La justificación del Gobierno al accionar del comisario Gustavo Gauna comienza a derrumbarse por su propio peso. El comisario de la Federal, fotografiado de civil y armado mientras disparaba contra los manifestantes frente al Congreso el jueves pasado, fue defendido por Alejandra Monteoliva con argumentos rápidamente desmentidos por organismos de derechos humanos.
La ministra de Seguridad defendió ayer al policía alegando que el arma era «de estruendo» y que «lo único que hace es ruido»: «¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, estruendo«, dijo durante su exposición con el Círculo Rojo cordobés, en la Bolsa de Comercio de la provincia.
Monteoliva también intentó justificar la falta de identificación de Gauna : «Es probable que el comisario o subcomisario haya tenido su placa colgada», planteó, algo que las propias fotos del operativo desmienten. Se victimizó además con las fuerzas propias: «Tengo personas con lesiones en columnas, irrecuperables. Tengo 200 efectivos que quedaron con lesiones por la marcha del jueves.»
El derrumbe del relato
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) enterraron la defensa del Ejecutivo. «Esas escopetas pueden cargar cartuchos de estruendo pero también postas de goma y de propósito general, de plomo. Los cartuchos de estruendo vienen incluso del mismo color que los de plomo, azules», explicaron a La Pluma.
La distinción técnica es clave: a diferencia de los cartuchos de perdigones, que tienen un taco concentrador de plástico, los de estruendo llevan una carga de pólvora que genera ruido. Por eso, precisaron desde el CELS, «no deben dispararse a corta distancia porque puede generar lesiones graves», algo que la ministra omitió al hablar de «inocuidad».
Desde el organismo recordaron además que las escopetas calibre 12/70, como la que portaba Gauna, tienen un historial de hechos fatales en la Argentina: las muertes del 20 de diciembre de 2001, los homicidios de Kosteki y Santillán, las muertes en el Parque Indoamericano en 2010 y los heridos en el desalojo de la Sala Alberdi en 2013 fueron causados por perdigones de plomo disparados desde ese tipo de armas, en episodios donde los efectivos «suelen alegar que confundieron los cartuchos».
La responsabilidad política
Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, encuadró lo del jueves como parte de un patrón: «Hay una escalada en la violencia, en el desborde de la represión, que se inscribe en la serie de respuesta del gobierno federal cuando en el Congreso se está decidiendo un proyecto central para el Gobierno nacional», dijo a este medio, y trazó una línea directa con la represión del 12 de junio de 2024, durante el debate de la Ley Bases, cuando fueron detenidas 33 personas.
Darraidou detalló hechos puntuales de la jornada del jueves: un camión hidrante que disparó agua directamente contra un colectivo de línea con pasajeros; efectivos «levantando evidencia» de sus propios disparos; y agentes de Prefectura que arrojaron gas pimienta a centímetros del rostro de fotógrafos que retrataban una detención. También señaló el uso de la misma pistola lanzagases con la que fue herido Pablo Grillo, prohibida para la Policía Federal hasta diciembre de 2023 y empuñada, según describió, con la misma maniobra paralela al piso que está vedada por los protocolos.
Sobre Gauna en particular, fue tajante: la presencia de un policía armado de civil «va en contra de todos los estándares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas», y estuvo prohibida para la Federal hasta diciembre de 2023. «Monteoliva omite contar el cuento completo, porque esa escopeta puede cargar estruendo, pero también balas de goma y de plomo. Entonces, claro que tiene que rendir cuentas: es la gran responsable política», expresó.
La causa penal y el pedido de indagatoria
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Monteoliva y Gauna por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales, y pidió que ambos sean citados a indagatoria. El escrito también reclama apartar preventivamente a Gauna de sus funciones mientras avanza la investigación, y determinar si la presencia de civiles armados fue parte de un operativo autorizado o una decisión individual.
La causa se suma al pedido del diputado socialista Esteban Paulón para citar a Monteoliva ante la Cámara de Diputados. Hasta el momento, ni el Ministerio de Seguridad ni la Policía Federal aportaron una explicación oficial sobre por qué un efectivo armado y sin uniforme participó del operativo que dejó 29 detenidos y decenas de heridos frente al Congreso.
JL/CM
