El deplorable desempeño de la industria y la construcción expone la matriz estructural del actual esquema económico. Los datos oficiales desarticulan la hipótesis de una recuperación de la actividad y consolidan un escenario de estancamiento en un subsuelo productivo. Durante julio las fábricas registraron una caída interanual del 4,9% y la construcción del 4,5%.
La industria exhibe un nivel de actividad que se ubica un 8,8% por debajo del pico registrado en febrero de 2025. Al analizar la serie histórica, el sector manufacturero opera con un volumen 10% inferior al promedio que mantenía antes de la asunción de la actual administración nacional. En paralelo, la construcción registra un cuadro de mayor gravedad, con un desplome del 23% frente a los niveles del gobierno de Alberto Fernández.
El análisis de estos números exige observar el comportamiento de las variables que componen la demanda agregada. Diversas consultoras privadas vinculadas al seguimiento de la economía real advierten que la estabilización de los indicadores financieros y cambiarios se sostiene sobre la base de una recesión profunda en los sectores mano de obra intensivos. Todos coinciden en que las ramas industriales operan con un bajo nivel de utilización de la capacidad instalada. Ante la falta de un horizonte de recuperación del mercado interno, las firmas optan por la reducción de turnos, la suspensión de horas extras y, además, el recorte de las nóminas.
La dinámica de la construcción resulta elocuente. La retracción del 23% respecto del período previo a esta gestión se explica por la conjunción de dos factores determinantes. Por un lado, la decisión del Gobierno de llevar a cero la obra pública eliminó de manera directa el principal componente dinamizador de la actividad, afectando a toda la cadena. Por otro lado, la inversión privada en el sector enfrenta una doble barrera: el incremento del costo de la construcción medido en moneda extranjera y la ausencia de líneas de crédito hipotecario accesibles para los sectores de ingresos medios. Sin obra pública y con el sector privado restringido por los costos, la construcción pierde su rol histórico de multiplicador económico.
La contracción simultánea de la industria y la construcción tiene un mecanismo de transmisión directo hacia el mercado de trabajo y la estructura de ingresos. Ambos sectores concentran una proporción mayoritaria del empleo asalariado, tanto en su segmento formal como informal. La caída en los niveles de producción no se resuelve únicamente mediante la liquidación de stocks, sino que decanta en la destrucción neta de puestos de trabajo y en el congelamiento de las negociaciones paritarias. El mercado laboral absorbe el impacto recesivo a través de dos vías: el aumento del desempleo abierto en actividades como la construcción y la licuación del poder adquisitivo de los salarios.
Este deterioro en el flujo de ingresos de los hogares es la variable que explica el comportamiento del mercado de crédito y el incremento de la morosidad. Los registros del Banco Central marcan que la cartera irregular alcanzó un nivel del 12,9% en julio. Este indicador no es el resultado de un proceso previo de expansión del crédito bancario destinado a la inversión o a la adquisición de bienes durables. Por el contrario, refleja la incapacidad de los asalariados para cubrir el costo de vida corriente. Datos recientes elaborados por entidades de estudio socioeconómico indican que el 58,7% de las familias recurre a algún tipo de financiamiento. Esta toma de deuda no se orienta al consumo suntuario, sino al pago de alimentos, tarifas de servicios públicos y gastos ineludibles de salud y educación.
La morosidad récord es el síntoma de una macroeconomía quebrada. Los hogares financian sus déficits mensuales mediante el pago mínimo de las tarjetas de crédito, la compra al fiado en comercios de proximidad o la solicitud de préstamos a familiares e instituciones financieras no bancarias con tasas usurarias. Cuando el salario real retrocede de manera constante frente a la inflación de bienes básicos, el crédito deja de ser una herramienta de apalancamiento patrimonial para transformarse en un mecanismo de estricta supervivencia. El quiebre en la cadena de pagos de las familias es la consecuencia aritmética de la destrucción del empleo en la base productiva del país.
El esquema político actual presenta la acumulación de reservas y el superávit fiscal como objetivos absolutos. Sin embargo, los reportes del Indec sobre industria y construcción revelan que esos resultados financieros se obtienen mediante la supresión de la demanda interna y el apagón del entramado productivo urbano. Un modelo económico que delega la generación de divisas exclusivamente en los sectores primarios extractivos -como la minería, la energía y la agroindustria- carece de la densidad necesaria para absorber la oferta laboral del país. La falta de empleo, el atraso salarial, el récord de morosidad y la parálisis de las fábricas y las obras no son externalidades negativas temporales, sino objetivos buscados en el modelo de ajuste libertario.
