Al cumplirse el primer aniversario del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y derivó en su posterior detención domiciliaria, el peronismo volverá a movilizarse este miércoles con una batería de actividades políticas e institucionales centradas en denunciar la proscripción de la expresidenta y cuestionar las condiciones de su arresto.
La principal actividad será una conferencia de prensa convocada para las 13 en el Salón Provincias Unidas del Senado, donde legisladores de Unión por la Patria y del bloque Justicialista presentarán un duro documento dirigido a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura. Allí denunciarán que el Poder Judicial “se convirtió en un actor de disciplinamiento político” y reclamarán el fin de lo que consideran una situación “injusta, desproporcionada, restrictiva y arbitraria”.
En el escrito, diputados y senadores expresan “el más rotundo rechazo, preocupación y repudio” a la condena dictada en la causa Vialidad y sostienen que se trata de “una proscripción política inadmisible en tiempos democráticos”. Además, apuntan contra “la falta de imparcialidad de los magistrados intervinientes” y cuestionan las condiciones de detención impuestas a la titular del PJ Nacional.
Según adelantaron los legisladores, el foco estará puesto especialmente en el régimen de prisión domiciliaria que cumple Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111. El reclamo se apoya en un informe elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública presentados ante el Consejo de la Magistratura y otros organismos judiciales.
De acuerdo con ese relevamiento, de un total de 2.513 personas detenidas bajo modalidad domiciliaria en el ámbito federal, solo el 23,96 por ciento utiliza tobillera electrónica y apenas el 1,76 por ciento tiene restricciones de visitas. En el caso de los detenidos por narcotráfico, las limitaciones son todavía menores: solo ocho personas registran restricciones para recibir visitas.
El informe también compara la situación de la expresidenta con la de condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, entre quienes más del 84 por ciento no tiene restricciones de visitas y más de la mitad cuenta con permisos de salida.
Actualmente, CFK solo puede recibir visitas durante dos horas y dos veces por semana, con un máximo de tres personas por día. Para el kirchnerismo, esas condiciones evidencian una finalidad “persecutoria y proscriptiva”.
“La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político”, señala uno de los tramos más duros del documento. Y agrega: “Cuando una decisión judicial priva de libertad, inhabilita de por vida y restringe la vida política de una dirigente, la afectación alcanza al derecho del pueblo a elegir”.
Tras la conferencia, a las 16, organizaciones políticas, sindicales y militantes se concentrarán frente al domicilio de la expresidenta, mientras que para el próximo 20 de junio el peronismo prepara un “banderazo” en Parque Lezama. Los organizadores todavía ultiman detalles del acto, aunque descuentan que volverá a difundirse un mensaje grabado de Cristina Kirchner.
La convocatoria remite inevitablemente a la movilización realizada el año pasado, cuando un fuerte operativo de seguridad montado por el Ministerio de Seguridad obligó a trasladar el acto desde la puerta del domicilio de San José hacia Parque Lezama. En aquella oportunidad, Cristina envió un mensaje de audio en el que llamó a actuar con “sabiduría, creatividad, templanza y coraje”.
En paralelo, distintos dirigentes peronistas difundieron mensajes en respaldo a la expresidenta. Uno de los más contundentes fue el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien afirmó que hace un año “se consumó una enorme infamia a la vista de todos”.
“Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas”, sostuvo el mandatario provincial. Además, vinculó el fallo judicial con el actual contexto económico y político: “Los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones”.
Kicillof también cuestionó la falta de avances en la investigación por el atentado contra la exmandataria ocurrido en 2022 y aseguró que “frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia”.
AL/CM
