El Gobierno de Javier Milei quedó en el centro de las miradas por su participación en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, luego de la derrota electoral frente a Lula da Silva. La administración argentina se adjudica la coordinación y facilitación de los movimientos del dirigente brasileño y su familia hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú, desde donde abordaron un avión privado con destino final a Estados Unidos. La Casa Rosada mantiene silencio oficial al respecto y evita ofrecer detalles sobre la intervención de sus organismos. Sólo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo que estaba todo en regla: “Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”
Sin embargo, hay una larga lista de indicios y hechos que confirman el nivel de involucramiento de la administración libertaria. El episodio tuvo lugar después de que la Justicia brasileña dispusiera que Flávio Bolsonaro entregara sus pasaportes y no abandonara el país, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Sin embargo, el senador ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, con su pasaporte italiano. Su esposa y sus hijas lo hicieron con sus documentos habituales, según informó la Dirección Nacional de Migraciones, que aseguró que no existían impedimentos legales para su ingreso.
La familia se trasladó luego al aeropuerto de Puerto Iguazú, donde la esperaba un Gulfstream G400 de la empresa argentina Baires Fly, con matrícula LV-JQW. La aeronave había llegado desde Buenos Aires y permaneció en la terminal durante más de 24 horas. Tras el despegue, el avión hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, y aterrizó en Miami durante la mañana del miércoles 28 de octubre.
La organización del traslado habría involucrado a distintos organismos del Estado argentino, entre ellos Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según las reconstrucciones periodísticas, la coordinación permitió que Bolsonaro atravesara la frontera y llegara al aeropuerto sin que se produjeran incidentes que interrumpieran su itinerario.
Uno de los puntos que concentra la atención es la presunta participación de Santiago Caputo, asesor presidencial y supervisor político de la SIDE. Aunque la Casa Rosada no confirmó oficialmente su presencia en Misiones, trascendieron versiones sobre un operativo de seguridad vial que detuvo en la ruta nacional 12 a una camioneta Toyota Hiace en la que viajaba junto a funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá. En la provincia también circuló la versión de que el asesor estuvo en el aeropuerto para despedir al dirigente brasileño.
La relación de Caputo con Washington y sus vínculos con referentes de Las Fuerzas del Cielo y con Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, habrían contribuido a facilitar las comunicaciones durante el operativo. La estrategia también habría contemplado alternativas por si fallaba la salida por Puerto Iguazú y el manejo de versiones sobre la ubicación del brasileño, que permitieron ganar tiempo mientras se concretaba el traslado terrestre desde Brasilia.
El Presidente no hizo declaraciones sobre el episodio y concentró su agenda pública en la actividad minera. Durante su visita a Catamarca, donde encabezó la inauguración de dos instalaciones de Rio Tinto, destacó inversiones por USD 1.400 millones y defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Tampoco hubo pronunciamientos públicos del canciller Pablo Quirno sobre la operación.
El silencio contrasta con las declaraciones de Donald Trump, quien sostuvo que había dado a Bolsonaro un salvoconducto para ingresar a Estados Unidos, aunque evitó desconocer la legitimidad del triunfo de Lula. En la Casa Rosada, en tanto, esperaban señales oficiales de Washington sobre las condiciones de permanencia del brasileño. No se descartaba, además, una eventual comunicación entre Milei y Bolsonaro.
El uso de una aeronave con matrícula argentina también forma parte de las particularidades del operativo. La identificación LV permitió que el vuelo se presentara como una operación de aviación civil argentina, en lugar de recurrir a una aeronave estadounidense. De acuerdo con las reconstrucciones publicadas, esa circunstancia habría contribuido a evitar la apariencia de una extracción organizada directamente por fuerzas de Estados Unidos.
La salida de Bolsonaro abrió un nuevo frente en la relación entre Buenos Aires y Brasilia, ya deteriorada por las diferencias ideológicas entre Milei y Lula. La oposición argentina, por su parte, anticipó que impulsará interpelaciones a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller Pablo Quirno para conocer qué intervención tuvieron las distintas dependencias estatales y quién impartió las instrucciones. Las preguntas también apuntan a determinar si hubo coordinación con los servicios de inteligencia y qué información manejaban las autoridades argentinas y brasileñas durante el trayecto.
El acontecimiento suma capítulos judiciales. Se presentó una denuncia por la diputada nacional Marcela Pagano ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú. La legisladora pidió investigar el ingreso de Bolsonaro a la Argentina. Pagano cuestionó las primeras versiones que negaban su ingreso al país. “Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, sostuvo en una publicación en X.
En la presentación, Pagano solicitó preservar las grabaciones de las cámaras del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, además de los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter utilizado por la familia Bolsonaro. También reclamó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por ahora, la Casa Rosada evita dar explicaciones públicas. Pero el operativo dejó interrogantes sobre el alcance de la cooperación entre los gobiernos aliados, el papel de los organismos de seguridad e inteligencia y las consecuencias diplomáticas de haber facilitado la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil.
AL/CM
