El Gobierno avanza con su plan para aumentar las tarifas del transporte de pasajeros en el AMBA. La medida comenzaría a regir a partir del próximo 18 de mayo. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Transporte, la iniciativa contempla una implementación gradual y escalonada, mediante esquemas de tres etapas mensuales consecutivas para los colectivos y de cinco etapas mensuales consecutivas para el sistema ferroviario. Tal como anticipó La Pluma Diario, los incrementos no se frenarán en mayo, sino que continuarán durante los meses siguientes.
Según el cuadro tarifario propuesto por el Gobierno, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional tendría una suba del 2% y pasaría de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada. En tanto, el valor sería de $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y de $1.428 para quienes utilicen una SUBE sin registrar.
Además, el 15 de junio se aplicaría una nueva actualización del 2%, mientras que el 15 de julio se sumaría otro incremento del mismo porcentaje.
Aumentos en los trenes
Por su parte, el pasaje de los trenes que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense —líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur— aumentará en una proporción mayor.
El esquema de actualización tarifaria se aplicará en cinco etapas consecutivas para los servicios metropolitanos y locales extendidos. Actualmente, el boleto para la primera sección cuesta $280. Con la suba prevista para mayo, aumentará un 18% y pasará a costar $330, mientras que en septiembre acumulará un incremento del 90%, hasta alcanzar los $530. En tanto, para las personas alcanzadas por la Tarifa Social -como jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, entre otros- el valor del boleto será de $148,50.
Por otro lado, quienes no tengan registrada la tarjeta SUBE deberán abonar el doble de la tarifa correspondiente en cada sección, mientras que el boleto pagado en efectivo costará $1.100. Los incrementos graduales y consecutivos también alcanzarán a los servicios ferroviarios de larga distancia.
Desde la Secretaría de Transporte argumentaron que los aumentos responden al atraso acumulado desde septiembre de 2024 y buscan reducir las distorsiones tarifarias respecto del interior del país, avanzando hacia un esquema “más eficiente y sustentable”. En esa línea, señalaron que en diciembre de 2023 la tarifa cubría apenas el 2% del costo del sistema, mientras que el 98% restante era subsidiado por el Estado. Actualmente, la cobertura alcanza aproximadamente el 5% y el Gobierno proyecta que llegue al 10% en septiembre de este año.
Proceso de consulta pública
El Gobierno abrió formalmente la Instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo mediante el cual usuarios y sectores interesados podrán presentar opiniones y comentarios sobre los nuevos cuadros tarifarios. La consulta pública estará disponible durante tres días hábiles a través de la web oficial de la Secretaría de Transporte y forma parte del proceso previo a la implementación de los aumentos previstos para las próximas semanas.
La normativa remarca que el procedimiento tendrá carácter no vinculante, aunque las autoridades deberán considerar las opiniones presentadas al momento de definir las nuevas tarifas. Cada usuario podrá intervenir una sola vez por instancia convocada y tendrá la posibilidad de enviar comentarios de hasta 5.000 caracteres, además de adjuntar documentación complementaria. La resolución también establece que las opiniones recibidas serán publicadas en la web oficial mientras permanezca abierto el proceso de consulta.
El oficialismo sostiene que la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, simplificar procesos administrativos y garantizar el acceso a información “adecuada, veraz e imparcial” sobre los cambios tarifarios proyectados.
RM/EO
