La avanzada privatizadora del gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata dictó una medida cautelar que frena el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y ordena preservar sin modificaciones la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en los 26 municipios bonaerenses donde opera la empresa.
La resolución fue adoptada por el juez Mariano López tras una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que había advertido sobre los riesgos que podría generar la venta de la compañía impulsada por la Casa Rosada. Entre ellos, una eventual reducción de inversiones, la paralización de obras estratégicas y una flexibilización de los controles ambientales.
El fallo establece que AySA deberá abstenerse de reducir sus obligaciones operativas, modificar compromisos de infraestructura o postergar proyectos en marcha mientras se analiza el fondo de la cuestión. La medida apunta a garantizar la continuidad de un servicio esencial para millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Privatización con riesgos ambientales
Uno de los aspectos centrales de la decisión judicial es la cuestión ambiental. El magistrado consideró que el proceso de privatización impulsado por el Gobierno no contempla adecuadamente los pasivos ambientales existentes ni ofrece garantías suficientes sobre su recomposición futura. Además, sostuvo que el esquema diseñado por el Ejecutivo no fortalece los mecanismos de prevención y protección vinculados al acceso al agua potable y al saneamiento.
La Defensoría bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, había puesto el foco precisamente en ese punto. Según argumentó, una eventual transferencia de la empresa al sector privado podría derivar en la postergación de obligaciones ambientales y trasladar al Estado costos millonarios vinculados a la remediación de daños acumulados durante años.
La resolución judicial llega en un momento clave. En mayo, el Gobierno lanzó la licitación pública nacional e internacional para transferir el 90% del paquete accionario de AySA, en el marco del programa de privatizaciones habilitado por la Ley Bases. El objetivo oficial es incorporar capital privado y reducir la participación estatal en la prestación del servicio.
Desde la administración libertaria sostienen que la empresa requiere fuertes inversiones que el Estado no está en condiciones de afrontar y argumentan que la privatización permitirá mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, los cuestionamientos judiciales y de distintos sectores sociales apuntan a que el nuevo esquema podría traducirse en menores exigencias regulatorias, menos inversión en infraestructura y mayores dificultades para garantizar el acceso universal al servicio.
El fallo no termina definitivamente con la privatización, pero implica un obstáculo significativo para uno de los procesos de desestatización más relevantes impulsados por Milei. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el Gobierno deberá convivir con una medida que prioriza la continuidad de las obras, la protección ambiental y el acceso al agua por sobre la velocidad del proceso privatizador.
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