La derogación del Estatuto del Periodista entra en vigencia el 1° de enero de 2027. Por eso, mientras el reloj corre, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y los 22 sindicatos que la integran presentaron en el Senado ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión un proyecto de ley para reemplazar la Ley 12.908, la cual será derogada por la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.
«Necesitamos que el 1 de enero esta norma esté vigente, porque es una protección indispensable para seguir informando a la sociedad», dijo Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN en el plenario realizado en el Salón Illia. La dirigente gremial hizo alusión a que si el Congreso no aprueba el nuevo estatuto antes de que termine el año, los periodistas quedan sin marco legal específico de protección.
La reunión fue moderada por la senadora jujeña Carolina Moisés, titular de la comisión, que encuadró el debate con una imagen: la inteligencia artificial es «el caballo de Troya que pretende reemplazar al trabajo humano«. Estuvieron presentes representantes del CISPREN de Córdoba, la Asociación de Periodistas de Corrientes, la Asociación de Prensa de Santa Fe y el SiPreBA. Disertaron además la periodista y abogada Gabriela Pepe y el periodista Mariano Obarrio. Desde el peronismo, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti llegaron con la reunión comenzada pero anunciaron el apoyo del bloque. La UCR, Convicción Federal, Provincias Unidas e Independencia también estuvieron presentes. El único senador de LLA que asistió fue Pablo Cervi, quien planteó que «hay que escuchar a los dueños de los medios, a los que pagan sueldos a fin de mes«.
IA y Teletrabajo, dos nuevos puntos
El proyecto es una versión comprimida y actualizada del estatuto anterior: de más de 80 artículos pasó a menos de 20, pero manteniendo los principios fundamentales y sumando regulación sobre realidades que en 1946 —cuando se sancionó la norma original— no existían. El eje articulador sigue siendo el artículo que establece la libertad de prensa y de pensamiento como derechos inalienables.
La novedad más relevante es el artículo 23, dedicado a la inteligencia artificial. Establece que la IA puede usarse como herramienta complementaria del trabajo periodístico, pero prohíbe que reemplace totalmente la producción informativa. Obliga a referenciar la autoría cuando se use y a supervisar los resultados. Y exige que los empleadores garanticen capacitaciones en IA y en tecnologías generativas automatizadas. Mariano Obarrio denunció que la IA «está plagiando y usurpando contenidos de los medios periodísticos, lo que afecta tanto a las empresas del sector como a los propios periodistas».
También se incorporan derechos de teletrabajo: las partes pueden acordar voluntariamente los tiempos de conexión hogareña, pero empleador y empleado deben pactar el derecho a la desconexión y la compensación de gastos.
Además, se mantiene la protección especial frente al despido arbitrario, la jornada limitada y el período de prueba. Se suman derechos de cuidado, protección contra la violencia hacia mujeres y disidencias, y preservación de la salud psicofísica. Se incorpora la cláusula de conciencia como defensa de la libertad de expresión. Y se eliminan artículos en desuso —como los vinculados a la matrícula— y se reemplazan las categorías por «áreas» que describen la función periodística independientemente del soporte.
El contexto: caída en el ranking mundial y sala de prensa cerrada
Gabriela Pepe puso el proyecto en el contexto político del momento. Argentina cayó 38 lugares en el ranking de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras y está ahora en el puesto 98 sobre 180 países. El informe de FOPEA registró un 137% más de ataques a la libertad de expresión y 278 alertas de agresiones físicas, verbales y digitales. La periodista también mencionó el cierre de la sala de prensa de Casa Rosada en los últimos días de abril, que describió como «grave», «nuevo» y «preocupante».
El proyecto será enviado formalmente a Mesa de Entradas el viernes. Los giros a comisiones se conocerán este jueves: todo indica que irá a esta comisión y a Legislación del Trabajo, que preside la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Moisés fijó un horizonte de dos meses para que el debate llegue al recinto. La aritmética es ajustada: si el Senado lo aprueba en agosto, todavía tiene que pasar por Diputados antes del 31 de diciembre. El 1 de enero, con o sin nuevo estatuto, la Ley 12.908 deja de existir.
JD/CM
