La Justicia embargó dispuso un embargo del sueldo del senador de LLA por San Luis, Bartolomé Abdala, quien además ocupa el cargo de presidente provisional del Senado. No solo abre un frente judicial más sobre un libertario, sino que también expone a Victoria Villarruel en un día particular para la vicepresidenta, que este lunes cumple años, en medio de las tensiones internas que mantiene con la Casa Rosada.
No se trata de un senador más. Abdala ocupa el segundo lugar en la línea sucesoria presidencial y, de hecho, ya quedó a cargo del Ejecutivo durante algunos días en ausencia de Javier Milei y la propia Villarruel. Ese dato le da otra dimensión al caso: el impacto institucional trasciende la deuda fiscal que originó la medida.
Según informó Clarín, la Justicia de San Luis ordenó embargar la dieta del legislador hasta cubrir una deuda impositiva de 45 millones de pesos en concepto de impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales. El oficio fue emitido el 6 de abril e ingresó en las últimas horas al Senado, donde deberá ser ejecutado conforme a los procedimientos administrativos del cuerpo.
Desde el entorno de Villarruel buscaron despegarla del tema. “El oficio ingresó al Senado, ahora se girará al área pertinente para aplicar —de corresponder o no— las deducciones”, explicaron a La Pluma. Y aclararon: “Es un requerimiento de la Justicia, no depende de Villarruel lo que pase con la dieta de Abdala”.
El problema para la vicepresidenta no es jurídico, sino político. Abdala es uno de los pocos dirigentes con los que aún mantiene vínculo dentro del oficialismo, en medio de la creciente distancia con el Ejecutivo. Sin embargo, esa relación también arrastra tensiones.
El senador comenzó a moverse con autonomía propia y apareció en reuniones de gabinete en Balcarce 50, un gesto que en el entorno de la vice leyeron como un avance sobre su figura, ya que Villarruel fue desplazada de esos espacios por la interna con el círculo más cercano a Milei, y quedó así doblemente incómoda: aislada del Gobierno y ahora expuesta por un dirigente de su órbita.
El embargo profundiza ese escenario. No solo por el impacto mediático, sino porque pone en discusión la situación patrimonial de un funcionario clave en la estructura institucional del país. Según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Abdala informó poseer cinco inmuebles, tres vehículos y un patrimonio cercano a los 197 millones de pesos.
Abdala habla de “persecución” y apunta a Poggi
El propio Abdala salió a responder con dureza. En sus redes sociales denunció una “operación burda” y acusó al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, de impulsar una persecución política en su contra.
“Poggi no me vas a callar”, escribió el senador, quien además vinculó la medida con el escenario electoral de 2027. “Sabe que La Libertad Avanza lo va a golear”, sostuvo.
En la misma línea, su entorno reforzó ante La Pluma la idea de una ofensiva política: “El expediente está reservado y se trata de un tema de clara persecución política. Hasta que el senador no pueda acceder, no puede agregar nada del caso”.
Del otro lado, la administración provincial rechazó esa interpretación. La directora provincial de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, sostuvo en diálogo con medios locales que la política tributaria se basa en la capacidad contributiva y apuntó directamente contra Abdala: afirmó que se trata de un contribuyente con recursos que no cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. También remarcó que la provincia inició miles de juicios similares en el marco de su política de recaudación.
La oposición toma nota
Más allá de la disputa en San Luis, el impacto más inmediato se juega en el Congreso. En el oficialismo temen que el tema sea llevado al recinto en las próximas sesiones por la oposición.
El peronismo ya viene construyendo una estrategia de acumulación sobre los distintos escándalos que rodean al Gobierno: desde las denuncias por presuntas coimas en el área de discapacidad, pasando por el caso $LIBRA, hasta las inconsistencias en el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En ese esquema, la situación de Abdala ofrece un nuevo frente. No solo por tratarse de un dirigente de La Libertad Avanza, sino por su peso institucional dentro del Senado.
El riesgo para el oficialismo es claro: que un problema provincial se transforme en un caso político nacional y termine colándose en la agenda parlamentaria, en un momento donde cada sesión se vuelve un terreno de disputa.
En la Cámara alta, donde los equilibrios son frágiles y las tensiones están a flor de piel, el embargo al presidente provisional ya dejó de ser un tema administrativo. Es, ahora, una señal de alerta.
JD/CM
