El Gobierno abrió una negociación contrarreloj en el Congreso para sostener un acuerdo que, aunque acotado en términos fiscales, puede convertirse en una prueba política clave. Se trata del proyecto para pagar USD 171 millones a fondos buitre que litigaban desde el default de 2001, que ya ingresó al Senado y tiene una fecha límite: el 30 de abril. Si no se aprueba, el conflicto judicial vuelve a foja cero.
El texto oficial plantea que, sin aval parlamentario, las transacciones se caen automáticamente y la Argentina quedaría expuesta a retomar los juicios en condiciones más adversas. Detrás de esa presión aparece una definición más amplia: cuánto está dispuesto a arriesgar el gobierno de Javier Milei para cerrar uno de los últimos capítulos abiertos del default.
Un acuerdo chico, con impacto mayor
El entendimiento firmado con los fondos Bainbridge y Attestor fija pagos por USD 67 millones y USD 104 millones respectivamente, con una quita superior al 30% sobre los reclamos originales. El monto es marginal frente al volumen total de deuda, pero el trasfondo es otro: desactivar un frente judicial que llevaba años acumulando presión sobre activos argentinos.
En los tribunales de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, esos acreedores habían logrado avanzar con embargos y pedidos de información sobre bienes del país. El antecedente más concreto fue la captura de USD 310 millones en cuentas vinculadas a los antiguos bonos Brady, un golpe que terminó de empujar la negociación.
Con el acuerdo, el Gobierno no solo cancela la deuda, sino que también busca cerrar los procesos de “discovery”, que habilitaban a los fondos a rastrear activos argentinos en el exterior, desde cuentas bancarias hasta participaciones en empresas públicas.
La presión política y el reloj legislativo
El proyecto fue enviado con pedido de tratamiento urgente y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En el oficialismo apelan a la “razonabilidad” del Congreso, pero saben que el margen es estrecho. Esta semana no habrá sesión porque hay un grupo de legisladores que viajaron a Washington invitados por AmCham, mientras que el miércoles 29 de abril ya hay una sesión de alto voltaje en Diputados donde Adorni tendrá que responder, mientras está acorralado por frentes judiciales, unas 4800 preguntas de la cámara baja.
Según el proyecto al que accedió La Pluma, el acuerdo prevé incluso la posibilidad de extender los plazos en función de la dinámica parlamentaria, aunque la fecha de cierre sigue siendo el principal factor de presión.
En ese escenario, la votación se vuelve una señal política: no por el monto en juego, sino por el mensaje hacia los mercados y los tribunales internacionales. Un rechazo o una demora implicaría reactivar litigios que ya habían sido congelados tras el entendimiento alcanzado en marzo.
Un problema que atravesó distintos gobiernos
El conflicto con estos fondos es un remanente de la crisis de 2001 que sobrevivió a todos los intentos de reestructuración. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri cerró el acuerdo con la mayoría de los holdouts por unos USD 9.300 millones, lo que permitió salir del default técnico y volver a los mercados internacionales.
Pero no todos aceptaron. Un grupo reducido optó por seguir litigando en Nueva York, apostando a obtener condiciones más favorables. Ese fue el núcleo que ahora negoció con la actual administración.
A pesar de que más del 95% de los acreedores ingresó a los canjes de 2005, 2010 y la reestructuración de 2020, estos casos siguieron abiertos y mantuvieron viva la amenaza de embargos.
Lo que viene: otros juicios en el radar
El acuerdo con Bainbridge y Attestor no cierra el mapa judicial. El Gobierno enfrenta otros litigios de peso, como el caso del Cupón PBI en la Justicia británica, que podría implicar pagos por unos USD 1.800 millones y ya derivó en medidas para inmovilizar activos argentinos.
En ese contexto, la jugada oficial apunta a limpiar al menos uno de los frentes heredados. Pero la resolución no depende solo del Ejecutivo: en los próximos días, el Congreso definirá si habilita el cierre exprés de un conflicto de más de dos décadas.
JD/CM
