La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó la causa que la diputada Marcela Pagano había iniciado contra Javier Milei por el Decreto de Necesidad y Urgencia 264/2026, que autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para los ejercicios «Daga Atlántica» y «Passex» sin que el Congreso lo tratara. Lo hizo en contra del criterio de su propia fiscalía, que había pedido investigar. Pagano ya apeló. Pero la causa judicial es apenas una de las puntas de un conflicto más amplio que el Congreso viene abriendo contra lo que varios bloques de la oposición describen como un alineamiento militar cada vez más explícito con Washington, y que excede largamente el destino de un solo decreto.
El argumento de Capuchetti para archivar fue acotado: la autorización de ingreso de tropas extranjeras no está entre las cuatro materias expresamente vedadas para el dictado de un DNU (penal, tributaria, electoral y régimen de partidos), por lo que el uso del decreto no constituye, por sí solo, un delito penal. La jueza fue cuidadosa en aclarar que eso «no significa afirmar la validez constitucional definitiva» del decreto, una discusión que dejó para la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que todavía no se pronunció, y eventualmente para la Justicia contencioso administrativa.
Rossi: «Es un procedimiento ilegal de un Presidente adicto a los DNU»
El diputado Agustín Rossi marcó a La Pluma la distinción que el fallo deja abierta entre la legalidad del procedimiento y la discusión política de fondo. «La autorización de ejercicios militares que impliquen ingreso de tropas necesariamente tiene que ser por ley. Por lo general el Ejecutivo manda el proyecto a principio de año para que sea aprobado y al año siguiente ya lo puedas usar. Pero tiene que pasar por el Congreso», explicó. Y detalló lo que pasó en este caso puntual: «El Ejecutivo lo mandó fuera de término, tuvieron dictamen el año pasado pero no lo llevaron al recinto, había disidencias de nuestro bloque. No hubo aprobación parlamentaria. Por eso el presidente, adicto a los DNU, lo hizo con un procedimiento ilegal. Es pertinente desde la legalidad el reclamo de Pagano».
Pero Rossi separó esa discusión procedimental de su lectura política, que es más de fondo: «Hay un alineamiento automático con Estados Unidos e Israel y por eso este último ejercicio». Y contrastó con lo que describe como la tradición previa de cooperación militar argentina: «Ejercicios militares con otras Fuerzas Armadas la Argentina ha hecho, la mayoría de las veces en el mar con salida de tropas argentinas al exterior. Es una tarea de cooperación habitual entre distintos países. Argentina los privilegió con países del Cono Sur, por lo menos dentro de nuestra gestión. El ejercicio militar en sí no es pérdida de soberanía. Sí creo que lo es el acuerdo de armada para que buques garanticen, según ellos, la seguridad dentro de las 200 millas: una delegación del custodio de nuestro mar».
El dato más nuevo que aportó Rossi es la existencia de un marco más amplio detrás del ejercicio puntual: el «Escudo de las Américas», una coalición militar que firmaron 17 países impulsada por la administración Trump como alianza hemisférica contra el narcotráfico, por fuera de la OEA. «Todos países con la misma mirada ideológica de Trump. Brasil, México y Canadá no firmaron«, precisó. Para Rossi, ese es el verdadero marco de lectura: «Hay un alineamiento, eso se ve en la política de defensa, que es subsidiaria de la política exterior, y que también se refleja en la Inteligencia».
Juicio político y la «cesión de soberanía»
La denuncia de Pagano no es el único frente abierto en el Congreso por este tema. El diputado de UxP Juan Marino amplió, en paralelo, un pedido de juicio político contra Milei que ya tenía en danza, incorporando el DNU de las tropas como uno de los fundamentos, según pudo reconstruir este medio de fuentes parlamentarias. Y el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, al entender que la iniciativa militar conjunta con Estados Unidos implica una «cesión de soberanía» que el Congreso no llegó a debatir ni autorizar en los términos que exige la Constitución.
Los tres frentes —la causa judicial de Pagano, el juicio político de Marino y el pedido de informes de Paulón— apuntan al mismo núcleo: el Ejecutivo viene avanzando en una agenda de cooperación militar con Washington a un ritmo que el Legislativo no logra seguir ni controlar. El propio expediente judicial reveló un patrón: el DNU 264/2026 no es el primero de su tipo. Los decretos 774/2024 y 697/2025, vinculados también a movimientos de tropas, tampoco fueron tratados todavía por el Congreso.
Ejercicios militares con presencia del Gabinete de Milei
El ejercicio «Daga Atlántica 2026» tuvo, además, una dimensión política que excedió lo estrictamente militar. A la actividad asistieron, además de jefes de las Fuerzas Armadas, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el de Salud Mario Lugones, el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense Peter Lamelas. Días antes, el jefe de la Armada argentina, Juan Carlos Romay, había firmado una carta de intención con la Cuarta Flota del Comando Sur dentro de un programa denominado «Protección de Bienes Comunes Globales» —una categoría que, según especialistas en derecho internacional, no se aplica a aguas de jurisdicción nacional como las que reivindica la Argentina en el Atlántico Sur, según reveló PERFIL.
El recurso de Pagano contra el archivo de Capuchetti ya está en la Cámara Federal, que deberá resolver primero si la diputada puede constituirse como parte querellante y, de ser así, si corresponde reabrir la instrucción tal como había pedido la fiscalía. Mientras esa definición no llegue, y mientras la Comisión Bicameral siga sin tratar ninguno de los tres DNU pendientes, el patrón que describe Rossi —decretos que sustituyen la ley, ejercicios que se acumulan sin debate parlamentario— sigue intacto. El frente judicial, el del juicio político y el del pedido de informes corren en paralelo, pero todos terminan remitiendo al mismo lugar: un Congreso que no logra imponer el control que la Constitución le reserva sobre esta materia.
JD/CM
