Durante casi dos horas, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger se reunieron antes de finalizar la semana en el despacho de la senadora, con el objetivo de cerrar de una vez la letra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya acumula quince versiones distintas y cuatro postergaciones en el recinto. «Conversamos las razones de los cambios acordados con los senadores, les mostramos cuál es el dictamen, estuvimos de acuerdo así que vamos a llevarlo el 6 (de agosto) al recinto«, confirmó Bullrich a la salida del encuentro. Fue el jueves y al día siguiente comenzaron a resurgir las fragilidades y las dudas. A pesar de haber reescrito el proyecto a lo largo de 16 versiones, las ofertas del oficialismo no alcanzan.
Del lado libertario participaron el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; también estuvieron presentes asesores de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones que trabajaron el proyecto, y un representante de los bloques federales para trasladar los reclamos de los gobernadores.
El antecedente de la última sesión que se cayó
El capítulo que hizo caer la sesión de la semana pasada fue un agregado impulsado por un sector del radicalismo y la senadora salteña Flavia Royón, que habilitaba a cada provincia a fijar su propio régimen para la venta de tierras rurales a extranjeros. Para el Ministerio de Desregulación, esa modificación equivalía a «fragmentar la Constitución Nacional en 24 territorios«. Ante el riesgo de que el proyecto entero se cayera, Bullrich pidió el cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Según el propio relato de Bullrich acordaron sostener la versión con la que se iba a debatir aquel día: las provincias mantienen su rol en la autorización de venta de tierras rurales, en lo que la senadora definió como «una mirada federal respecto al uso de la tierra«. «Le explicamos que los cambios tenían que ver con sumar a las provincias, porque muchas veces tienen en zonas fronterizas proyectos que no pueden ser un trámite burocrático», relató, según consignó El Parlamentario.
Sturzenegger, de todos modos, no llegó del todo convencido a la reunión. Nunca quiso aflojar ese punto y mucho menos desempoderar al Gobierno frente a las provincias. «Tenía algunas dudas, se las aclaramos», reconoció Bullrich, aunque matizó: «Hay una unidad de criterio pero después hay competencias», y agregó que cree «que no lo van a hacer» (vetarlo).
El proyecto ya avanzó a una decimosexta versión, que en esta semana de receso sumó una cláusula al capítulo de tierras para resguardar condiciones ambientales en las ventas autorizadas.
«La soberanía es otra cosa»
Frente a las críticas de la oposición, la CGT y la Iglesia, que vienen denunciando que el proyecto compromete la soberanía nacional, Bullrich fue categórica: «La soberanía es un concepto de protección de una nación; un pedazo de tierra es simplemente un título dominial. El concepto de soberanía es otro, la defensa de los intereses estratégicos del país; el concepto de la tierra es lo productivo, no tiene nada que ver«, sostuvo a los medios acreditados en el Parlamento. Y citó la Constitución: «Nuestro artículo 20 es claro en que cualquier persona de cualquier nacionalidad puede tener actividades en la Argentina, regidos sobre leyes argentinas. Si un extranjero que tiene un campo hace algo ilegal, le vale la misma ley«.
La reunión llegó, además, apenas dos días después de que Bullrich y Victoria Villarruel se hubieran encontrado en el Senado para intentar bajar la tensión tras el cruce de mensajes que escaló hasta una denuncia por amenazas entre colaboradores de ambas. Ese encuentro se dio «en términos normales», aunque el vínculo entre las dos dirigentes atraviesa su momento más complejo.
Dudas entre los aliados
Del lado de los bloques dialoguistas, la radical Carolina Losada, consultada por la prensa en la Exposición Rural de Palermo, se mostró convencida del desenlace: «Calculo que en la primera semana de agosto vamos a aprobarla, igual que el proyecto de ley sobre falsas denuncias«. En el oficialismo, mientras tanto, la consigna que se repite es la misma desde hace semanas: «Los votos van a estar«.
Ese optimismo, sin embargo, convive con un panorama más incierto puertas adentro del propio arco aliado. En la última sesión fallida, la votación estaba cerca de un virtual empate que hubiera obligado a Victoria Villarruel a desempatar con su voto como presidenta del cuerpo. Entre esos senadores «dialoguistas» circula la pregunta de qué interés concreto explica la insistencia del Gobierno con este capítulo puntual que tanta controversia genera. El contexto mundialista que puso hasta en escena el histórico reclamo de Malvinas incomoda a buena parte de la Cámara Alta para poner su voto en un proyecto que facilita la venta del territorio nacional a extranjeros.
Con el Senado formalmente en receso hasta agosto, lo que queda pendiente es que ese acuerdo alcanzado en el despacho de Bullrich se traduzca en los votos concretos que, hasta ahora, cuatro veces consecutivas no estuvieron.
JD/CM
