Este miércoles se cumplió un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo lleva el mismo tiempo en estado asambleario, ante la detención de su principal dirigente. Este mediodía se reunieron más de 75 legisladores de Unión por la Patria —diputados y senadores de La Cámpora, el Frente Renovador, el MDF, el Frente Patria Grande, Principios y Valores y los representantes sindicales— en el Salón de las Provincias de la Cámara alta para anunciar el envío de un documento formal a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. Lo moderaron el diputado santafesino Germán Martínez y el senador formoseño José Mayans, presidentes de bloque en cada cámara.
Martínez fue el primero en hablar y apuntó directo. «No hay plena democracia con jueces parciales. No hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes. No hay plena democracia cuando la injusta detención de Cristina se ve agravada por condiciones excepcionales y restrictivas», dijo. Y citó a Milei: «El propio Presidente dijo con Majul ‘soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa‘». También mencionó a Macri, quien ante una consulta sobre su posible candidatura en 2027 respondió: «Preguntenle a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo«. Para el peronismo, las frases confirman que la condena fue arbitraria y parte de una estrategia política, no judicial.
«Proscripción política inadmisible»
El texto que los bloques enviarán a la Corte y a la Magistratura esta semana señala que el fallo dejó firme la condena apenas siete días después de que Cristina anunciara su candidatura a diputada provincial bonaerense por la Tercera Sección Electoral —lo que califica como «un tiempo récord que no registra muchos antecedentes en la Corte Suprema argentina». El documento sostiene que esa coincidencia temporal, sumada a lo que llaman «tratamiento exprés y poco responsable del expediente» en coincidencia con «presión mediática sobre el dictado de la condena», son «pruebas directas de la falta de imparcialidad de los magistrados intervinientes».
El texto además acusa que «se trata ni más ni menos que de la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible». Y apunta sobre las condiciones de detención: «Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de una detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina«, dijo Martínez en la conferencia. El documento también señala que se impone sobre ella «un régimen de control político, familiar y social de excepcional severidad».
En el cierre, el texto exige al Poder Judicial «el apego irrestricto a la ley y a la Constitución Nacional» y denuncia que «la democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político. Cuando una decisión judicial priva de libertad, inhabilita de por vida y restringe la vida política de una dirigente política, la afectación alcanza al derecho del pueblo a elegir, a la competencia electoral y a la soberanía popular».
El festival y el banderazo que vienen
La conferencia del Congreso no es el único acto de la fecha. El peronismo también prepara un banderazo y un festival para reclamar por la libertad de Cristina. La movilización busca ampliar la convocatoria más allá del espacio político e incluir organizaciones sociales y sindicales.
Mayans, por su parte, aprovechó la jornada para recordar que ayer también se cumplieron 70 años de los fusilamientos de 1956 y para referirse al hundimiento del crucero Belgrano durante la guerra de Malvinas: «No fue un acto de guerra, fue un crimen de guerra. Porque estaba fuera de la zona de exclusión delimitada por los organismos internacionales. Los soldados que fueron a defender nuestra soberanía merecen respeto». El discurso conectó tres fechas del calendario político argentino que el peronismo entiende como parte del mismo hilo: la resistencia ante el poder judicial ante la condena a CFK, la memoria de 1956 y Malvinas.
JD/CM
