La promesa oficial de que “se vienen los mejores 18 meses” para la economía argentina empezó a chocar con una preocupación cada vez más extendida entre gobernadores, intendentes y dirigentes del peronismo y de sectores dialoguistas del interior: cómo atravesar el segundo semestre sin una profundización de la crisis social, laboral y fiscal en las provincias. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo insisten en que la desaceleración de la inflación y las reformas estructurales abrirán una etapa de crecimiento. Pero el tiempo corre. En las administraciones provinciales admiten en privado que el margen financiero se achica y que crece la incertidumbre sobre el pago de aguinaldos, salarios y programas sociales.
“Empieza el proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio; entonces, a partir de junio se vienen los mejores meses”, aseguró Caputo en una entrevista televisiva, donde defendió el rumbo económico y sostuvo que la industria y la construcción comenzaron a recuperarse tras un duro 2025 y crítico inicio de 2026. El jefe del Palacio de Hacienda afirmó además que la economía entró en “un proceso más virtuoso” basado en la concesión de rutas nacionales, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral. “Cuando vos entrás en un período bueno, esa bonanza se empieza a retroalimentar”, planteó. Milei reforzó ese diagnóstico luego de conocerse el IPC de abril de 2,6% y sostuvo que “la inflación retoma el sendero decreciente”. “El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, afirmó el Presidente.

Sin embargo, detrás de la baja de la inflación aparece otra preocupación: la debilidad de la actividad económica real y el deterioro de las cuentas provinciales. Consultoras privadas comenzaron a recortar sus proyecciones de crecimiento para 2026 a niveles de entre 1% y 2%, muy por debajo de las expectativas oficiales. “La actividad continúa estancada desde el segundo semestre del año pasado. El impulso de sectores como el agro, la minería e hidrocarburos no compensa la mala performance de la industria, el comercio y la construcción”, advirtió Claudio Caprarulo, director de Analytica. En la misma línea, el economista Sebastián Menescaldi sostuvo que “el proceso destructivo está siendo más elevado que el proceso creativo” y alertó que “todavía no vas a ver un boom de inversión”.
La tensión comenzó a sentirse con fuerza en las provincias y municipios. Más de 300 intendentes reunidos en Rosario durante la cumbre del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) denunciaron que la Nación está llevando adelante una “asfixia financiera” sobre las administraciones locales. En un documento conjunto reclamaron fondos para transporte, educación, discapacidad y mantenimiento de rutas, y cuestionaron que el equilibrio fiscal nacional se sostenga “con el despojo a provincias y municipios”. “Las provincias y las ciudades no son un gasto, son el motor que sostiene a la Argentina”, señalaron. Los jefes comunales exigieron además la coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de fondos de ATN que, según afirmaron, acumulan más de 1,3 billones de pesos sin asignación.

La preocupación también escaló entre gobernadores dialoguistas que hasta ahora mantuvieron una relación cooperativa con la Casa Rosada. Durante una cumbre en Rosario, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro admitió que “la gente no llega a fin de mes” y planteó que las provincias están intentando sostener servicios básicos “pese al retiro de la Nación”. El mendocino Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios más cercanos al oficialismo, reconoció que “cruje la economía” y alertó sobre la situación de las pymes y la falta de financiamiento. “Son pocos los sectores que han mostrado crecimiento”, señaló. En paralelo, dirigentes provinciales admiten por lo bajo que crece el temor por el segundo semestre.
La situación ya no distingue a provincias con números en rojo con aquellas que venían ordenadas. Desde el despacho del gobernador Formoseño Gildo Insfrán reconocen que si bien la provincia cuenta con un fondo contracíclico, el cacique peronista ve cómo los recursos se esfuman mes tras mes. «No es una fuente inagotable», reconoce un interlocutor. Una preocupación similar expresó el santiagueño Gerardo Zamora en encuentros privados. La caída de la recaudación anticipa una baja en la coparticipación que recibirán las provincias que ya cuentan con deterioro de los ingresos fiscales y el aumento de las demandas sociales, en algunos casos con escenas dantescas. Esta semana se vio al ministro de educación de Chubut escapar por los techos frente a un reclamo docente.

El trasfondo de esa alarma es el fuerte ajuste sobre las transferencias nacionales. Sólo esta semana el Gobierno recortó más de $970.000 millones destinados a provincias y municipios. La poda incluyó casi $500.000 millones para gastos corrientes provinciales, otros $155.000 millones para servicios sociales y más de $320.000 millones correspondientes a programas de desarrollo regional.
También quedaron paralizadas obras de infraestructura hídrica y saneamiento en varias provincias, entre ellas Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut. El ajuste coincidió además con una creciente necesidad de asistencia financiera de las provincias: Mendoza acordó un anticipo de coparticipación por $325.000 millones; Catamarca negoció otros $150.000 millones y Tierra del Fuego recibirá un desembolso de $80.000 millones para afrontar compromisos inmediatos.

En la Casa Rosada relativizan esas tensiones y sostienen que la recuperación económica terminará fortaleciendo las cuentas provinciales. Milei afirmó que “la demanda de dinero se está recomponiendo”, destacó la caída de las tasas de interés y aseguró que el tipo de cambio “debería estar en $1.100” de no haber intervenido el Banco Central comprando reservas. Caputo, por su parte, insiste en que las reformas laborales y fiscales impulsarán nuevas inversiones y formalización del empleo.
En el interior crece otra discusión: cuánto tiempo podrán las provincias sostener el equilibrio social sin asistencia nacional y con una economía real todavía debilitada y en riesgo de empeorar. La pregunta ya empezó a repetirse en despachos provinciales y municipales de distintos signos políticos: si la recuperación todavía no llega a los bolsillos y la recaudación continúa cayendo, ¿cómo se financiará el segundo semestre y qué ocurrirá después de los aguinaldos?
AL/CM






