La Libertad Avanza consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados, pero tuvo que ceder en el punto más sensible del texto: excluir a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen, una huella que apunta directamente al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El despacho, que reunió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, contó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo, además de la firma en disidencia de Gisela Scaglia (Provincias Unidas). El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de agosto.
El cambio no fue una concesión menor: apunta directamente a evitar que se repita lo que pasó con Manuel Adorni. El exjefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, habían adherido al régimen simplificado de la primera versión de la ley mientras estaban bajo investigación judicial por su crecimiento patrimonial, algo que también hizo el exdiputado José Luis Espert en medio de la causa por los fondos que recibió de Federico «Fred» Machado. Ese antecedente fue el que empujó a los bloques dialoguistas a exigir la exclusión apenas el texto llegó a la Cámara baja.
La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de «alta responsabilidad pública» en los tres poderes del Estado durante los cinco años anteriores a la adhesión, y hacia adelante: desde secretarios de Estado en Nación, provincias, municipios y la Ciudad, hasta legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces, fiscales, defensores del Pueblo e integrantes del Consejo de la Magistratura. Esos funcionarios podrán usar el sistema simplificado únicamente como canal para presentar la declaración jurada de Ganancias y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud, ni a la liberación de fiscalizaciones, ni a ningún otro beneficio o inmunidad tributaria del régimen. En los hechos, ARCA podrá revisarlos y sancionarlos bajo las reglas generales ante cualquier diferencia detectada, sin el margen de «discrepancia significativa» (una diferencia de al menos 15%, o un piso de 5 millones de pesos) que sí protege al resto de los contribuyentes.
Sin techos de ingresos y un guiño a las pymes
Más allá del capítulo de los funcionarios, el proyecto elimina los topes de 1.000 millones de pesos de ingresos y 10.000 millones de patrimonio que hoy condicionan el acceso al régimen simplificado de Ganancias, abriéndolo a grandes contribuyentes. También incorpora una reducción permanente del 25% en las multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, y una quita del 50% para ciertas multas anteriores no firmes, si el contribuyente regulariza el incumplimiento.
En el plenario expusieron especialistas y funcionarios. José Ignacio Simonella, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, calificó al proyecto de «mejora» respecto de la ley vigente y remarcó que «no se está tratando de un blanqueo«: «limita la discrecionalidad del fisco. La carga probatoria ahora recae sobre ARCA».
El titular de la UIF, Matías Álvarez, defendió el espíritu de la reforma apuntando al problema de fondo: «La economía argentina tiene aproximadamente un 48% de actividad informal (…) el riesgo no es la existencia del efectivo, el riesgo es el funcionamiento de esta economía informal». Álvarez remarcó que la reforma «de ningún modo» afecta el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La oposición no dejó pasar el volantazo del oficialismo. La diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, le exigió explicaciones a Álvarez por el cambio de postura: «¿Quién nos va a contar cuáles fueron los fundamentos por los cuales han tomado la decisión de modificar este punto tan importante?», preguntó, y le recordó al funcionario que días atrás él mismo sostenía que no había «ninguna posibilidad de ponerle un manto de sospecha a las personas políticamente expuestas».
Tanto Álvarez como el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, evitaron responderle, y cuando Tolosa Paz le pidió a Benegas Lynch que directamente leyera en voz alta el artículo con la modificación, este no lo hizo y dio por levantada la reunión. Desde la izquierda, Nicolás del Caño cuestionó además la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio: «¿Cómo se va a modificar esta situación de permanente elusión y evasión de impuestos si se premia a los evasores con moratorias, blanqueos y regímenes como este?».
Con el dictamen ya en mano, Martín Menem apunta a sesionar el 26 de agosto, en la misma jornada en la que el oficialismo también busca sumar al temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otro de los proyectos económicos que Diputados viene tratando en paralelo. La incógnita que queda abierta es si, después del golpe que significó la ley de propiedad privada en el Senado, el oficialismo logra sostener en el recinto los mismos 44 apoyos que consiguió hoy en comisión. Ese mismo número representaba el grupo de senadores (entre propios y aliados) con el que Patricia Bullrich había construido sus primeras victorias legislativas este año. Ese grupo se rompió y la próxima prueba parlamentaria de LLA pasará ahora por la Cámara baja.
JD/CM
