Santiago Santurio es diputado nacional por La Libertad Avanza desde diciembre de 2023. Antes de asumir su banca, era profesor y completaba sus ingresos manejando Uber. Dos años y medio después, compró una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester valuada en aproximadamente 300 mil dólares, financiada en un 80% con un crédito hipotecario del Banco de la Nación Argentina por 239.000 dólares a 30 años. Es el mismo Santurio que el miércoles 20 de mayo, durante el debate de Zonas Frías en Diputados, fue increpado por Germán Martínez ante el recinto y abandonó su banca enojado después de que el jefe del bloque peronista lo llamara «atorrante» y lo vinculara a los intereses del asesor presidencial Santiago Caputo en Tierra del Fuego.
La diputada Marcela Pagano lo denunció penalmente por enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de datos en su declaración jurada, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, como causa 2511/2026. La instrucción está delegada en la fiscal Alejandra Mangano.
Los números que no cierran
El ingreso neto de un diputado nacional, descontando Ganancias, aportes jubilatorios, obra social y aporte sindical, es de aproximadamente 4.500.000 pesos mensuales. La cuota del crédito hipotecario que paga Santurio representaría más del 48% de ese ingreso familiar neto —casi el doble del límite del 25% que el propio Banco Nación suele aplicar como tope. La esposa de Santurio, María Celina Aguilar Bugeau, no tiene inscripción activa ante ARCA y no exterioriza ingreso formal. Según la denuncia de Pagano, se dedicaría a la venta de obras de arte religioso y al dictado de talleres, con ventas al exterior en particular a Alemania, pero sin trazabilidad documental.
El sitio Cuánto Deben, que sistematiza información del Banco Central, clasifica a Santurio en la categoría de «riesgo alto» como deudor. Para Pagano, el crédito hipotecario «nunca debió haber sido aprobado por el Banco Nación en aplicación estricta de sus propias normas». El argumento es simple: un diputado nacional no es un empleado público con estabilidad, su mandato vence en fecha cierta y otorgarle un crédito a 30 años —quince veces el plazo restante de su mandato al momento en que lo recibió— configura, en el mejor escenario, una desviación grave del manual de crédito.
Las declaraciones juradas tardías y la sociedad no declarada
A los problemas con el crédito se suma la historia de sus declaraciones juradas. La inicial de 2023, que debía presentar al asumir en diciembre de ese año, la presentó en octubre de 2025: veinte meses de mora. La anual de 2023 la presentó en enero de 2026, con quince meses de retraso. La de 2024, en abril de 2026, ocho meses después de lo requerido. Según la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Santurio declaró un patrimonio de 12 millones de pesos: algo menos de 4,5 millones en una caja de ahorro, 5 millones en efectivo y unos 4.000 dólares distribuidos en dos cuentas. No declaró la propiedad que compró con el crédito del Nación.
Pero la omisión que Pagano considera más grave es otra. Santurio integra desde hace casi 14 años una estructura societaria de tenencia de bienes inmuebles denominada «Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros», creada en 2012 y operativa desde 2013. Según la denuncia, nunca declaró esa participación ante la OA: ni el porcentaje de copropiedad, ni los bienes inmuebles del condominio, ni las rentas locativas que presuntamente percibe desde hace más de una década. Eso configuraría el delito de omisión maliciosa y persistente de datos esenciales en declaración jurada pública.
Santurio no fue el único legislador o funcionario que accedió a créditos hipotecarios del Banco Nación en condiciones cuestionadas. También lo hicieron los diputados oficialistas Mariano Campero y Lorena Villaverde, los funcionarios del Ministerio de Economía Felipe Nuñez y Federico Furiase, y Sharif Menem, asistente del presidente de Diputados Martín Menem. El escándalo por los créditos del Nación a funcionarios y legisladores lleva varias semanas circulando y suma capítulos. El de Santurio es el más detallado hasta ahora en términos de la denuncia penal formal y el que tiene el contraste más llamativo: del Uber al country en dos años y medio.
JD/CM
