El Gobierno autorizó adelantos de coparticipación para las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy por hasta $ 400.000 millones, con una tasa fija del 15%. El objetivo es que las tres jurisdicciones, que dialogan con Javier Milei, puedan afrontar sus compromisos más urgentes. La medida fue oficializada mediante el Decreto 474/2026, publicado en el Boletín Oficial, y quedó bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Según la norma, cada una de las provincias podrá acceder a anticipos financieros por hasta $ 400.000 millones. Sin embargo, el monto definitivo será determinado por la Secretaría de Hacienda en función de la capacidad de repago de cada jurisdicción y de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.
La devolución de los fondos deberá concretarse dentro del ejercicio fiscal 2026. Además, la asistencia devengará intereses calculados sobre una tasa nominal anual fija del 15%, que comenzará a aplicarse desde el momento del desembolso. En ese sentido, el decreto establece que la Secretaría de Hacienda está facultada para firmar convenios individuales con cada provincia, a fin de definir las condiciones de reintegro y otros aspectos operativos vinculados a la asistencia financiera.
Para garantizar la devolución, las tres provincias deberán afectar los recursos que les corresponden por coparticipación federal. En ese marco, autorizarán a la Secretaría de Hacienda a realizar retenciones automáticas sobre esos fondos para cancelar el capital prestado y los intereses correspondientes.
La decisión se suma a una medida adoptada semanas atrás, cuando la administración de Javier Milei habilitó anticipos por el mismo monto para otras 12 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Cómo funcionan los adelantos de coparticipación
Los adelantos de coparticipación son una herramienta de asistencia financiera que permite a las provincias acceder de manera anticipada a recursos que les corresponden por ley. Su objetivo es brindar liquidez y facilitar el ordenamiento de las cuentas públicas en momentos de tensión financiera.
Los fondos provienen de los recursos que las provincias reciben a través del régimen de coparticipación federal. Al anticiparlos, el Estado nacional aporta liquidez inmediata, pero reduce las transferencias futuras, lo que obliga a las administraciones provinciales a equilibrar sus cuentas dentro del mismo ejercicio fiscal.
Las provincias en problemas
Un informe de la Fundación Mediterránea destacó que, en 2025, las provincias cerraron el año con un déficit financiero equivalente al 0,4% del PBI. El dato resulta preocupante si se tiene en cuenta que en 2024 habían registrado un superávit del 0,1% del producto.
«Tras una caída real de los ingresos del 12,8% en 2024 y un ajuste del gasto del 14,9%, las provincias pudieron exhibir ese año un superávit financiero equivalente al 0,1% del PBI», señala el informe. En ese sentido, agrega que «en 2025 revirtieron el ajuste, ya que las erogaciones crecieron más (6,5%) que los ingresos (2,9%), por lo que volvieron a registrar un déficit financiero».
El deterioro de la situación fiscal de las provincias durante el año pasado tuvo como trasfondo el contexto electoral, que suele implicar un incremento del gasto público, una desaceleración de la actividad económica y una reducción de las transferencias hacia los estados subnacionales.
«Si se considera la evolución acumulada entre 2023 y 2025, los ingresos totales de las provincias cayeron un 10,3% en términos reales, mientras que sus erogaciones disminuyeron un 9,4%«, concluye el estudio.
RM/EO
