La ley que reemplaza a la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre, llega a un sector golpeado por atrasos en los pagos, cierres de instituciones y compensaciones que todavía no se cobraron. El Congreso convirtió en régimen permanente casi todo lo que Javier Milei había vetado el año pasado, pero los prestadores mantienen la cautela.
“Si bien tenemos una ley, tenemos muchas incertidumbres”, resumió ante La Pluma Claudia D’Ippolito, psicóloga prestadora, diplomada en Discapacidad, vinculada a la Asociación Angelito Déficit de L-Carnitina y madre de un hijo con una enfermedad poco frecuente. Su diagnóstico sobre el sector es tajante: “Somos los nuevos endeudados, todos los prestadores”.

D’Ippolito reconoció que la sanción es “un logro del colectivo de discapacidad”, porque el oficialismo, “al no tener los votos, tuvo que acceder a las modificaciones de la oposición”. Pero cargó contra la Casa Rosada: “El sector se encuentra denigrado por este gobierno”, y cuestionó la decisión oficial de “tratar de chorros a las personas con discapacidad, a los prestadores”.
Paola Cerviño, presidenta de Igualar Argentina y fundadora del Frente Argentino de Prestadores al Servicio de la Discapacidad (FAPAD), puso el eje en la plata: “Si no hay financiamiento y si no hay la decisión política del gobierno de cumplir con la ley, estamos exactamente igual”. Y fue terminante: “No hay más tiempo para esperar”.
La desconfianza tiene un antecedente. Cerviño recordó que se recurrió a “una ley de emergencia en discapacidad que nunca se cumplió en su extensión”, y D’Ippolito, que “se reglamentó parcialmente”. El Gobierno la suspendió con el Decreto 681/2025 y la reglamentó con el Decreto 84/2026, después de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenara aplicarla.

La deuda más inmediata son las compensaciones por aranceles desactualizados, que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en 278.323 millones de pesos. “Se liquidaron, se cargaron”, contó Cerviño, pero “todavía no tenemos novedades del pago”. La nueva ley obliga al Ejecutivo a publicar en 30 días un cronograma y a pagar en un máximo de 90.
D’Ippolito, que asegura que “todavía deben la compensación que fue presentada en febrero”, recibió ese plazo con escepticismo: “Esto nosotros hasta que no lo veamos, realmente no podemos tener la certeza de que es algo satisfactorio”. A su juicio, todo depende de que el Gobierno reglamente la ley por completo y tenga las partidas para pagar.
Mientras tanto, la psicóloga describió una cadena de atrasos: “los profesionales están con una demora de 90 a 120 días en algunas obras sociales o algunas adeudan 2025”. Y sostuvo que lo que hoy se abona en las instituciones es “un 50% del gasto que tiene la persona con discapacidad”, con los prestadores sosteniendo el resto del sistema.

Cerviño describió el impacto en la oferta de servicios: “El cierre de servicios y de instituciones en este último tiempo es enorme”. Y advirtió que, en ese proceso, “los profesionales se reconvierten, se van a trabajar a otras áreas”, lo que se traduce en menos prestaciones disponibles para las personas con discapacidad.
“Cada atraso en un pago, va socavando cada vez más (…) la calidad, la cantidad y la continuidad de los servicios que se le prestan a las personas con discapacidad”, explicó la titular de Igualar Argentina, que también reclamó que no haya dilaciones entre la reglamentación de la nueva ley y su puesta en vigencia efectiva.
Para D’Ippolito, las instituciones y el transporte son “el sector que más golpeado quedó”, con deudas que, según dijo, no se van a poder reparar. Apuntó además a que el nomenclador se actualiza con “un índice de inflación por IPC que no refleja la realidad inflacionaria”, algo que castiga al transporte por el precio del combustible.
La psicóloga trajo un ejemplo concreto: el “caso del Cottolengo de Don Orione, que pagaron porque venía el Papa”. Antes de la visita de León XIV, ese hogar de Claypole había conseguido un embargo judicial de 828.708.195 pesos sobre las cuentas del Ministerio de Salud por lo que le adeudaba. “¿Para cuántas instituciones le deben y no les pagan?”, preguntó.

El cuadro se repite en las provincias. Desde fines de agosto, los fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud dejaron de llegar a obras sociales y prepagas, y con ellos se frenó el pago a terapeutas. En Catamarca, Griselda Bazán, presidenta de APYFADIM, denunció este mes reintegros impagos desde mayo.
Qué cambia con la ley
La Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad fija los requisitos de la pensión no contributiva, equivalente al 70% del haber mínimo y compatible con el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos, y suma una evaluación socioeconómica cuyos criterios definirá la reglamentación.
D’Ippolito valoró la compatibilidad entre pensión y trabajo: “Esto es algo que se había hecho en la gestión de Alberto y que esta gestión la había quitado”. Pero advirtió que no alcanza sin empleo real: “El gobierno tiene que mostrar una nómina de empresas que van a estar cumpliendo con el cupo del 4%”.
La norma prevé auditorías con cruces de datos de ANSES, ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, y 60 días de descargo antes de cualquier suspensión. D’Ippolito pidió controles en los que “no sea la persona con discapacidad quien tenga que gastar para ser nuevamente auditada”.

Los aranceles seguirán rigiéndose por un nomenclador único, que se ajustará en forma automática con la movilidad previsional. Las partidas de Salud para el sector no podrán caer en términos reales frente al año anterior y, si no alcanzan, se cubrirán con la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro.
El argumento oficial es fiscal. Con altas graduales de unos 200.000 nuevos titulares, la Oficina de Presupuesto calculó un costo extra de 598.912 millones de pesos para 2027, el 0,04% del PBI, y de 1.209.567 millones en 2028. En el Presupuesto original, Luis Caputo había incluido artículos para desarmar el esquema, luego retirados.
El Ejecutivo tendrá 30 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial para reglamentar la norma. Antes, el oficialismo deberá llevar al recinto de Diputados el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento está previsto para el miércoles 25 y que tendrá que incluir las partidas que la nueva ley convirtió en obligación.
JL/CM










