Tras cuatro días de conflicto y pérdidas millonarias para la cadena exportadora, el Gobierno nacional tomó la decisión de suspender la aplicación del decreto que desregulaba el servicio de practicaje y llegó a un acuerdo con los representantes del sector. Más allá del restablecimiento inmediato de las tareas, el entendimiento contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje y pilotaje.
La suspensión implica, al menos de manera transitoria, un freno a una de las iniciativas emblemáticas del programa de desregulación del Gobierno. El decreto buscaba modificar el régimen vigente desde 1991 mediante la creación de un registro abierto de prácticos bajo la órbita de la Prefectura Naval, habilitar la libre contratación de profesionales y permitir la fijación de tarifas máximas, con el objetivo declarado de reducir los costos logísticos y fomentar la competencia.
La respuesta del sector fue inmediata. Los prácticos dejaron de aceptar nuevos servicios, una medida que inmovilizó más de 185 buques y afectó la salida de granos, combustibles y otras cargas estratégicas. La paralización comenzó a generar preocupación entre exportadores, empresas energéticas y operadores logísticos, que advirtieron sobre pérdidas millonarias y riesgos para el abastecimiento si el conflicto se prolongaba.
En un primer momento, el Gobierno endureció su postura. La Prefectura Naval intimó a más de 500 profesionales a retomar sus tareas y desde la Casa Rosada se evaluaban sanciones administrativas e incluso denuncias penales. Sin embargo, las negociaciones avanzaron durante las últimas horas y derivaron en un cambio de estrategia: el Ejecutivo aceptó dejar en suspenso la desregulación para destrabar el conflicto.
Como parte del acuerdo, se conformará una mesa de trabajo integrada por representantes del Gobierno, las áreas de Seguridad y Defensa y otros organismos competentes para revisar los distintos aspectos de la normativa. Mientras duren esas conversaciones, el decreto permanecerá suspendido y los prácticos retomarán la prestación del servicio de manera inmediata.
El desenlace deja en evidencia las dificultades que encontró el Gobierno para avanzar con una reforma considerada estratégica dentro de su agenda de desregulación. Después de varios días de puertos prácticamente paralizados y con la cadena exportadora afectada, la administración de Javier Milei no tuvo más opción que retroceder en la aplicación de la medida para recuperar la normalidad operativa y evitar que el conflicto siguiera escalando.
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