa
Frente a lo que calificó como «un hallazgo monumental», Beraldi contactó a Valim, abogado brasileño que integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU, y a Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Valim encargó un informe a un equipo de economistas brasileños sobre esa misma planilla, que arrojó que la participación del Grupo Austral en los pagos de la llamada Fuente 14 fue del 0,85%, y que en las obras específicamente vinculadas a la causa Vialidad esa participación osciló entre el 0,18% y el 3,5% según el año, unos 18 millones de dólares, que comparó con los 360 millones de dólares que se llevó IECSA. «No hay ningún fundamento fáctico ni de derecho para condenar a Cristina Kirchner«, planteó Valim. Borrego, por su parte, apuntó contra la inhabilitación perpetua, a la que el tribunal le dedicó apenas 11 líneas en la sentencia: para él, la condena buscó directamente sacar a la expresidenta de la escena política.
Los tres caminos que anunciaron los abogados son la comunicación ya presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 29 de julio pasado, un recurso de revisión en la Justicia argentina y una vía interna adicional. Entre las medidas cautelares que ya tramitan en el organismo internacional piden levantar la inhabilitación para competir en 2027, relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y cuestionar que la Corte Suprema funcione con solo tres jueces. El anuncio llegó un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de la defensa contra los embargos sobre el departamento de San José 1111 y sobre inmuebles de Hotesur y Los Sauces, que deben ejecutarse para cumplir la sentencia.
JD/CM
