Al tiempo que el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas, la Justicia Federal ordenó frenar el inicio y la ejecución material del proyecto petrolero “Sea Lion”. La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
La resolución dispone que Rockhopper y Navitas, “en cuanto de ellas dependa”, se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales vinculados con «Sea Lion», denominado León Marino en el expediente. La prohibición se extiende a eventuales ampliaciones y a otros pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.
La cautelar comprende la perforación del lecho y el subsuelo marino, la colocación de infraestructura submarina, conductos, líneas de flujo y sistemas de control. También impide poner en funcionamiento unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, así como ejecutar obras portuarias o terrestres destinadas a respaldar la explotación.
Reacción dividida en los mercados
Tras conocerse el fallo judicial, los mercados reaccionaron de manera dividida. En el caso de la británica Rockhopper, los títulos de la compañía retrocedían esta mañana un 0,85% y cotizaban a menos de US$ 70 por acción. Por el contrario, la israelí Navitas Petroleum avanzaba un 1,18%.
Cabe recordar que la última vez que hubo una declaración manifiesta del Gobierno contra la explotación de hidrocarburos frente a las Islas Malvinas, las acciones de las petroleras sufrieron fuertes caídas. A la mañana siguiente de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció sanciones contra las compañías involucradas en el proyecto Sea Lion, los papeles de ambas empresas se desmoronaron.
La británica Rockhopper llegó a desplomarse un 10% al comienzo de la jornada en Londres y posteriormente moderó la baja, mientras que la israelí Navitas Petroleum retrocedió más de un 2% en Tel Aviv.
Rockhopper y Navitas deberán revelar cómo avanza el proyecto
La jueza Borruto dictaminó que las petroleras deberán presentar, dentro de los diez días hábiles judiciales posteriores a la notificación, una declaración jurada con documentación sobre el estado de Sea Lion.
La información deberá incluir el cronograma de obras y explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; los equipos y las unidades flotantes contratados; los principales contratistas; la estructura societaria; las entidades financieras, los fondos y las aseguradoras involucradas; y los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes.
Asimismo, deberán entregar los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelos de derrames y planes de contingencia, además de precisar qué instalaciones terrestres y portuarias fueron ejecutadas o se encuentran proyectadas.
En esa línea, se les ordenó preservar íntegramente la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa relacionada con “Sea Lion”. Las empresas no podrán destruirla, alterarla ni ocultarla.
El negocio petrolero detrás de Sea Lion
«Sea Lion» ya cuenta con una inversión millonaria comprometida. Rockhopper y Navitas aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto y posteriormente concretaron su financiamiento. El presupuesto estimado para llevar esta etapa hasta su finalización asciende a unos US$ 2.100 millones, incluidos los costos financieros y las contingencias.
El proyecto, además, estaba entrando en una nueva etapa de expansión. En agosto, Navitas anunció la adquisición de una segunda FPSO por unos US$ 125 millones, que podría sumar hasta 125.000 barriles diarios de capacidad y acelerar el desarrollo de nuevas áreas del campo. Rockhopper, que posee el 35% de Sea Lion, anticipó que necesita conseguir financiamiento para cubrir su participación en la nueva inversión y evalúa una ampliación de capital.
De acuerdo con lo trascendido en diversos medios, la Fase 1 del desarrollo de Sea Lion tiene como objetivo la extracción de 170 millones de barriles de petróleo, de los cuales 59,5 millones corresponderían netamente a Rockhopper, con una producción máxima de aproximadamente 50.000 barriles diarios.
Un cálculo aproximado indica que las compañías tendrían ingresos estimados en US$ 17.340 millones, considerando el valor internacional del barril de Brent al 1° de abril de 2026, equivalente a US$ 102.
Se estima que, en la segunda fase, podrían obtener alrededor de 149 millones de barriles, lo que representaría ingresos por US$ 15.198 millones.
Para la tercera fase, la cantidad de barriles descendería a 95 millones, con ingresos estimados en US$ 9.690 millones. En total, se calcula que el país estaría perdiendo alrededor de US$ 40.000 millones. Esa cifra equivale al monto del préstamo otorgado por el FMI al Gobierno de Mauricio Macri.
En caso de que se lograra extraer la totalidad de los 1.700 millones de barriles de petróleo y se mantuvieran estos precios, el impacto económico alcanzaría los US$ 173.400 millones. En otras palabras, se trataría de un monto equivalente a aproximadamente el 25% del PBI argentino, cuyo valor nominal para 2025 se estima en US$ 683.370 millones.
Esto implica que una riqueza potencial equivalente a una porción significativa de la renta energética argentina queda fuera de su órbita, beneficiando a actores extranjeros y consolidando una estructura económica en las islas que refuerza la ocupación británica.
RM/EO
