Después de varias semanas de tensión, el gobierno consiguió una victoria judicial con alto impacto político. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal suspendió la medida cautelar que frenó más de ochenta artículos de la Ley 27.802 de Reforma Laboral, sancionada por el Congreso en febrero. Gracias a la decisión del camarista Víctor Arturo Pesino, quedó sin efecto la medida judicial que decidió su colega de primera instancia Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado nacional del Trabajo N° 63. Ahora, después de obtener un fallo favorable en cámara, el Gobierno denunciará al magistrado que frenó la aplicación de la reforma laboral, aunque su decisión ya fue anulada. El juez decidió suspender los 80 artículos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, el planteo de inconstitucionalidad que presentó la CGT.
Parece un desquite, pero la ofensiva contra Ojeda tiene otro fundamento, más allá de parecer un castigo ejemplificador. En el Gobierno aseguran que va más allá de su intervención para frenar la aplicación de la nueva ley laboral. Puertas adentro del oficialismo señalan al juez por cuestionar la intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, en la causa. Lo acusan de querer difamar al ex viceministro de Justicia al difundir que no cuenta con matrícula para ejercer como abogado. Furiosos, desde el Ejecutivo hicieron saber que un fallo de la justicia de Tierra del Fuego habilita al abogado caputista a ejercer sin matrícula en los casos que competan al Estado Nacional. Pese a las aclaraciones pertinentes, en Casa Rosada juraron venganza.
Mientras avanzaba la estrategia de presentar un per saltum a la Corte Suprema de Justicia para que la misma se expida sobre la cautelar presentada por la CGT, desde el círculo del actual Procurador del Tesoro aseguraron que denunciarán al juez Ojeda por abuso de autoridad. El litigio podría iniciarse en las próximas horas y tendría al propio Amerio como parte denunciante.
En contraposición al castigo, hubo un premio. Fue por el aporte determinante del camarista Pesino. Este viernes amaneció con la noticia de que su prórroga para ejercer su cargo dentro de la Sala VIII por otros cinco años, pese a haber cumplido 75 años en las últimas semanas. Es el limite para el ejercicio del cargo, salvo una prórroga que repita el trámite original, es decir, el envío nuevamente del pliego para refrendar un quinquenio más.
Lo mismo está a un paso de conseguir el integrante de la Cámara de Casación Penal, Carlos «Coco» Mahiques, padre de Juan Bautista, ministro de Justicia. Su prórroga fue enviada al Senado, ya pasó por la Comisión de Acuerdos, Coco compareció y obtuvo dictamen para que el Senado finalmente cierre el pedido. Pesino espera lo mismo, es decir, que también deberá afrontar un paso por la Cámara Alta. La oposición lo estará esperando.
La decisión ejecutiva de iniciar el trámite sucedió apenas diez horas después de que se conozca la resolución judicial que dejó vigente la reforma laboral, La firmó el ministro Mahiques y luego se publicó en Boletín Oficial el envío del pliego del juez que falló en favor del gobierno de Javier Milei.
El fallo del juez en favor del gobierno fue festejado como un mundial dentro del oficialismo. «No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», tuiteó el presidente de la nación ni bien se conoció la noticia. A las celebraciones se sumó, también, la Procuración General del Tesoro que ofició como patrocinante legal del ministerio de Capital Humano, dependiente de la Secretaria de Trabajo, a cargo de Sandra Pettovello y Julio Cordero, respectivamente. Mediante un comunicado, la procuración refuerza su cuestionamiento contra el juez Ojeda y advierte que mantendrá abierta todas las instancias de disputa jurídica luego de que la CGT confirmara que apelará el fallo de Cámara.
“El Gobierno Nacional ha trabajado incansablemente, adoptando todas las medidas legales e institucionales necesarias, para garantizar la implementación de una reforma que atravesó el debido proceso de debate, sanción y promulgación, y que tiene por objetivo terminar con un sistema arcaico, de más de 50 años, que fracasó y dejó a millones de argentinos en la informalidad”, reza el comunicado.
Si bien dentro del gobierno reconocen el aire que les brindó este fallo judicial, puertas adentro admiten que el partido todavía no está ganado y apuestan a que la Corte Suprema acepte tratar el caso en última instancia y el fallo sea favorecedor para el oficialismo. Si bien el pedido de per saltum fue presentado por el gobierno hace poco más de una semana, el máximo tribunal dispone de todo el tiempo del mundo para decidir si acepta, rechaza o toma el caso. Lo aleatorio del caso supone para el oficialismo una complicación extra, que advierte la extensión del tema en el tiempo y, por consiguiente, la no resolución y aplicación de la ley.
En las últimas horas, sin embargo, los humores dentro del gobierno mejoraron. Según trascendidos judiciales, la Corte a cargo de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkratz habría comenzado a mover el expediente y los más esperanzados creen que darán lugar el recurso presentado por el oficialismo y podrían aceptar tratar el caso de la reforma laboral. Por el momento, todo se sostiene bajo sospechas.
Como sea, lo cierto es que el gobierno continuará con sus proyectos reformistas -el próximo capítulo que aspiran escribir es conseguir la sanción de la reforma política con la que buscan eliminar las PASO y modificar la Ley de Partidos Políticos. Con esa batería tienen la esperanza de recuperar la agenda de gestión luego de más de un mes con la causa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, como monotema de conversación.
En este marco, además, el ministro de Justicia continuará presentando nuevos pliegos judiciales que le permitan no sólo comenzar a destrabar las más de trescientas vacantes vigentes en la justicia federal, también enviarle un guiño a la Corte que esgrimió meses atrás su preocupación por la falta de acción del gobierno para suturar un vacío que empieza a complicar el funcionamiento del servicio judicial.
TS/CM
