El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni se acerca a una fecha clave en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Esta semana vence el plazo que le concedió el juez federal Ariel Lijo para presentar las explicaciones y documentación requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien detectó una serie de inconsistencias entre los ingresos declarados por el grupo familiar y determinados gastos, operaciones financieras y movimientos patrimoniales.
El plazo original había sido de 15 días hábiles y venció a fines de agosto. A pedido de la defensa, el magistrado otorgó una extensión por otros 15 días. Según la información difundida por fuentes judiciales, el vencimiento se producirá entre el martes y el miércoles, dependiendo del cómputo del plazo. Ante esa situación, no se descarta que la defensa vuelva a solicitar una prórroga.
El requerimiento de Pollicita surgió después de un informe técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), incorporado al expediente y elaborado a partir del cruce de información proveniente de declaraciones juradas, registros de propiedad, entidades bancarias, plataformas vinculadas con criptomonedas y movimientos migratorios.
El análisis puso el foco en la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del Gobierno, el 27 de junio de 2026. En ese período, de acuerdo con los datos consignados en el expediente, el grupo familiar registró ingresos por $229.752.283,20. La cifra contempla los 35 salarios percibidos por Adorni como funcionario y los ingresos correspondientes a su esposa, Bettina Angeletti.
En paralelo, los investigadores contabilizaron gastos en pesos por $272.820.832,20. Allí aparecen consumos con tarjetas de crédito, expensas, servicios, impuestos, seguros de vehículos, viajes y compras de electrodomésticos, entre otros conceptos. La diferencia entre ambos montos alcanza los $43.068.549, un desbalance que la fiscalía considera necesario explicar.
A ese análisis en moneda nacional se suman operaciones y erogaciones en dólares. La Justicia identificó gastos por US$402.578,12 vinculados con operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, alquileres temporarios y otros consumos. Según el planteo fiscal, esos movimientos no tendrían, hasta el momento, un correlato suficiente con los ingresos lícitos acreditados.
Uno de los principales puntos que deberá responder Adorni está relacionado con el origen de los dólares estadounidenses en efectivo incluidos en sus declaraciones juradas. El tema adquirió relevancia luego de que el ex funcionario incorporara modificaciones en sus presentaciones patrimoniales y atribuyera parte de esos fondos a la venta de activos.
En declaraciones públicas, Adorni había señalado que contaba desde hacía aproximadamente una década con unos US$500.000 en criptoactivos. La fiscalía busca determinar cómo se originó ese capital, qué operaciones realizó, qué activos fueron vendidos y quiénes participaron de esas transacciones. También pretende establecer la trazabilidad de los fondos y su correspondencia con las declaraciones juradas presentadas ante los organismos correspondientes.
El patrimonio inmobiliario de la familia constituye otro de los ejes de la investigación. La fiscalía pidió que se explique el origen de los fondos utilizados para adquirir el lote 380 del country Indio Cuá y las razones por las cuales la propiedad figura a nombre de Angeletti. También deberá justificarse el dinero utilizado para remodelar la vivienda.
En particular, Pollicita puso el foco sobre un pago de US$245.000 realizado al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación integral. La investigación también procura determinar la procedencia de los fondos destinados a la compra de muebles para esa propiedad y para el departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. En este último caso, se trata de pagos realizados en dólares y en efectivo.
El fiscal también pidió precisiones sobre la adquisición de un vehículo marca Jeep, los préstamos que aparecen atribuidos a los familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo y la utilización reiterada de terceras personas para realizar determinadas compras o afrontar gastos. En relación con los préstamos, la Justicia pretende que se acredite su existencia, la fecha en que fueron otorgados, la efectiva entrega del dinero, el destino de los fondos y la evolución de las obligaciones asumidas.
Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con los movimientos financieros de Adorni. La fiscalía pidió que explique cómo se compatibiliza el nivel de gastos registrado en sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos considerados lícitos. También solicitó información sobre acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación que, según el requerimiento, no provendrían de organismos estatales ni de transferencias entre cuentas propias.
Las preguntas alcanzan además a una serie de comprobantes presentados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por operaciones superiores a los $6 millones. Adorni deberá precisar si esas operaciones se concretaron, si fueron canceladas, qué medio de pago se utilizó y cuál fue el origen de los fondos.
La Justicia también pidió explicaciones sobre eventuales deudas con el Banco Galicia, los honorarios notariales correspondientes a tres operaciones inmobiliarias y los motivos por los cuales personas de su entorno aparecen como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas al ex funcionario. A esto se suma una facturación superior a $4 millones emitida por una concesionaria, sobre la que se busca determinar si corresponde a la compra de un vehículo que no fue declarado.
La defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había solicitado la extensión del plazo para poder acceder a la totalidad de la documentación y de las pruebas incorporadas al expediente. Entre los elementos cuyo análisis reclamó se encuentra el contenido del teléfono celular de Tabar, el contratista que intervino en las obras del inmueble de Indio Cuá.
Ahora, el próximo paso dependerá de la presentación que realice el ex jefe de Gabinete y de la evaluación que haga la fiscalía sobre las respuestas. Si las explicaciones y la documentación aportadas resultaran suficientes para despejar las inconsistencias señaladas, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa sin una imputación más gravosa. Si, en cambio, Pollicita considera que persisten interrogantes relevantes, el juez Lijo podría evaluar la posibilidad de convocar a Adorni a una declaración indagatoria.
La causa también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, por los movimientos patrimoniales analizados durante el período investigado. Por ahora, el expediente se encuentra en una instancia de recopilación y explicación de información financiera. El vencimiento del plazo otorgado por la Justicia marcará, por lo tanto, un momento relevante para determinar cómo continúa la investigación sobre el patrimonio del ex funcionario.
AL/CM
