El reclamo por los fuertes aumentos en las tarifas de electricidad volvió a instalarse. En el Partido de La Costa, en medio del debate nacional por la modificación del régimen de Zona Fría, vecinos de distintas localidades reclamaron frente a las oficinas de EDEA por los valores de las últimas facturas, que en algunos casos, superan el millón de pesos y alcanzan hasta los $2 millones.
Las protestas comenzaron en San Clemente del Tuyú y se trasladaron a Santa Teresita. Tras varias horas de manifestación este lunes frente a las oficinas de EDEA, los manifestantes convocaron a una nueva concentración para este martes desde las 8.30.
Vecinos, comerciantes y prestadores turísticos exhibieron sus boletas y reclamaron respuestas por montos que consideran imposibles de afrontar. Uno de los manifestantes relató que recibió una factura de $1,5 millones, después de haber pagado alrededor de $600 mil. “Nos morimos de frío. Estamos en La Costa, nos morimos de frío. No prendemos una estufa”, expresó durante la protesta.
Ver esta publicación en Instagram
Otro vecino describió un escenario similar y habló de facturas de hasta $2 millones. “Tener una boleta de un millón de pesos, algunas de 2 millones o más de 2 millones de pesos y un promedio de 400.000 pesos más o menos por familia, por bimestre, es una locura”, sostuvo.
El impacto también alcanza a los jubilados. Una vecina contó que su factura pasó de unos $200 mil a $750 mil y planteó las dificultades para afrontar el pago con sus ingresos: “O pagás la luz, que no me alcanza lo que cobro para pagarla, o comés”.
Los manifestantes remarcaron que el reclamo no apunta a desconocer la obligación de pagar el servicio, sino a cuestionar los montos de las facturas y solicitar la revisión de las liquidaciones. También pidieron que se suspendan los cortes por falta de pago y reclamaron la presencia de representantes de la empresa con capacidad para brindar respuestas.
Según supo La Pluma, el planteo ya comenzó a trasladarse al ámbito institucional. En San Clemente, los vecinos anticiparon que presentarán una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar el acompañamiento de los concejales y evaluar medidas frente al impacto de los aumentos. Entre las alternativas que analizan se encuentra la presentación de un amparo colectivo.
De dónde sale el valor de la factura
En medio de las protestas, desde la Cooperativa de Servicios Públicos de La Costa (CESOP) aclararon que las distribuidoras y cooperativas no son quienes determinan de manera unilateral el valor de la tarifa eléctrica.
El presidente de la entidad, Miguel Oeyen, explicó al medio local La Opinión de La Costa que la tarifa es establecida por la provincia de Buenos Aires y regulada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (OCEBA). Según detalló, las cooperativas realizan mensualmente la toma de los medidores y envían los consumos registrados, mientras que los valores a cobrar son determinados a partir del esquema tarifario provincial.
Oeyen también señaló que la factura no depende exclusivamente de la cantidad de kilovatios consumidos, sino que contempla distintos componentes vinculados con el momento en que se utiliza la energía, los picos de potencia y otros cargos. A eso se suman los impuestos que impactan sobre el monto final.

El reclamo y la discusión por la Zona Fría
El conflicto por las boletas de electricidad se produce mientras continúa abierta la discusión nacional sobre el régimen de Zona Fría, que establece descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en las facturas de gas para usuarios de distintas regiones del país.
El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma para reducir el universo de beneficiarios y dejar fuera del régimen a unos 90 distritos bonaerenses que actualmente cuentan con el descuento. La iniciativa generó resistencia entre sectores de la oposición y también entre aliados legislativos del oficialismo, que plantearon la necesidad de contemplar el costo de la electricidad en determinadas regiones mediante una denominada “Zona Cálida”.
Aunque se trata de regímenes diferentes —uno alcanza al gas y el otro apunta al consumo eléctrico—, el debate tiene un punto de contacto: el impacto que tienen las tarifas energéticas sobre los hogares y las actividades económicas en distintas regiones de la provincia.
En La Costa, donde los vecinos denuncian facturas de cientos de miles de pesos y, en algunos casos, de hasta millones, la discusión vuelve a adquirir una dimensión concreta.
La advertencia de Guerrera
El debate sobre la Zona Fría ya había sido cuestionado por el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien en mayo había advertido sobre las consecuencias que tendría la modificación del régimen para la provincia.
“Con el argumento del déficit cero vienen ocurriendo cosas que nos muestran un falso equilibrio que va incrementando el déficit social”, había planteado el diputado del Frente Renovador.
Guerrera había señalado que la reforma impulsada por La Libertad Avanza afectaría a unos 90 distritos bonaerenses y defendió la continuidad de los descuentos para los usuarios alcanzados. “El equilibrio se puede encontrar en otras cosas y no en perjudicar a las y los bonaerenses”, sostuvo.
Ver esta publicación en Instagram
Durante aquella intervención también afirmó que existe “una intención deliberada que se sostiene desde hace dos años de restarle recursos a la Provincia” y cuestionó que la reforma tuviera como objetivo mejorar las cuentas públicas. Según planteó, podía terminar generando “malestar en la sociedad”.
“Esta ley, que tiene media sanción, tiene un objetivo primordial: la provincia de Buenos Aires. Los legisladores bonaerenses tenemos que dejar de lado las diferencias”, había convocado.
Mientras el debate legislativo sobre el futuro de la Zona Fría continúa pendiente, en La Costa el problema del costo de la energía ya se tradujo en protestas, pedidos de revisión de facturas y reclamos institucionales. La discusión sobre los subsidios y las tarifas, que suele plantearse en términos legislativos y presupuestarios, tiene allí una expresión concreta: familias, jubilados y comerciantes que aseguran no poder afrontar las boletas que reciben.










