El juez federal Ariel Lijo ordenó realizar un peritaje técnico sobre los audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos retornos vinculados a contrataciones públicas y referencias directas a Karina Milei y al entorno de los Menem. De esta forma, la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una etapa clave.
El resultado de la medida judicial marca un punto de inflexión en el expediente que a partir de esas grabaciones investiga sobreprecios y direccionamiento de compras médicas, pero que con el correr de los meses sumó a los audios, chats, cuadernos con anotaciones y sospechas de lavado de dinero.
Los audios fueron difundidos por los medios y rápidamente quedaron en el centro de la escena política. En uno de ellos, atribuido a Spagnuolo, se hace referencia a un supuesto “3%” destinado a Karina Milei sobre operaciones vinculadas a la compra de medicamentos e insumos médicos. Desde el inicio, la defensa del ex funcionario sostuvo que las grabaciones fueron manipuladas mediante inteligencia artificial y reclamó la nulidad de la prueba.
Ahora, Lijo dispuso que la Gendarmería Nacional avance con un estudio integral sobre las grabaciones. La pericia buscará determinar si los archivos fueron editados, si existen cortes o montajes y si efectivamente la voz corresponde a Spagnuolo. Para ello, el magistrado pidió una muestra de voz indubitable del ex funcionario.
Sin embargo, la defensa encabezada por Mauricio D’Alessandro ya anticipó una estrategia orientada a cuestionar toda la validez técnica del material. El perito de parte designado, Marcelo Torok, ingeniero especializado en informática forense, presentó un extenso planteo donde exige analizar la cadena de custodia, los metadatos originales, la fecha de creación de los archivos y posibles alteraciones digitales.
Entre los puntos más sensibles del planteo aparece la sospecha de que los audios podrían ser un montaje compuesto por fragmentos distintos. Según la hipótesis defensiva, una parte de la grabación tendría sonido ambiente y otra correspondería a una llamada telefónica, unidas artificialmente para construir un relato incriminatorio. También cuestionan que jamás se escuche con claridad al supuesto interlocutor de Spagnuolo.
La discusión técnica alrededor de los audios ocurre mientras la causa avanza sobre un esquema de presuntas contrataciones irregulares dentro de la ANDIS. La investigación del fiscal Franco Picardi sostiene que existió una asociación ilícita integrada por funcionarios y empresarios que direccionaban licitaciones vinculadas a medicamentos, prótesis, ortopedia y dispositivos médicos de alto costo.
El expediente ya tiene decenas de imputados y varios procesamientos. Para la Justicia, Spagnuolo ocupaba un rol central dentro de la estructura. Se lo acusa de haber encabezado un sistema que utilizaba compulsas de precios simuladas para beneficiar a empresas previamente seleccionadas.
Las auditorías realizadas por el Ministerio de Salud durante la intervención posterior del organismo reforzaron esa hipótesis. Informes incorporados a la causa detectaron diferencias de hasta 4239% entre el valor pagado por la ANDIS y los precios de referencia de mercado en productos como andadores, sillas de ruedas y otros insumos para personas con discapacidad.
Uno de los casos más emblemáticos involucra la compra de válvulas bicaval transcatéter. Según la documentación oficial, la ANDIS pagó alrededor de $425 millones por esos insumos, mientras que meses antes el PAMI había adquirido el mismo producto por poco más de $124 millones. La diferencia quedó bajo sospecha de sobrefacturación.
Además de las auditorías, la investigación se apoya en mensajes extraídos de teléfonos secuestrados, registros del sistema SIIPFIS —la plataforma utilizada para gestionar prestaciones— y cuadernos hallados en allanamientos. En esas anotaciones aparecen nombres de empresas, montos, porcentajes y referencias a supuestos repartos de dinero.
Los investigadores creen que varias compañías simulaban competir entre sí en licitaciones que ya estaban previamente acordadas. Según la hipótesis fiscal, el mecanismo permitía inflar precios y distribuir retornos entre distintos integrantes del esquema.
Vale aclarar que pese al impacto político de los audios y a las menciones sobre Karina Milei y el entorno de los Menem, la investigación judicial todavía no avanzó formalmente sobre esas figuras. Hasta ahora, el expediente se concentró en funcionarios de la ANDIS, empresarios y operadores vinculados a las contrataciones bajo sospecha.
El resultado del peritaje ordenado por Lijo será clave porque si la Justicia concluye que los audios son auténticos, el expediente podría escalar hacia niveles políticos mucho más altos.
AL/CM
